La Corte Suprema de Justicia durante el 2016

Un repaso por los principales fallos, las novedades administrativas e institucionales del año en que se completó la integración del Máximo Tribunal

La Corte Suprema tuvo durante el 2016 una agenda central en la vida institucional de nuestro país. Hacemos un pequeño resumen de lo que ocurrió en torno al tribunal, pasando por sus principales fallos, los movimientos que se dieron el seno de la Corte que comenzó el año con tres miembros, tras la salida de Carlos Santiago Fayt a fines del 2015, completó su integración con llegada de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la largamente demorada puesta en marcha de la Ley de Ingreso Democrático y otras cuestiones. Comencemos a recorrer los 365 días que pasaron. 

I. La integración de la Corte Suprema

El Máximo Tribunal comenzó el 2016, como se dijo, con tres ministros. El 1° de febrero,

el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, remitió al Senado los pliegos de los juristas Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, candidatos a ocupar dos cargos vacantes en la Corte, tras la polémica desatada por el nombramiento en comisión de ambos, días después de la asunción presidencial.

Los dos postulantes, con destacados antecedentes, fueron recibidos por el mundo del derecho, en general, con buenas críticas. Rosatti, abogado constitucionalista, que fue intendente de Santa Fe, convencional constituyente en 1994, Procurador del Tesoro de la Nación y Ministro de Justicia de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, afrontó la audiencia pública (aquí se la puede ver en parte 1 y 2) ante la cámara alta el 3 de marzo y mostró gran solvencia jurídica como política para contestar las inquietudes de los senadores. Mientras que Rosenkrantz, abogado graduado en la UBA, doctor en Derecho en Yale, rector de la Universidad de San Andrés que fue discípulo del fallecido filósofo Carlos Nino y ex asesor del ex presidente Alfonsín, también tuvo una audiencia rica en intercambios y la pasó con volumen (se puede acá en parte 1 y 2).

El Senado, el 15 de junio, le dio acuerdo a los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz para su designación como Jueces de la Corte Suprema. Al primero de ellos por 60 votos a favor y 10 en contra, mientras que al segundo por 58 votos a favor contra 12. Completando el proceso constitucional, el Poder Ejecutivo emitió los dos decretos de rigor (HR y CR).

Horacio Rosatti juró el 29 de junio en la Sala de Audiencias de la Corte ante sus colegas Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. 

Lo propio hizo, el 22 de agosto, Carlos Rosenkrantz y con dicha jura se completó la integración de la Corte Suprema de cinco miembros establecida por la Ley Nacional Nº 26.183 del 2006

II. Los principales fallos

Las rentas vitalicias también tienen derecho a la movilidad jubilatoria

En la causa "Deprati" reconoció a un jubilado por invalidez, que percibía su prestación a través de una compañía de seguros, el derecho a la movilidad otorgada por el Estado al resto de los retirados. La Corte consideró que la opción del beneficiario por cobrar su retiro a través de una compañía de seguros bajo la modalidad de renta vitalicia previsional no podía colocarlo al margen de la garantía de movilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que tiene carácter irrenunciable. De esta forma, ordenó a la ANSES que pague las sumas necesarias hasta cubrir las diferencias entre lo abonado por la compañía de seguros y lo que hubiera cobrado de haberse aplicado los aumentos legales.

Postulantes a un cargo gremial no gozan de protección legal contra el despido si no se le comunicó a la empresa su candidatura 

Así lo dispuso la Corte, en la causa "De Caso", al afirmar que quienes presentan ante un sindicato su candidatura para ser elegidos como representantes gremiales sólo gozan de protección legal frente al despido desde el momento en que se le comunica formalmente a la empresa la candidatura. El Máximo Tribunal resaltó que el artículo 50 de la ley 23.551 exige a la asociación sindical el deber de “comunicar al empleador el nombre de los postulantes”, y también faculta a los propios candidatos a efectuar esa comunicación; disposiciones que sólo tienen sentido si se entiende que la notificación al empleador es necesaria para que rija la protección legal contra el despido.

Ordenó tramitar amparo de los vecinos de Andalgalá en una causa por megaminería 

En "Martínez Sergio" resolvió que la Justicia provincial no podía rechazar un amparo sin analizar el planteo de los vecinos, que impugnaban la forma en que la provincia de Catamarca había evaluado el proyecto Mina Agua Rica y pedían el cese definitivo del emprendimiento por afectar los derechos a un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región. La Corte ordenó que la justicia de Catamarca dicte una nueva sentencia.

Uso de pistolas eléctricas para la Policía Metropolitana

La Corte en "Pisoni" desestimó, por la vía del artículo 280 del Código Procesal, el recurso de queja contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que había rechazado la acción promovida contra el Gobierno de esa ciudad con el objeto de que se impida la utilización de las armas Taser X26 y, de esa forma, dejó firme la decisión.

Reconocimiento para que una maestra provincial jubilada se incorpore al régimen especial de los docentes nacionales

Así lo dispuso el Máximo Tribunal en la causa "Guzmán, Cristina", al hacer lugar a una acción de amparo promovida por una docente jubilada en la provincia de Salta y señaló que las jubilaciones por servicios docentes prestados en jurisdicción adherida al sistema nacional de previsión social deben considerarse incorporadas al régimen especial de jubilaciones y pensiones para el personal docente, es decir la ley 24.016, en las mismas condiciones que aquellas de los docentes nacionales, de acuerdo con lo que indicaban las normas reglamentarias de dicho régimen.

Sin jubilación de privilegio para el destituido juez Antonio Boggiano

Así lo hizo el Máximo Tribunal, integrado por conjueces, al revocar la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social y determinar que al ex Ministro no le corresponde la jubilación de privilegio de la ley 24.018 dado que fue destituído por juicio político. Los magistrados se remitieron al precedente "Marquevich" y afirmaron que es requisito necesario para el cobro en función del régimen especial, que el beneficiario no haya sido removido por juicio político por causal de mal desempeño. Cabe recordar que Antonio Boggiano fue miembro de la Corte Suprema de Justicia durante los años noventa, en 2004 fue destituido en el Senado por "mal desempeño de sus funciones" y la jubilación de privilegio le había sido denegada por Resolución 4156 del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2007.

Los jueces tienene un deber de tutela reforzado en casos que involucren a personas vulnerables

Así lo afirmó la Corte -en la causa "A.N.G."- al revocar una sentencia de la Suprema Corte bonaerense que había rechazado una acción de filiación iniciada por la madre de una joven incapaz y su nieta, nacida como producto de una violación, contra el presunto padre de la pequeña, quien en la causa se negó a realizar la prueba de ADN. Los jueces resaltaron que se estaba afectando “hondamente los derechos de dos personas particularmente vulnerables, el de identidad de la nieta de la actora y los derivados de la condición de su hija discapacitada y presunta víctima de un acto de violencia sexual”.

Causa Cromañón: rechazó de los recursos y prisión para los ex integrantes de Callejeros

El Máximo Tribunal declaró inadmisibles los recursos planteados por las defensas de Patricio Santos Fontanet, Christian Eleazar Torrejón, Daniel Horacio Cardell, Maximiliano Djerfy, Juan Alberto Carbone, Elio Rodrigo Delgado y Eduardo Juan Vázquez, en el marco de la causa donde se condenó a los nombrados por autoría de estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria con cohecho activo, a cumplir las penas de 7, 5, 5, 3, 5, 5 y 6 años de prisión, respectivamente.

Represas “Kirchner” y “Cepernic” en Santa Cruz. Informes y suspensión.

En abril el tribunal requirió que el Estado Nacional informe si se han llevado a cabo los estudios de impacto ambiental previos a la construcción de las represas hidroeléctricas “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic“, localizadas en la provincia de Santa Cruz. Asimismo, requirió saber si se han producido las consultas y audiencias públicas con la ciudadanía tal como lo prevé la Ley General del Ambiente N° 25.675. Solicitó, finalmente, que se indicara si se han iniciado las obras y, en su caso, el estado de avance en ambos proyectos.

En diciembre, con los informes evacuados, decretó una cautelar que suspendió provisoriamente las obras de las represas hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley 23.879, o hasta el momento en que dicte la sentencia definitiva, lo que suceda en primer término. También definió que la causa debía tramitar ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dado que el demandado es el Estado Nacional. La causa es "Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia".

Las fuerzas de seguridad pueden revisar transportes de mercadería en busca de drogas

El Máximo Tribunal, en la causa "Stancatti", revocó un fallo dictado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado un procedimiento realizado por personal sanitario y policial en una ruta nacional en el que se secuestró droga y, en consecuencia, había sobreseído al imputado. El caso se originó en un procedimiento en la Ruta Nacional Nº 3 cuando un puesto de control sanitario inspeccionó a un vehículo de transporte de pasajeros de larga distancia, como a su carga y se detectó que llevaba 845,6 gramos de marihuana. La Corte, de esta forma, convalidó que las fuerzas de seguridad revisen transportes en busca de drogas.

Causas previsionales pueden ser sean resueltas por las cámaras federales de todo el país

En causa "Constantino" se ordenó el envío, por parte de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de todos los juicios previsionales que hubiesen tramitado ante los juzgados federales con asiento en las provincias, a las Cámaras Federales que resulten competentes en razón de territorio. Se trata de una extensión del criterio fijado en "Pedraza" y la remisión de un tramo de causas que habían quedado afuera de dicha resolución. Ahora llegarán a las cámaras del interior los juicios que tramitaron en los juzgados inferiores pero, bajo la pauta anterior a dicho precedente, se habían radicado en la Cámara de la Seguridad Social de la Capital.

Sólo los gremios tienen el derecho de promover huelgas 

La Corte resolvió en "Orellano" que no son legítimas las medidas de fuerza promovidas por grupos informales ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos solamente le reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de trabajadores.

Se trató del caso de un trabajador que fue despedido por haber participado en una huelga que no fue convocada por una organización gremial. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró discriminatoria la decisión patronal en razón de que, según sostuvieron, la titularidad del derecho de huelga no corresponde a los trabajadores en forma individual, pero sí concierne al colectivo de la actividad u oficio aunque sus integrantes no estén afiliados a un sindicato. Se planteó en el caso quiénes están habilitados para disponer medidas de acción directa y la Corte, antes de decidir, celebró una audencia pública (se puede ver aquí). 

Ratificación del derecho de todo habitante de acceder a la información pública

En "Garrido" reafirmó su doctrina referente al derecho que le asiste a todo habitante de acceder a la información de interés general que estuviese en poder del Estado Nacional o sus reparticiones. Se trató de una causa a raíz del pedido que hizo el diputado nacional Manuel Garrido para requerir información sobre un ex agente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), relacionada con su nombramiento, como así también respecto de cargos y funciones que hubiera desempeñado y el estado de un sumario administrativo que se le inició en 2010.

Anulación del aumento en la tarifa de gas, audiencia obligatoria, pautas en materia de legitimación colectiva y exhortación al Congreso para que designe al Defensor del Pueblo

La Corte Suprema, en lo que a nuestro criterio fue el fallo más importante del año, resolvió la causa "Cepis" y confirmó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que freno el aumento de gas dispuesto por el Poder Ejecutivo pero limitó sus alcances a lo usuarios residenciales. Con el voto unánime de sus integrantes avalaron retrotraer las tarifas al esquema que estaba vigente antes de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y además coincidieron en especificar que la audiencia pública es un requisito obligatorio antes de avanzar en un nuevo esquema tarifario. También exhortaron al Congreso a actividad los mecanismo para designar al Defensor del Pueblo.

Revocación de la cautelar por aumento eléctrico en PBA. Precisiones sobre la legitimación para promover acciones colectivas y el caso del Secretario de la Defensoría del Pueblo PBA
En el fallo "Abarca", con el voto unánime de sus miembros, la Corte revocó lo dispuesto por la Cámara Federal de La Plata que había decretado una cautelar que suspendía el aumento eléctrico con alcance a todos los usuarios de la Provincia de Buenos Aires (excepto el área de concesión de Edenor y Edesur). El Tribunal indicó que carecían de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. La Corte dijo que los diputados presentantes, el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de dicho Estado carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.

Rechazó intervenir en una causa colectiva por tarifa eléctrica que llegaba de primera instancia

En la causa "Fernández", donde la jueza Martina Forns de San Martín había decretado una cautelar que suspendía con alcance nacional el aumento en la tarifa eléctrica, la Corte rechazó la petición de intervención que la propia magistrada le había cursado y en duros términos ordenó la devolución del expediente. Además encomendó a los efectos de la resolución que emitirá la jueza que lo realice “sobre la base de las rigurosas exigencias vigentes en materia de procesos colectivos según los recordado por el Tribunal en el pronunciamiento mencionado (Halabi), verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención en el proceso y, en su caso, adopte las decisiones que correspondan con arreglo al estado de la causa”.

Informes por el derrame en la mina Veladero de San Juan

En una causa iniciada por la Fundación Ciudadanos Independientes, la Corte le requirió a la Provincia de San Juan que informe si ha solicitado a las empresas Minera Argentina Gold y Barrick Exploraciones Gold información relativa a los derrames de solución cianurada y metales pesados que se denuncian como ocurridos en la mina Veladero, los días 13 de septiembre de 2015 y 8 de septiembre de 2016. La Corte también preguntó si ha puesto en conocimiento de los habitantes potencialmente afectados la existencia y alcance de los derrames referidos, en especial si ha comunicado las consecuencias que de tales hechos podrían derivarse para la salud como la vida y las medidas preventivas que deben adoptarse.

Causa por la muerte de Nisman al fuero federal

La Corte hizo lugar al recurso de queja del Fiscal General Ricardo Sáenz y establecer que la causa donde se investiga la muerte del Fiscal Alberto Nisman es competencia de la Justicia Federal. La Corte afirmó que es su jurisprudencia tradicional que indica que "en la medida en que las constancias de la causa no permitan descartar una hipótesis que refiera a un delito cometido en perjuicio de un funcionario federal corresponde que sea la justicia federal la que investigue el caso". Los ministros dejaron a salvo que no abren juicio sobre ninguna de las hipótesis de la muerte de Nisman sino que ello corresponde a la investigación.

Absolución de Fernando Carrera por la “Masacre de Pompeya”

La resolvió absolver al condenado por la denominada Masacre de Pompeya. Se trata del caso de Fernando Carrera, imputado por atropellar a dos mujeres y un niño durante un tiroteo con la policía. En 2007 había sido condenado a treinta años y en 2012 la propia Corte había pedido que se revisara la condena por irregularidades en la investigación, luego que el documental “El Rati Horror Show” de Enrique Piñero revelara serias deficiencias en el actuar policial en el marco de la referida causa.

Exhortación al Congreso que designe al Defensor del Pueblo de la Nación (Parte 2) 

En el marco de la causa "Mendoza" donde se ejecuta la sentencia que ordenó sanear el Riachuelo, La Corte exhortó al Poder Legislativo a que "en un plazo razonable, cumpla con su deber constitucional y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”. Se trata de un segundo pedido de la Corte Suprema dado que, en agosto pasado, en la sentencia "Cepis" también hizo lo propio y, a su vez, la Cámara Contencioso Administrativo Federal fue otro órgano judicial que lo requirió, al hacer lugar a un amparo de la Asociación por los Derechos Civiles.

Admitió tramitar causa de Provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense

Sin difusión en los canales de comunicación de la noticia judicial, en el mes de octubre, La Corte admitió la competencia originaria para tramitar la demanda iniciada por la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por el denominado "Fondo del Conurbano". La Procuración General también había dictaminado por la admisión. En concreto, la Fiscalía de Estado bonaerense solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una cláusula de la Ley de impuesto a las ganancias que establece un tope de $ 650.000.000 anuales convertibles a la participación del 10% que la Provincia tiene en el producido del gravamen con destino al referido fondo. También tramita otra demanda de la Provincia por la coparticipación pero aún la Corte no resolvió si admite la vía originaria. 

Milagro Sala
A lo largo del año la Corte se pronunció en diversas causas en torno a la detención de Milagro Sala -cuestionada por organismo internacionales de derecho humanos- pero en todas rechazó intervenir. En marzo se pronunció en la causa "Garfagnini, Alejandro", rechazando un pedido de la Asociación Tupac Amarú que reclamaba su "inmediata" intervención para "garantizar la justicia en Jujuy". La Corte desestimó la solicitud porque "la cuestión planteada no constituye ninguno de los casos que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y en las leyes que los reglamentan, habilitan la jurisdicción extraordinaria u ordinaria de esta Corte"; luego rechazó un per saltum y, finalmente, rechazó intervenir en cuatro planteos realizados por Sala, el Ministerio Público Fiscal y otros imputados, en el marco de distintas causas judiciales, que ya habían sido rechazados por la Cámara Federal de Casación Penal. En este último caso ninguna de las presentaciones se vinculaba en forma directa con la excarcelación o libertad de los imputados sino que eran otras incidencias procesales.

Intensificar la limpieza del Riachuelo

La Corte Suprema, en el marco de la reconocida causa "Mendoza", durante el año celebró una audiencia con las autoridades públicas de las diversas jurisdicciones vinculadas para que datallaran los avances y, luego, ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) que intensifique el cumplimiento de la sentencia que dispuso el saneamiento. Se requirió que establezca un sistema de indicadores, presente informes periódicos e intensifique las tareas en el cumplimiento de la sentencia que en el año 2008 ordenó el saneamiento de la cuenca. Asimismo, puso en conocimiento del Jugado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 (juzgado de ejecución de la sentencia) un informe presentado por la Auditoría General de la Nación.

III. Cuestiones instituciones y administrativas

La vuelta de las ediciones de la tradicional colección "Fallos"

El Máximo Tribunal, a través de la Resolución 338/16, dispuso volver a editar la tradicional colección "Fallos" cuya primera publicación data de los albores de la Corte Suprema en 1863 para registrar sus principales pronunciamientos y cuya impresión se había detenido en el año 2012. Los ministros consideraron que la totalidad de sus fallos hoy son consultables vía web lo que satisface el derecho a la información y la edición material de la colección sólo se hará en una reducida cantidad de volúmenes que el presidente de la Corte para poner a disposición de las principales bibliotecas jurídicas de nuestro país. 

Creación de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial

A través de la Acordada 2/2016 se creó esta dependencia, luego del traspaso del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Procuración General de la Nación a la órbita del Máximo Tribunal, dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 256/2015 del Poder Ejecutivo Nacional. A su vez, se designó a cargo del organismo al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, y al titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, para desempeñarse en dicho cargo en caso de licencia, vacancia o cualquier tipo de impedimento del primero de ellos.

Publicidad de causas por corrupción

Se trató de una iniciativa presentada a principio del año, allá por febrero, concretada hacia fines del mismo, en el mes de octubre. Se creó un Observatorio de Corrupción, una base de datos de eses tipo de causas que tramitan en el fuero Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Se trata de una plataforma web, de acceso libre, elaborada por la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal que está disponible desde en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Ingreso democrático
Una de las mayores deudas que arrastra la Corte Suprema hace más de tres años es la implementación del mecanismo de ingreso democrático previsto en la ley 26.861. Cabe recordar que en marzo del 2014 se recepcionaron en las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país cientos de miles de formularios de inscripción al Poder Judicial pero, de aquel tiempo a esta parte, no ha publicado las listas de inscriptos -como manda la norma- ni ha avanzado en la implementación del procedimiento. Esto contrasta con la situación del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que lo han reglamentado y puesto en ejecución. Esta demora motivo diversos reclamos como, por ejemplo, un ciudadano chaqueño que hizo llegar su exigencia por el cumplimiento de ley ante la Cámara de Resistencia que lo elevó a la Corte Suprema y ella, a través de la Secretaría de Gestión, le contestó lo siguiente:

Al día de hoy seguimos sin noticias de avances en torno a la implementación del ingreso democrático. Este tema registra una mora muy notable que aleja al Poder Judicial de la transparencia deseada en materia de selección de personal.

Magistrados titulares o jubilados de instancia superior pueden subrogar juzgados

Estableció, a través de la Acordada 3/2016, que las designaciones de los jueces que subrogarán los juzgados de primera instancia también podrán incluir a magistrados titulares en actividad que se desempeñan en una instancia superior. De esta forma, jueces de cámara podrán desempeñarse suborgando en juzgados de primera instancia.

Reglamento de actuación en procesos colectivos

A través de la acordada 12/16 se aprobó el “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos”, que fija reglas que ordenan el trámite de este tipo de procesos en los tribunales nacionales y federales de todo el país, a fin de asegurar la eficiencia práctica del Registro Público de Procesos Colectivos, creado en 2014 por la Corte. El reglamento entró en vigencia el 3 de octubre pasado.

Ampliación de la licencia por paternidad para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial

A través de la Acordada 11/16, modificó el Régimen de Licencias para Magistrados, Funcionarios y Empleados de la Justicia que establecía 2 días de licencia por paternidad y llevó ese beneficio a 15 días. El Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ya habían instituido con anterioridad este beneficio. La Ley de Contrato de Trabajo permite que los trabajadores tengan justificados sólo dos días por el nacimiento de un hijo, criterio seguido por la mayoría de los Convenios Colectivos. De esta forma, los trabajadores del servicio de justicia son pioneros en acceder a una licencia por paternidad de esta extensión.

Expediente digital en el Poder Judicial de la Nación 

La Corte, mediante la Acordada 3/15, en un importante paso hacia la digitalización de los expedientes judiciales y un abandono progresivo del soporte papel en las actuaciones estableció la obligación de ingresar las copias digitales de todos los escritos que presenten las partes en todos los expedientes en trámite o que se inicien y también la obligatoriedad de sistema de notificaciones electrónicas. Asimismo, entre otras innovaciones que establece que se dejará nota mediante un registro digital sin necesidad de apersonarse en la mesa de entradas de los distintos juzgados. El Máximo Tribunal había establecido al 1º de mayo de 2015 como fecha de implementación pero, a pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, lo prorrogó en tres oportunidades: a septiembre, a diciembre y, como la última postergación, a mayo de este 2016, fecha en que comenzó a regir.

Intervención en la crisis del Fuero del Trabajo, creó cargos y solicitó auditar la gestión

A través de una acordada, la Corte intervino ante la crisis de la Justicia Laboral al señalar que la situación que atraviesa es "de extrema gravedad institucional”. Frente a ello, creó 98 cargos de personal en los Juzgados y le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación una auditoría sobre la gestión de esos Tribunales. También le requirió al Consejo de la Magistratura la mejora de las condiciones edilicias.

Ampliación de las funciones de la Oficina de Violencia Doméstica a casos de trata de personas

Decidió, a través de la Acordada 21/2016, ampliar las funciones de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a cargo de la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, a la recepción del relato de quien aparezca como victima de una situación que pueda encuadrar en un caso de trata con fines de explotación sexual y/o de explotación de la prostitución, como así también la recepción del relato de la persona que se encuentre vinculada a la posible victima por una relación familiar y/o afectiva.

Reclamó al Consejo la Magistratura la cobertura de vacantes en el Poder Judicial

La Corte también solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que seleccione jueces para los juzgados vacantes del Poder Judicial Nacional y Federal. El pedido se origina a través de un reclamo efectuado por la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, Javier Leal de Ibarra, que señalaba la preocupación por el número de vacantes -que actualmente asciende al 30% del PJ- generando dificultades en el funcionamiento de los tribunales.

Habilitación para jueces que estaban designados pero sin sus tribunales puestos en marcha

Habilitó a los Jueces de la Cámara Federal y de Primera Instancia de San Justo N° 1 y N° 2, Rawson N° 2, Goya, Moreno, Tribunal Oral Federal de Concepción del Ururguay, Tribunal Oral Federal N° 8 de Capital Federal, Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, cuyos titulares están legalmente designados pero sus tribunales, por cuestiones de infraestructura, no estaban habilitados. La Corte tomó la medida como solución de emergencia ante la cantidad de vacantes existentes y para acelerar los juicios, entre ellos, los de lesa humanidad. A su vez, exhortó al Consejo de la Magistratura a designar a dichos jueces como subrogantes en tribunales y juzgados que se encuentren vacantes. 

Secretarios no pueden actuar de jueces subrogantes

El Máximo Tribunal, a través de una resolución, declaró que las designaciones realizadas por el Consejo de la Magistratura de secretarios para subrogar los juzgados federales de Zapala y de San Carlos de Bariloche no se ajustan a las pautas fijadas por el Máximo Tribunal en el fallo “Uriarte”. La Corte, a su vez, pidió al Consejo de la Magistratura que cubra con la mayor celeridad las vacantes en esos juzgados.

Elevación de los montos de la inapelabilidad y de la queja por extraordinario denegado

A través de las Acordadas 44 y 45, se dispuso incrementar el el monto de la inapelabilidad a la suma de $90.000 y lo propio respecto del depósito exigible para el recurso de queja por denegación de recurso extraordinario a $26.000.

El amparo de la jueza Elena Highton para poder continuar en su cargo

Sobre el fin del año y para sorpresa de muchos, la ministra inicio una acción de amparo ante la justicia federal contencioso administrativo de la Capital Federal y recayó ante el Juzgado nº 6 a cargo de Enrique Lavie Pico. La jueza del Máximo Tribunal formuló la presentación a fin de poder continuar en su cargo superados los 75 años de edad, amparándose en el precedente "Fayt". No se puede dejar de mencionar que, al cierre de este despacho, el magistrado con base en el criterio antes referido admitió la acción y declaró la nulidad de la reforma introducida en el artículo 99 Inciso 4, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Ahora, el Ejecutivo consentiría la decisión.

La designación del diputado Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura
Un asunto que se inició en la Cámara de Diputados y generó una discusión jurídica fue la designación Pablo Tonelli (PRO) como representante del estamento de los diputados en el Consejo de la Magistratura. La vacante, aún hoy, está rodeada de una gran polémica debido a que se originó a raíz del reemplazo -por cese de su condición de diputada- de la Consejera por la mayoría Fernández Sagasti del Frente Para la Victoria, con mandato hasta 2018, dispuesta por el Presidente de la Cámara de Diputados a pedido de un grupo de legisladores de diversos bloques que alegaba un "acuerdo parlamentario" para designar a Tonelli y, según el primer espacio, el lugar le corresponde al bloque de mayoría, es decir, el Frente Para la Victoria PJ que proponía a Marcos Cleri.

La cuestión se judicializó desde los primeros momentos y fueron varias las decisiones judiciales que impedían que el Consejo tratara el asunto hasta que, finalmente y en un Plenario Extraordinario de febrero pasado, aprobó -7 votos contra 5- la designación de Tonelli. La llegada del diputado generó un nuevo de balance de poder el organismo que otorgó predominio al oficialismo dado que le confirió un octavo voto, a uno sólo de conseguir los dos tercios necesarios para decisiones clave.

Pero aquí viene el punto que interesa en esta crónica. La Corte tuvo dos intervenciones que no fueron fallos como tribunal de última instancia sino que se trató de una acordada (45/15) y la toma de juramento de Tonelli. En la primera de ellas, de diciembre de 2015, remitió al reglamento de la Cámara de Diputados, como norma supletoria del Consejo, para que sea éste el que defina si aprobaba o no la incorporación de Tonelli y, en la segunda, luego de su aprobación por el Consejo, el presidente de la Corte le recibió juramento al diputado ¿El asunto quedó cerrado? No, por un lado porque el mismo Máximo Tribunal dejó sentado que obró limitado al deber de tomar juramento que la ley del Consejo le impone al Presidente de la Corte y, por el otro, porque aún tramita una causa en el contencioso federal donde se pretende la anulación de dicha designación. Novedades que vendrán en este año. 

IV. A modo de cierre

En este extenso recorrido, cargado de sucesos y noticias, poco queda por decir. Aquellos que hayan llegado al final de estas líneas tendrán, seguramente, el recuerdo de un año con fuerte intensidad judicial. 

José Ignacio López.