En un hecho
histórico, miembros del tercer poder del Estado comenzaron a discutir sobre el
funcionamiento del Poder Judicial y sus principales problemas con miras a
acercarlo a las necesidades actuales de la sociedad.
Una de las leyes más importantes que se hayan sancionado en
los últimos años es, sin duda, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(
ley 26.522). Dicha norma tiene en miras democratizar el espacio audiovisual en
nuestro país, generar más voces y desmonopolizar un escenario altamente
concentrado a los fines de asegurar, ni más ni menos, que un derecho humano: el
de comunicarse.
La referida ley fue fruto de históricas reivindicaciones
populares, se sancionó luego de un proceso democrático que incluyó la presentación
de la misma en foros alrededor de todo el país, el debate en universidades,
clubes y centros sociales de los cuales surgieron más de 100 modificaciones al
proyecto original del Poder Ejecutivo.
Recién después de ello fue enviada al Congreso, que la
debatió, le hizo modificaciones y termino por sancionarla con una gran mayoría
parlamentaria. De hecho, el modelo de formación y sanción de la ley 26.522 fue
tan exitoso, por su participación popular y su espíritu democrático, que ahora
se replica con el Anteproyecto de Código Civil y Comercial Unificado.
Con todos esos antecedentes el final debería ser feliz pero
no. Actualmente transitamos por los tres años y medio desde su sanción sin que
se puedan aplicar sus cláusulas medulares, las que hacen a la desmonopolización
del espacio, en virtud del dictado de medidas cautelares por parte de los
ciertos sectores del Poder Judicial Federal.
El dictado de medidas cautelares es una facultad legítima y
muy útil que poseen los jueces. Muchas
veces a través de estas herramientas se garantizan derechos tan esenciales
como, por sólo tomar un ejemplo, la
provisión de medicamentos a un enfermo crónico por parte de una obra social
renuente. La crítica aquí no viene dada por las cautelares en sí mismas, sino
por ciertos desmanejos judiciales y crecientes sospechas de parcialidad con una
de las partes en el pleito en desmedro (no de un Gobierno) sino de la sociedad
toda al ser privada de la vigencia de una ley votada por el Parlamento.
En ese marco, el 6 de diciembre del año pasado se difundió
un comunicado de la Comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la
Independencia Judicial, Junta Federal de Cortes, Asociación de Magistrados y
Federación Argentina de la Magistratura denunciando presiones del poder
político y exhortando al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con el artículo 109
de la Constitución Nacional, es decir, aquel que le prohíbe al Presidente
ejercer funciones judiciales.
Este comunicado, que no tuvo ningún nombre ni apellido,
conmovió el ambiente judicial ya que muchos integrantes de esas entidades no
habían sido consultados y además, lo más grave, no coincidían en nada con lo
que allí se decía.
El mismo día en que se conoció el comunicado, la Cámara
Nacional en lo Civil y Comercial Federal prorrogaría la medida cautelar, que
llevaba ya tres años, en favor del Grupo Clarín S.A. permitiéndole no cumplir
con los artículos 45 y 161 de la ley 26.522 hasta el dictado de una sentencia
definitiva.
Días más tarde, otro sector del Poder Judicial con nombre y
apellido hizo oír su voz y publicó una solicitada en los medios nacionales
titulada “Una Justicia Legítima”, el 11 de diciembre, y el 3 de enero de este
año ratificaron su contenido y ampliaron la cantidad de firmantes con “Hacia
una Justicia legítima”.
En dicho texto, firmado por más de 600 magistrados de todo
el país, expresaron que los movía “el
propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la
ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio
al que lo han llevado años de aislamiento” y, agregaron, que la
independencia de los magistrados no se limita a los poderes formales del Estado
sino que “también deben ser
independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los
medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores
e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan”.
Lo ocurrido con la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual fue sólo el árbol en un bosque que hace décadas permanece oscuro:
el funcionamiento del poder judicial.
Quién suscribe la presente es un orgulloso trabajador de
dicho poder del Estado. Desde mi
perspectiva constituye una verdadera función pública para servir al pueblo de
la Nación y, justamente por eso, debe
estar en todo de cara a la ciudanía, ser eficaz en la noble tarea que la
Constitución Nacional le ha encomendado:
la juris dictio, es decir, la facultad de decir el derecho.
En ese tren, hay que reafirmar, no sea que a algún incauto
se le escape, que el poder judicial debe
ser independiente e imparcial tanto de gobiernos, como de oposiciones, de
poderes fácticos, de corporaciones económicas, de las propias asociaciones que
conforman y reúnen a los magistrados.
Así como de todas aquellas relaciones que
puedan condicionar una decisión ajustada al Derecho y a la Justicia.
Ahora bien, dicho
esto, también hay que decir que el poder
judicial no debe ser independiente del pueblo del cual forma parte
inescindible. No puede ser apático o
desinteresado cuando están en juego derechos humanos y constitucionales de los
ciudadanos de la Nación.
Por eso, espasmódicamente, como van surgiendo y sin
demasiado orden, trataré de aportar algunas ideas a un debate que la democracia
argentina se merece y que todos nos debemos dar:
Concursos abiertos y
transparentes
La forma de acceso a la magistratura y a otras funciones
judiciales debe ser objeto de concursos de cara a la sociedad y que cuenten con
suficiente transparencia en todas sus etapas.
El Consejo de la Magistratura debería funcionar mejor de lo
que actualmente lo hace, la designación de un juez no puede tardar lo que en
nuestros días demora porque priva a los ciudadanos de magistrados para resolver
sus litigios. Aquí debemos hacer una reflexión para cambiar esta institución.
Se podría pensar en incorporar a otros actores al consejo,
por ejemplo, ciudadanos electos estrictamente para dicha tarea o representantes
de los trabajadores judiciales (sería de vital importancia la presencia de
ellos para evaluar la disciplina y el trato de los jueces).
La predominancia política en el órgano es correcta porque
son los legisladores quienes han sido electos de forma directa por el pueblo
(legítimo poseedor de la soberanía). Eso sí, se debe asegurar que el desempeño
técnico sea adecuado en los concursos para lograr una terna, de allí en más,
cada paso debe ser transparente, hasta llegar a la selección del candidato.
Trabajadores
judiciales, idoneidad y carrera
Los concursos deben extenderse en las jerarquías letradas y
también en el personal administrativo.
El requisito de la idoneidad debe ser ineludible, no en
vano, está en la Constitución Nacional. No puede ser tolerada la designación de
personal que no reviste la idoneidad necesaria para desempeñarse en el servicio
de justicia.
No obstante, excediendo un tanto este debate, no puedo dejar
de decir que hay que combatir la “familia judicial” en la Justicia pero también
es imperioso combatir la “familia política” tanto en los poderes legislativos y
ejecutivos.
No sólo en el acceso de debe merituar con criterio sino a lo
largo de toda la carrera de los empleados judiciales, no se deben admitir
ascensos inerciales por mero paso del tiempo o admitir empleados que no cumplen
debidamente con su tarea.
Plano Simbólico y del
Lenguaje
Un avance importante y fácil de realizar es dejar de nominar
a los jueces con títulos casi nobiliarios como Vuestra Señoría (V.S) en los
jueces de primera instancia o Vuestras Excelencias (V.V.E.E.) para los
tribunales colegiados y darles el respeto que se merecen como ciudadanos que
cumplen una función pública en un país democrático.
No es ocioso recordad, hace poco celebramos sus doscientos años, que la
Asamblea de 1813 fue la que abolió los títulos nobiliarios en la patria.
Otro aspecto central es el lenguaje, en la actualidad los
distintos actos judiciales y, puntualmente, las sentencias que en esencia son
estrictamente para las partes interesadas, están plagadas de tecnicismos,
latinazgos, citas y clichés al punto tal que los destinatarios no comprenden
los fundamentos que le dan o niegan los derechos en pugna.
Este es un punto de vital importancia porque un lenguaje
criptado torna oscuro a la ciudanía el proceder del Poder Judicial. Es
importante que los operadores jurídicos nos autolimitemos e intentemos llevar
al derecho a niveles que sea entendible para los usuarios del sistema.
Profundizar la
política de comunicación
Comenzamos refiriendo que la comunicación es un derecho
humano fundamental, pues bien, en esa línea toda política democratizadora de
una institución requiere de una fluida comunicación de la actividad de la misma,
que redunde en su transparencia de cara a la sociedad.
La creación del Centro de Información Judicial (CIJ) fue una
acertada política de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para difundir
las más importantes noticias del Poder Judicial. Con este portal web hoy se
puede disponer de los más importantes pronunciamientos en cuestión de minutos,
con un buscador de fallos e incluso con transmisiones en vivo desde una canal
por internet accesible desde la página.
Coincidimos aquí con el reconocido Gustavo Arballo, autor del
Blog Saber Derecho, quien refiere que el CIJ “ha sido un parteaguas en una cultura adversa a la comunicación que era aristocrática,
pedante, ventajera y autista”, y agrega, que tiempos atrás conseguir una
sentencia completa “requería contactos,
claves de servicios pagos, donde tácitamente se negociaban
"primicias" para filtrar fallo a algunos medios digitales o impresos a
cambio de tratamiento mediático favorable”
Relación entre jueces
y trabajadores judiciales
El profesor Felipe Fucito sostuvo que “el juez debe ser
un gerente de servicios, y no un ser que aplica códigos desde las alturas”. Pues bien, en esa dirección el juez es cabeza de un
sistema (sea Juzgado, Tribunal o Corte) y debe ser el encargado de que aquel
funcione correctamente. Para que ello sea posible debe existir una relación
adecuada y respetuosa con su personal a cargo.
Asimismo, debe
tener presente el funcionamiento de la dependencia que preside para profundizar
lo que funciona bien e intentar mejorar lo que no.
Relación entre jueces
y usuarios del servicio de justicia
No cabe en ninguna mente sensata pensar en que un juez que
debe resolver sobre los derechos de dos partes en disputa o sobre el estado de
una persona sometida al sistema penal no tenga idea sobre los seres humanos de
carne y hueso que serán destinatarios de su decisión. Aunque parezca
descabellado, esto sucede frecuentemente y debe ser otro de los puntos a
mejorar. Debemos avanzar hacia, en la
medida de lo posible, una mayor proximidad y conocimiento por parte de los
jueces sobre los puntuales aspectos que les toca resolver (y no me refiero aquí
a la dimensión normativa, sino a la cuestión social y a la dimensión de
justicia -dikelogica en el complicado lenguaje jurídico que habría que
simplificar- que también deben gobernar la solución de los asuntos judiciales).
Igual ante las cargas públicas – Impuesto a
las Ganancias
Los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias. El
mecanismo para que sea acorde con la intangibilidad de sus remuneraciones que
fija la Constitución habrá que buscarlo (con urgencia).
Lo deben pagar todos aquellos que dentro del Poder Judicial
entren bajo las previsiones del impuesto pero no se pueden tolerar, como ocurre
en la provincia de Buenos Aires, que lo paguen los trabajadores y no los
jueces. Lo deben pagar ambos.
Concepción acerca del
Derecho
Si bien esto viene de la formación académica incide
directamente en la administración de justicia. Me refiero puntalmente al rol de
las universidades públicas y privadas en la enseñanza del derecho. Hay que
superar el fundamentalismo positivista de concebir al derecho solo como
conjunto de normas e ir mucho más allá, la dimensión justicia es esencial a la
hora de resolver un pleito y no le puede ser indistinta a los operadores del
derecho.
La función de administrar justicia también tiene una faz
creadora y llevada con buen sentido sirve para ampliar derechos de la ciudanía
en miras a un país más justo. Aquellos ideales de igualdad de nuestra
Constitución Nacional.
Con estos aportes pongo un punto (y seguido) a un debate que
recién empieza.
José Ignacio López.-
ANEXO DE MATERIAL
Sobre el tema y con
diversos aportes escribieron:
Por último, mención
especial al amplio espacio que le está dedicando el diario Página 12 al tema,
por tanto, entiéndase esto último como la remisión a todos las columnas de
opinión allí vertidas como material para continuar este intenso debate.
