Uno de los temas más candentes de la actualidad política y judicial son los aumentos en las tarifas de servicios públicos de gas natural y electricidad. Una descripción de las tres causas claves por sus efectos que se encuentran en trámite y próximas a la Corte.
Gran parte de la atención pública está puesta en el conflicto judicial sobre las tarifas de gas y electricidad, por sus efectos en la economía domestica de la inmensa mayoría de los argentinos. Este tema, se ha impuesto en la agenda de los medios de comunicación con mucha potencia pero muchas coberturas no fueron precisas respecto a las implicancias de las decisiones judiciales en cuestión.
Trataremos, a través de estas líneas, de aclarar el panorama respecto a las sentencias y efectos en las causas más importantes contra el aumento en las tarifas de gas y electricidad que se encuentran en este momento en trámite.
Sobre el punto, cabe adelantar que hoy hay tres causas cuyos fallos tienen un alcance colectivo de gran escala, ellas son, "Cepis", contra el aumento de la tarifa de gas, "Abarca" y "Fernández", contra el aumento en la electricidad. Las describiremos en lo que sigue.
Causa Cepis
La causa lleva el nombre abreviado de la Asociación Civil que la promovió: el Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y se trata de una acción de amparo, iniciada el 7 de abril de este año, contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con el objeto de “requerir ante V.S. en forma urgente, garantice el derecho constitucional a la participación de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y en forma cautelar ordene suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario previsto por la resolución 28/16 de dicho Ministerio, hasta tanto se haya dado efectiva participación a la ciudadanía”, en la Justicia Federal de La Plata.
Sobre el devenir de esta causa hicimos un resumen en este artículo del blog y otro en Derecho Para Innovar que salió publicado unos días atrás. No obstante, aquí precisaremos que esta causa recayó en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo de Alberto Osvaldo Recondo, quien aceptó, el 15 de abril, la pretensión como "acción de clase colectiva" y ordenó la inscripción del proceso en el Registro Público de Proceso Colectivos, creado por la Acordada 32/2014 de la Corte Suprema de Justicia.
En aquella decisión el magistrado consideró, por un lado, que era una acción colectiva en estos términos: "se trata esta de una pretensión dirigida a derechos individuales homogéneos, toda vez que existe “un hecho único -la normativa en cuestión- que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales (conf. 'Halabi Ernesto c/ PEN' Fallos 332:111 y 'PADEC c/ Swiss Medical SA s/ Nulidad'), por lo que corresponde declarar formalmente admisible la acción colectiva" y, por el otro, que el Cepis era una persona legitimada con base en el objeto social de la asociación y el principio pro actione. Asimismo, como se dijo, ordenó darle publicidad suficiente a través de la inscripción en el Registro Público de Proceso Colectivos de la Corte Suprema.
De esta forma, la Causa "Cepis" se convirtió la primera en ser inscripta en el referido registro y diversos jueces federales del país comenzaron a remitir sus causas a La Plata en virtud de esta inscripción.
El magistrado de primera instancia, al momento de resolver el fondo y en una curiosa decisión judicial, señaló que las resoluciones tenían un vicio por cuanto no se habían realizado las audiencias públicas previas a la suba de las tarifas gasíferas y, con base en ello, ordenó al Poder Ejecutivo Nacional la realización de las mismas pero, sin embargo, rechazó el amparo.
Al llegar a la Sala II de la Cámara Federal de La Plata vino el fallo que sacudió las noticias nacionales. Allí, con el voto los jueces César Álvarez, Leopoldo Schriffrin y Ángela Olga Calitri, resolvió anular las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía de la Nación que disponían el aumento tarifario del gas natural con alcance para todo el país por no haber realizado la audiencia pública previa.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería, presentó un recurso extraordinario federal contra la referida sentencia.
La primera discusión que se presentó era si la sola interposición del recurso extraordinario suspendía los efectos del fallo. Sobre dicho punto, el 15 de julio pasado, la cámara platense consideró que no. La segunda cuestión, con mayor entidad, era referida a los efectos de la concesión de referido recurso y, sobre esta última, se resolvió -dos votos contra uno- por el efecto devolutivo (no suspensivo), el pasado 4 de agosto.
De esta forma, la anulación de la suba de la tarifa del gas natural quedó vigente para todo el país hasta que la Corte Suprema revuelva el fondo o tome, previamente, alguna decisión en contrario respecto del efecto con que concedió el recurso extraordinario la Cámara Federal de La Plata.
Causa Abarca
Se trata de otra acción de amparo, también en la Justicia Federal de La Plata, iniciada por un grupo de diputados bonaerenses del Frente para la Victoria contra el aumento en la tarifa de la electricidad, encabezados por el actor que bautiza la causa: Walter Abarca, un legislador oriundo de Saladillo.
Dicho proceso, también iniciado como pretensión colectiva de alcance en toda la provincia de Buenos Aires, tuvo la adhesión del Defensor del Pueblo bonaerense, Marcelo Honores, lo que cubrió la legitimación con la extensión pretendida por los actores.
Los accionantes, en el amparo, también pedían una medida cautelar que suspenda los aumentos en las tarifas. Antes de resolver esa pretensión el titular del Juzgado Federal de La Plata N° 2, Adolfo Gabino Ziulu, el 9 de junio, dispuso que, pese a encontrarse cuestionada por la contraparte la legitimación de los actores para reclamar en representación de un colectivo de consumidores y usuarios afectados por las medidas, aspecto que precisó resolverá al momento de dictar sentencia de fondo, ordenó que se inscriba la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema. Dicha anotación, paso clave en procesos colectivos, se materializó el 14 de junio pasado.
Luego de ello, el magistrado rechazó, en junio pasado, decretar una medida cautelar que suspenda los aumentos tarifarios en la electricidad para todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires.
La noticia fuerte llegó cuando, el 7 de julio pasado, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces Álvarez y Schriffrin, modificó la decisión del juez Ziulu y ordenó por el término de 3 meses la suspensión de las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación nº 6/2016 y 7/2016 y la Resolución del ENRE 1/2016 para el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires. Entre los fundamentos para otorgar la suspensión cautelar los jueces señalaron la necesidad de la realización de audiencia pública previa a la modificación tarifaria.
Cabe precisar, a su vez, que el mandato cautelar suspende las resoluciones dictadas por autoridad nacional (Ministerio de Minería y Energía y ENRE) en todo el ámbito bonaerense pero, por obvias razones, no alcanza las resoluciones dictadas por la autoridad provincial en el ámbito de su propia competencia. Es decir, para clarificar, las cuestiones tarifarias eléctricas que dependen del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.
Cabe precisar, a su vez, que el mandato cautelar suspende las resoluciones dictadas por autoridad nacional (Ministerio de Minería y Energía y ENRE) en todo el ámbito bonaerense pero, por obvias razones, no alcanza las resoluciones dictadas por la autoridad provincial en el ámbito de su propia competencia. Es decir, para clarificar, las cuestiones tarifarias eléctricas que dependen del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo, como era de preverse, también presentó recurso extraordinario federal. Al igual que en "Cepis" se resolvió que mera interposición no suspendía los efectos de la sentencia y, luego, se lo concedió, el pasado 4 de agosto, con efecto devolutivo (no suspensivo) con los votos de los jueces Álvarez y Schiffrin.
De esta forma, el expediente llegará en los próximos días a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Causa Fernández
La última de las causas clave es "Fernández, Francisco y otros" que tramita en la Justicia Federal de San Martín. Se trata de una acción de amparo de un grupo de ciudadanos de la localidad de Tres de Febrero junto al Cepis -la asociación de la causa por gas en La Plata- contra las resoluciones que dispusieron la suba de la tarifa eléctrica, solicitando su suspensión para todos los usuarios de la mencionada localidad.
En la causa también se presentó la Asociación Consumidores Argentinos, amplió demanda y solicitó se extienda la clase afectada a todos los usuarios del servicio eléctrico del país.
En este proceso, la titular del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, Martina Forns, decretó una medida interina que suspende la Resolución N° 1/16 del ENRE y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista Eléctrico (Cammesa), que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario, respecto de todas las distribuidoras del país hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.
La magistrada, a su vez, ordenó la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella se materializó el pasado 3 de agosto.
El trámite de esta causa, a comparación de las otras, es la de menor evolución procesal. Ahora el Estado deberá contestar el informe previsto en la Ley de Medidas Cautelares Contra el Estado y, recién allí, la jueza resolverá si mantiene o no el freno al aumento. No obstante, cabe aventurar que, de las propias consideraciones de la jueza Forns al momento de dictar la medida interina, es altamente posible que mantenga el freno al aumento de la tarifa eléctrica en todo el país y el destino pase a la arena de la Cámara Federal de San Martín.
Extra: Causa Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza
Se trata de una acción declarativa, iniciada en el Juzgado Federal de San Rafael por el Secretario de Servicios Públicos de la provincia de Mendoza y los Intendentes de las ciudades de General Alvear, Malargüe y San Rafael, en representación de los ciudadanos del Sur de la Provincia contra las resoluciones que dispusieron la suba de tarifa del gas natural.
Extra: Causa Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza
Se trata de una acción declarativa, iniciada en el Juzgado Federal de San Rafael por el Secretario de Servicios Públicos de la provincia de Mendoza y los Intendentes de las ciudades de General Alvear, Malargüe y San Rafael, en representación de los ciudadanos del Sur de la Provincia contra las resoluciones que dispusieron la suba de tarifa del gas natural.
El juez Eduardo Puigdéncolas, el 31 de mayo pasado, decretó una medida cautelar que, por seis meses, suspendió las resoluciones en cuestión para los usuarios de Distribuidora Gas Cuyana S.A.
Es en esta causa y contra esa decisión que el Ministro de Minería y Energía, Juan José Aranguren, presentó el recurso de salto de instancia, más conocido como per saltum. Para llevar el asunto desde el Juzgado de San Rafael directo a la Corte Suprema.
El 12 de junio, la Corte pidió informes al Poder Ejecutivo sobre aspectos sociales y económicos de las tarifas de gas. El máximo tribunal solicitó datos sobre la evolución tarifaria y el impacto de los aumentos. Ello, a los efectos de analizar si acepta el per saltum.
Posteriormente, en sede del Juzgado, el Intendente de General Alvear solicitó la ampliación de la demanda respecto a los usuarios de Gas del Sur S.A. y el magistrado, el 24 de junio, hizo lugar al pedido e hizo extensiva la medida cautelar suspensiva decretada, respecto a esos usuarios.
En esta causa también habrá pronunciamiento de la Corte Suprema aunque no se puede aventurar si aceptará o no el per saltum para entrar a analizar la medida cautelar.
A modo de cierre
Hemos efectuado un breve repaso por las que constituyen, desde nuestra mirada, las tres causas clave en materia de tarifas de gas y electricidad en todo el país. Ellas no son las únicas, desde luego, hay miles de causas diseminadas por todo el país con diverso estado procesal pero esta triada que hemos seleccionado se basa en los alcances de las sentencias y, en los primeros dos casos, su proximidad a una decisión de la Corte Suprema de Justicia que, seguramente, marcará la suerte del aumento tarifario y el sendero para el resto de los procesos del país.
En las causa "Cepis" existe una sentencia de fondo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que anuló la suba de tarifas de gas con alcance en todo el país, en la causa "Abarca" hay una medida cautelar de mismo tribunal que suspende, por tres meses, la suba de la tarifa de electricidad para todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires.
Estas causas, cuyas decisiones están vigentes hasta el momento, está en camino a la Corte Suprema donde se espera su inminente resolución.
En la causa que completa la triada -Fernández- la titular del Juzgado Federal N° 2 de San Martín decretó una medida precautelar que suspende el aumento de la tarifa eléctrica para todas las distribuidoras del país. Como se dijo, esta es la más incipiente desde el punto de vista procesal pero muy potente en su alcance. Habrá de esperar las novedades de los próximos días.
También cabe la mención a "Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza", la causa donde una medida cautelar suspende la suba de la tarifa del gas y en la cual el Poder Ejecutivo presentó el per saltum que motivó el pedido de informes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A través de este artículo se ha tratado de dar cuenta de estos importantes procesos que, sin duda, marcarán la agenda político-judicial de los próximos días. Se espera, en lo que sigue, una decisión del Máximo Tribunal del país para definir, por un lado, la suerte de la suba tarifaria pero, también y desde otro ángulo, la posibilidad que aporte nuevos elementos respecto a la construcción jurisprudencial de las acciones colectivas, la legitimación y sus efectos. Seguiremos atentos las próximas novedades.
A través de este artículo se ha tratado de dar cuenta de estos importantes procesos que, sin duda, marcarán la agenda político-judicial de los próximos días. Se espera, en lo que sigue, una decisión del Máximo Tribunal del país para definir, por un lado, la suerte de la suba tarifaria pero, también y desde otro ángulo, la posibilidad que aporte nuevos elementos respecto a la construcción jurisprudencial de las acciones colectivas, la legitimación y sus efectos. Seguiremos atentos las próximas novedades.
José Ignacio López
No hay comentarios:
Publicar un comentario