Flexibilización laboral: primeros apuntes para una pelea que se avecina

Por Pablo D. Papini (*)

Invitado Especial en Palabras del Derecho

El acuerdo firmado entre el gobierno nacional, el de la provincia de Neuquén y los sindicatos de empresarios y de trabajadores del sector hidrocarburífero para definir un marco regulatorio para la actividad de explotación de yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Vaca Muerta, es apenas un ensayo de la obra mayor que el presidente Mauricio Macri se propone ejecutar durante 2017: la flexibilización laboral, eufemismo de quita de derechos al segmento asalariado formal de los sectores populares. Nada que sorprenda en una administración encabezada por quien dijera, cuando aún ejercía sólo su rol patronal, que considera a los salarios, apenas, “un costo más”.

¿A qué se llama flexibilización laboral? Cuando dos personas celebran un contrato entre sí en la faz civil de su vida, son libres, salvo minimísimas excepciones, de estipular las cláusulas que les plazcan para reglar la relación. Pero si esta vinculación se traba en el ámbito laboral, en cambio, ello no es posible, porque la ley presume --sabiamente a nuestro criterio-- que una de las partes, la que ofrece el puesto de trabajo y es dueño de la unidad productiva, está en ventaja sobre la otra, quien se encuentra en la disyuntiva de optar entre eso y la desocupación. La norma entra en escena aquí para emparejar ese desnivel. De ahí que resulte un tanto oximorónico el debate pro-empleador/pro-empleado: la juridificación tiene sentido allí sólo en tanto solucionadora de una disparidad que perjudica al dependiente; ergo, su esencia es la parcialidad, a favor del más débil. 

Esto no siempre fue así. En la Francia de las primeras horas posteriores a la revolución del año 1789, en tanto agente implementador del liberalismo como método de gobierno, se calificaba como delictiva cualquier interferencia a la dinámica que surge libre y espontáneamente --por así decirlo-- de la interacción entre oferta y demanda. Como hemos visto en el párrafo anterior, las leyes de trabajo lo son. Así las cosas, la actividad que la provoca, la sindical, merecía tratamiento criminal.

Flexibilizar es, entonces, equiparar la contratación laboral con la civil, derogando la juridicidad que las diferencia. Tratando como iguales a quienes naturalmente no lo son.

Es aquí que irrumpe la dimensión económica de la disputa. La corriente ortodoxa de esa disciplina, que no acepta distinciones según mercados para la aplicación de sus reglas, culpa a las regulaciones laborales por el desempleo y la informalidad. Dicho sencillo: siendo que elevan el costo de la contratación, y por ende reducen el margen de ganancia en esa evaluación estática del fenómeno, el empresario prefiere no crear puestos de trabajo o explotar los que dispone aún más allá de lo legal. La heterodoxia, en cambio, entiende a la oferta ocupacional como subproducto de la demanda agregada: crece si es empujada por el crecimiento general de la economía, o no crece. Simple.

Los economistas del macrismo, con mayor o menor énfasis, se inscriben entre los primeros. Desde que el elenco Cambiemos hizo su ingreso en Balcarce 50, el programa desplegado no tuvo otro objeto que el de reconfigurar el reparto de riqueza en la sociedad argentina de modo regresivo. Como lo confirman incluso las vocerías adictas al oficialismo, el primer paso fue la modificación de los precios relativos domésticos, producto, entre otras cosas, de la megadevaluación y de la eliminación de retenciones a las exportaciones. Eso indujo a una recesión profunda, verdadera razón de los despidos, que no la rigidez legal. En adelante, el desafío pendiente, en el entendimiento amarillo, es el de los costos. A eso apuntan cuando, por ejemplo, hablan de combatir la inflación a través de la apertura a la competencia importada: en este punto también es víctima el nivel de empleo.

Pero el nudo del conflicto político en esta coyuntura histórica está en el régimen de contratación, cuyo eje central es la ley número 20.744, de Contrato de Trabajo. El orden jurídico laboral argentino admite excepciones a su régimen general. Hay actividades que lo ameritan: no se puede ser igual de estricto con la jornada de ocho horas en un banco que en un alto horno. Y puede que asista razón a Macri y al resto de los firmantes en cuanto a lo que se arregló específicamente para Vaca Muerta. A la hora en que se escribe este texto, desconocemos tanto ese trato como las particularidades de la fracción no convencional de la extracción hidrocarburífera. El drama no está en el episodio individual sino en el mensaje general que el Presidente y el circuito que lo rodea pretenden instalar en este tema a partir de un convenio que, se insiste, tal vez sea adecuado.

En ese sentido, no es para nada casual que su anuncio tenga lugar en las mismas horas en que distintos funcionarios del Ministerio de Trabajo, con cada vez mayor frecuencia, hacen trascender por los medios de comunicación posiciones a favor de la flexibilización. Tendencia en la que se destacó, en forma guaranga, el secretario de Empleo, Miguel Ponte, quien ocupa la función pública como delegado de la transnacional italiana Techint y desde ese faccionalismo exige a favor de los suyos facilidades para despedir. Conviene recordar que alguna vez el CEO de ese conglomerado, el milanés Paolo Rocca, se quejó de que en Argentina un obrero le cuesta el doble que en Brasil y el triple que en México. Hoy procura, desde el Estado, corregir esa disfuncionalidad.

Macri empezó a hablar de estas cuestiones el día de los festejos por la independencia nacional, instantes después de pedirle disculpas al (“querido”) rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, por el atrevimiento de 1816. Pero, como se dijo en los renglones iniciales, siempre ha pensado igual: esa cita es de un reportaje que le hiciera Marcelo Longobardi, y allí dejó claro que a su ver los trabajadores no son parte del ciclo virtuoso de crecimiento de la economía. Era el clima de época. Gobernaba Carlos Menem. Argentina conoció la flexibilización en su mandato porque en su esquema, sin política monetaria, y agotado lo que podían dar los ajustes fiscales, las privatizaciones y el endeudamiento, no quedaba otra vía para trabajar competitividad que los costos laborales.

La polémica al respecto no tiene mucho misterio: el entonces superministro de Economía Domingo Cavallo redujo las cargas patronales, pero nunca hubo mayor desocupación en Argentina que en esos años porque la capacidad de consumo popular fue, a la vez, a parar al sótano. Igual sucede ahora, con una economía que sigue congelada pese a que se hicieron todos los deberes. Su sucesor Roberto Lavagna, en cambio, reintrodujo los aportes, pero como la economía nacional conoció entre 2003 y 2015 sus mayores períodos de crecimiento sostenido a tasas altas, se llegó al final del mandato de Cristina Fernández en situación de (casi) pleno empleo. No deberían, así las cosas, caber mayores dudas acerca del rumbo a encarar si el objetivo es crear puestos de trabajo. El liberalismo en vigencia no reconocerá el fracaso de sus recetas, que han triturado la demanda. Su excusa es siempre que nunca se ha ido lo suficientemente lejos en la desregulación. Por eso, y por ninguna otra cosa, es que irá a por la flexibilización y no a por mayor consumo/crecimiento. 

La pregunta es si un colectivo oficialista que presume de su presunto mayor conocimiento del mundo está observando bien lo que sucede con tanta sorpresa como Donald Trump, el Brexit y demás. Casi nadie duda que la causa de esas novedades es el fin de la era del pleno empleo a escala mundial. Los culpables: la inserción acrítica en la globalización, que pone a competir en pie de igualdad a economías con por lo menos algún grado de desarrollo ciudadano con otras que se valen de mano de obra cuasi esclava; la tecnologización, que reemplaza al hombre por la máquina; la financierización de la economía, por la cual hoy día los inversores en papeles ganan lo mismo o más que si producen cosas; y fenómenos menores y aislados como el uberismo o el emprendedorismo que pretenden ser tomados por políticas de Estado. Todos y cada uno de estos fenómenos eliminan puestos de empleo, y la Organización Internacional del Trabajo juzgan que la tragedia es casi irreversible, más si se actúa en igual dirección al viento que sopla.

Las distintas poblaciones del planeta, sin embargo, y sin importar su bandera, no aceptan esa sentencia, y castigan en consecuencia a través de las urnas. Por eso triunfa Trump en EEUU sin que nadie se detenga mucho a pensar en los dictámenes sabios de la Reserva Federal, que pronostican inflación si el nuevo jefe de la Casa Blanca insiste en generar producción allí donde la teoría lo desaconseja. Al menos en público, y así sea pour la galerie, ningún gobierno puede hoy asumir la rendición al desempleo estructural que parece imponerse. El macrismo, pese a ello, echó a andar un grupo de intelectuales conducido por el economista Eduardo Levy Yeyati, quien suelto de cuerpo hace suyos postulados como el antes referido de la OIT, y propone como remedio reducir las jornadas para así multiplicar la oferta de trabajo y reemplazar ingresos salariales con mayores transferencias de renta como la AUH: justamente lo que los electorados vienen censurando.

Parece, pues, que no advierten la restricción política quienes dicen que las legislativas de octubre próximo son cruciales para su futuro. Esta historia, inevitablemente, continuará.

(*) Abogado laboralista (UBA). Militante peronista. Asesor en la HCDN.