Justicia social para todos

Por Martín R. Gedigian
Invitado especial en Palabras del Derecho

Atento el nuevo objetivo trazado por nuestra presidenta al modelo económico y social instaurado desde el 2003, y a casi diez años de la instauración del mismo, cumpliendo la agenda social o demanda de cada uno de los períodos; denominado al nuevo mandato 2011 a 2015, como el período de la "sintonía fina".

Dicho esto, este artículo se embarca en la problemática que existe en las negociaciones salariales por medio de las paritarias (instituto instaurado nuevamente por el ex presidente Néstor Kirchner, donde sindicatos y patronales negocian y acuerdan libremente las escalas salariales de forma anual). Dichas negociaciones, que en un comienzo fueron una gran conquista, en la práctica son huérfanas de la participación (negociación) de las pequeñas y medianas empresas, pero rehenes de su resultados, es decir para graficar mejor la cuestión, los grandes convenios colectivos, en adelante CCT, llámese UOCRA y, en especial, COMERCIO, fueron todos pergeñados, confeccionados y rubricados a mediados de los años 70. En particular el CCT 130/75 (comercio) que dentro del mismo no consta la actividad o giro comerciales que fueron creándose a lo largo de estos casi 40 años (neoliberalismo salvaje y ortodoxia económica mediante), como el sistema del hipermercadismo, llámese los Wall Mart, los Coto o los Carrefour.

Por lo que estos golosos del supermercadismo (y gran lobby negociador en paritarias), pagan salarios ídem que el almacén del barrio, creándose el círculo vicioso y no virtuoso, de que si el minimercado barrial quiere blanquear a sus trabajadores y encuadrarlo dentro del CCT de comercio, pagará la misma carga social, el mismo básico y mismos adicionales que el empleado del hiper.

Atento que sus costos, rentabilidad y sobre todo su volumen de negocios es mucho mas acotado que las cadenas de supermercados, generándose dos supuestos; o los blanquea y se funde, ya que no le da los costos, o no lo registra y esta próximo a fundirse por alguna futura demanda laboral por trabajo no registrado (severas multas). La cual una vez condenado, es inviable para un pequeño comercio afrontar dicha sentencia, con el resultado de bancarrota por el lado patronal y desempleo sin indemnización del lado del trabajo, con el efecto colateral de desfinanciar al Estado, por menor recaudación vía aportes previsionales (ANSES).

Establecido el problema, avanzaré sobre la patología: primero que la propia ley de trabajo no discrimina en su aplicación entre grandes empresas y la chica o mediana empresa, generándose una inequidad (discriminación) manifiesta, y a su vez, su apéndice (los convenio colectivos de trabajo) nada dicen al respecto, atento su gran desactualización (datan la gran mayoría de mediados de los 70), ya que lo único que discuten patronales y sindicatos en los últimos años en las paritarias, son las actualizaciones salariales para cada una de las ramas de forma anual y escalonada.

Si bien es cierto que este tema habría que encararlo de forma integral, es decir, impositiva, laboral y económicamente, la realidad nos demuestra que la informalidad imperante (alrededor del 35% de los trabajadores) o la destrucción de pymes (por achicamiento de los márgenes de ganancia) nos urgen para delimitar el problema y discutir su solución.

Por lo pronto, como medida de mínima, deberían sindicatos y empresarios negociar por separado; por un lado entre las cámaras de las grandes empresas una escala salarial y otra distinta entre las que aglutina a las de menor entidad. Y como objetivo de máxima, renegociar entre patronales, sindicatos y Estado (por medio del Ministerio de Trabajo) nuevos convenios colectivos de trabajo, donde en el mismo se describan las nuevas realidades económicas, políticas y sociales imperantes en la Argentina, como así tambien nuevos sindicatos atento las nuevas practicas o giros comerciales o industriales existentes en el siglo XXI.

Por supuesto que habrá resitencia desde los mismo sindicalistas (burócratas devenidos empresarios), el capital concentrado (gran beneficiario de esta inequidad) y los asesores jurídicos de las corporaciones (cerebros de este perverso sistema con jugosos honorarios), pero nosotros, los letrados populares debemos correr la línea, e ir por sectores que necesitan de la justicia social, para igualar, porque los pares solo existen si el Estado nivela hacia arriba y no hacia abajo, creo que la sintonía fina se enmarca como norte estos desafíos.

Porque al fin y al cabo, el empresario PYME nacional (bastardeado debido a las políticas neoliberales-ortodoxas), no deja de ser, un operario capitalizado.-

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NOTA:  días después de la publicación de este artículo, distintos colegas provenientes del Derecho Social efectuaron observaciones, aportes y críticas a las postura del autor quien consideró oportuno efectuar unas líneas para aclarar el alcance y la finalidad de su planteo. Aquí abajo dejo el texto que con esa intensión me fuera enviado por Martín Rodolfo Gedigian.

José Ignacio López.

 

Aclaratoria del artículo "Justicia Social para todos"

Una aclaratoria en cuanto al  espíritu de mi artículo, ya que en ningún renglón del mismo se utilizaría la rebaja salarial como medida de adaptación a la segmentación salarial en paritarias, propugnada. Todo lo contrario, creo que el espaldarazo al empresario (unipersonal, emprendedor, micro pyme y a todo evento PYME) serviría para blanquear trabajadores, hoy en situación “en negro” que si son discriminados con el statu quo imperante, con salarios sensiblemente menores a comparación del registrado, en mayor medida del encuadrado en convenio y hasta se da el absurdo de que perciben salarios menores que el mínimo, vital y móvil), sumado a que no aportan al sistema de la seguridad social (desfinanciando al ANSES), por lo que no poseen aportes, obra social ni ART; ni pensar en calificar algún crédito. Y de tener alguna contingencia laboral, quedando huérfano de asistencia.- Esta reflexión se encamina a ellos fundamentalmente, ese universo del 35% de trabajadores “en negro”, sin discriminar a nadie, al contrario sería una medida inclusiva y virtuosa, para el desarrollo.-   

Dicho esto, paso a justificar la constitucionalidad de la medida impulsada: Nuestra carta magna  establece el principio de igual remuneración ante igual tarea, lo hace, en mi humilde opinión,  con el propósito de enmarcar dicha situación en una misma fuente de empleo, bajo el mismo establecimiento o unidad económica, esto es, si Techin S.A posee dos operarios calificados, que cumple igual tarea, antigüedad y horario deben percibir el mismo salario, atento la igual de tareas y mismo empleador. Ahora si un empleado metalúrgico se independiza y abre su propia tornería, en la cual le va bien, y crece, atento ello contrato un operario, el cual lo encuadra en el CCT 260/75 metalúrgico (blanquea), es justo que pague el mismo básico, adicional, extras, cargas sociales, ART y el sindicato que lo hace la multinacional italo-argentina TECHINT; yo creo que no, y aquí nace el juicio de valor que debemos hacer todos, despojándonos del cerrojo ideológico, sin que el árbol nos tape el bosque.-

Es un desafío enorme pasar del crecimiento económico de estos últimos 9 años al desarrollo, yo creo que los CCT deben agiornarse a los nuevos tiempos, son convenios que datan de principios de los años 70, por algo se empieza, y eso es en discutir.-

PD: Utilice otro Convenio distinto que comercio, porque si no el lector creerá que quiero formar un sindicato de trabajadores de HIPERMERCADOS.-

Saludos cordiales 

Dr. Gedigian Martín Rodolfo.-