lunes, 23 de marzo de 2015

El arduo camino de la Justicia

Al cumplirse 39 años de la última dictadura militar que sufrió nuestro país hacemos un breve repaso por la trama política y jurídica que permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de los delitos contra el pueblo argentino.


El 24 de marzo de 1976 un golpe cívico-militar interrumpió el orden constitucional y se instaló en la Argentina  la época más oscura que recuerde la historia de nuestra Nación. Durante los ocho años que la dictadura ejerció el poder de facto se cometieron un sinnúmero de delitos atroces, se implementaron políticas de destrucción del aparato productivo nacional, se retrocedió en los derechos sociales alcanzados y se endeudó al Estado de una forma inédita.

El 10 de diciembre del 1983, la Argentina recuperó la democracia y asumió un presidente constitucional, el doctor Ricardo Raúl Alfonsín, quién ordenó la constitución de una comisión para investigar los crímenes de la dictadura, fue así que nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) quién un año más tarde entregaría a manos del ex presidente radical su informe denominado “Nunca Más”.

En dicho informe se constató que la dictadura había implementado, durante los años que detentó el poder, un plan sistemático de desapariciones forzadas de personas, centros clandestinos de detención y delitos atroces contra los ciudadanos argentinos.

Con este documento, el presidente Alfonsín impulsó en 1985 la realización del Juicio a las Juntas, un proceso penal contra los altos mandos militares realizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (integrada por los doctores Arslanian, Torlasco, Gil Lavedra, Valega Araoz, Ledesma y D'Alessio) y que terminó con la condena a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.

Luego de este proceso histórico, el presidente Alfonsín sufrió una gran presión de parte de la corporación militar que, viéndose acechada por la justicia, forzó en 1986 la sanción de la Ley de Punto Final, una norma que estableció la prescripción de las acciones penales vigentes contra los responsables de los delitos del terrorismo de Estado que no que no hubieran sido llamados a declarar en un plazo de 60 días posteriores a su sanción.

Un año más tarde, se limitó aún más el accionar del Poder Judicial, con la sanción de la Ley de Obediencia Debida, norma que postuló una presunción legal que no admitía prueba en contra respecto a los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida", concepto según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

Con dichas normas promulgadas se hizo notar un amplio descontento social en la ciudadanía nacional y el resultado concreto fue que sólo habían sido condenadas las cúpulas militares en el Juicio a las Juntas y lo todo demás, a excepción del “robo de bebés”, quedaba cubierto por un negro manto de impunidad.

Faltaba más para agravar el marco normativo de la impunidad,  entre los años 1989 y 1990, el ex presidente Carlos Saúl Menem dictaría una serie de diez decretos indultando alos ex comandantes y civiles que cometieron delitos durante los oscuros años del “Proceso de Reorganización Nacional” incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras.

Con esos indultos, inexplicables, se perfeccionó un cuadro de profunda impunidad en nuestro país, con el Estado Nacional silenciando crímenes horrorosos que sufrió su pueblo durante esos sombríos años. 

Vinieron años durísimos para los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado pero ellos siguieron bregando por Justicia. Fue así que se fueron abriendo pequeñas luces de esperanza desde lo judicial, por ejemplo y sólo para destacar algunos, la actuación de la Justicia Francesa que condenó en ausencia a prisión perpetua a Alfredo Astíz en 1990 por la desaparición de las monjas Domon y Duquet, también la del magistrado español Baltasar Garzón quién pidió la extradición y juzgó a Adolfo Scilingo por los vuelos de la muerte.

En tiempos que no se podía condenar, por regir las “leyes del perdón”, párrafo aparte merece un sector del Poder Judicial Argentino que a fines de la década de los 90, a pedido de los familiares y asociaciones de derechos humanos que fundándose en los pactos internacionales de derechos humanos y en el derecho a la verdad (que abarca el derecho a la memoria, el duelo -reclamo del cuerpo o el destino corrido por la víctima- y al patrimonio cultural -rito funerario- impulsaron la apertura de procesos judiciales cuyo propósito fue averiguar qué había pasado con las personas desaparecidas.  

Así se iniciaron los “Juicios por la Verdad”,  la Cámara Federal Platense lo hizo por medio de la Acordada 18 del 15 de abril de 1998 y luego se sumaron Mendoza, Mar de Plata y Bahía Blanca. En estos procesos, de notable importancia histórica e institucional, la inmensa cantidad de testimonios y pruebas colectadas sirvieron luego cuando la Justicia inició los juicios con facultad condenatoria. Además, se lograron encontrar una gran cantidad de cuerpos de personas desaparecidas para entregárselos a sus familiares para poder rendirles el respectivo culto.

Fue a partir del 25 de mayo de 2003, cuando asumió la Presidencia de la Nación el doctor Néstor Carlos Kirchner, que se dio un gran giro, el Poder Ejecutivo Nacional comenzó a impulsar con notable decisión la reapertura de procesos judiciales penales contra los responsables de la última dictadura militar.

De esta forma, envió un proyecto para dar por tierra con las “leyes del perdón” y fue el Congreso de la Nación en el año 2003, por medio de la ley 25.779, quién declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

Dos años más tarde, en una de las sentencias más importantes de la historia judicial argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Simón” (Fallos 328:2056), de 314 páginas de extensión, declaró la nulidad de dichas leyes de amnistía y expresó que los delitos cometidos por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

En el año 2007, el Máximo Tribunal en la causa "Mazzeo" (Fallos: 330:3248), declaró la inconstitucionalidad de los indultos hacia los altos mandos militares responsables de los crímenes de la dictadura emitidos por el ex presidente Carlos Menem.

Estas medidas políticas y judiciales permitieron que se reabran los procesos penales contra los responsables de los atroces crímenes cometidos durante la última dictadura militar. De esta forma la Justicia retomó la tarea en la que nunca debió ser limitada y así, desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, se han realizado cientos de procesos, de los cuales la mayoría han sido a partir del 2004, arrojando la cifra actual de 889 procesados, 563 condenados y 50 absueltos en causas que contabilizan un total de más de diez mil victimas.

Han pasado muchos años de los horrores del terrorismo de Estado en nuestro país, aún las heridas y sus efectos siguen vigentes causando un dolor infinito al pueblo muy difícil de apagar, por eso, le corresponde al Poder Judicial de nuestra Nación un actuar pronto y eficaz que asegure Memoria, Verdad y Justicia para que todos los argentinos podamos decir: NUNCA MÁS.

José Ignacio López.-

jueves, 5 de marzo de 2015

El nuevo mecanismo para ingresar a trabajar al Poder Judicial de la Nación (Remake)

Con base en una ley nacional se configuró el nuevo sistema para igualar las posibilidades pero a un año de la recepción de cientos de miles de formularios de inscripción el Poder Judicial no ha avanzado en la implementación a diferencia del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que lo han puesto en ejecución. Lineamientos generales e interrogantes de este cuadro de situación. 


Una reedición


En enero del año pasado escribimos un artículo sobre el mecanismo de ingreso democrático de la ley 26.861 y tuvimos una increíble repercusión. Era evidente que un nuevo procedimiento que permitiera aspirar a ingresar –en forma transparente– a trabajar al sistema de justicia genera el interés de muchos ciudadanos. 

Decíamos por aquel entonces que el conocimiento popular sobre el empleo judicial señalaba, con acierto, que mayoritariamente ingresan los familiares, amigos o aquellos que tienen un “padrino” que los ayuda a acceder. Un mero recorrido por los apellidos y por los pasillos de los tribunales de nuestro país confirma esta creencia. Existen nobles excepciones pero son una clara minoría. 

Ante ello el poder político tomó nota y el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional 26.861 de Acceso Democrático e Igualitario al Poder Judicial que instrumentó un procedimiento limpio para el acceso a los cargos en dicho poder del Estado. 

De un tiempo a esta parte han pasado muchísimas cosas -tanto materiales como normativas- que exigen una actualización (o remake) de aquel artículo para que sea útil a aquellos interesados en el nuevo mecanismo. Describiremos, a grandes rasgos, los principales sucesos que ocurrieron respecto al ingreso democrático.

En marzo del 2014, cumpliendo con lo previsto en la ley y en la Acordada 49/13, todas las Cámaras Nacionales y Federales del país recibieron los formularios de inscripción de los aspirantes pero no publicaron la lista de anotados –para lo cual la ley les daba un plazo de cinco días- y ya ha pasado el considerable termino de un año y no se registra ningún avance en el seno del Poder Judicial de la Nación. 

La Corte Suprema, el 3 de febrero de 2015, resolvió una situación delicada: la de los trabajadores interinos, es decir, aquellos que no cuentan con estabilidad y –en algunos casos- registran años de trabajo en el Poder Judicial. El Máximo Tribunal, por medio de la Resolución 6/2015, ordenó a las Cámara Nacionales, Federales y Tribunales Orales elaborar en 60 días un listado de los empleados interinos con antigüedad mayor a 6 meses y establece que, en la medida que se generen las vacantes, vayan ingresando estos empleados de la lista en carácter de efectivos. A esos efectos se establece la prioridad a aquellos de mayor antigüedad en el Poder Judicial. 

Ahora bien, más allá de estas medidas, el Poder Judicial sigue sin cumplir con el mecanismo de ingreso democrático –en los términos de la ley 26.861– dado que no están las listas de inscriptos, no hay temario de estudio, no hay fecha de exámenes y tampoco se avizoran, al menos a la fecha, pautas concretas de cumplimiento. Esto es una grave irregularidad que toma más cuerpo si se piensa que es el Poder Judicial –encargado de velar por la legalidad– quien se encuentra incumpliendo una ley de la Nación. 

Diferente es lo que ocurrió en el Ministerio Público de la Defensa –que reglamentó el procedimiento en febrero de 2014–, recibió inscripciones en marzo, tomó exámenes y efectuó los sorteos. Una conducta de apego a la ley digna de ser celebrada. 

El Ministerio Público Fiscal –reglamentó en marzo el procedimiento– y creó un sistema de inscripción digital con usuario con sesión individualizada que permite realizar todos los pasos en línea. En ese marco, el órgano estableció un calendario de inscripciones y concursos por jurisdicción de los cuales muchos se han realizado y otros están en trámite. El mecanismo se está cumpliendo. 

Ahora bien, llegó nuevamente el mes de marzo y una duda se hace patente: ¿El Poder Judicial debe recibir nuevas inscripciones? En mi opinión la respuesta es afirmativa dado, por un lado, en su reglamentación nada especificó al respecto y, por otro, que el texto de la ley 26.861, en su artículo 13, establece que "en el mes de marzo de cada año" la autoridad de aplicación recibirá los formularios. 


El mecanismo

a) Aspectos Generales


La ley 26.861 se aplica tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público de la Nación y establece que el principio para el ingreso al empleo judicial es por concurso público y se aplica para cargos letrados, empleados, personal de maestranza y oficios. 

En el escalafón judicial “letrados” equivale a Secretarios y Prosecretarios que requieren título de abogado para el cargo, “empleados” será el cargo de auxiliar y “personal de maestranza y oficios” equivale al cargo de ayudante, ello conforme al Escalafón Judicial (Acordada 9/05 y 49/13 CSJN).

Se exceptúan del régimen, por mandato del 113 de la Constitución, los cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como también, los que dependan directamente de la estructura central de Procuración General de la Nación, Defensoría General de la Nación y Consejo de la Magistratura. 

Por excepción, los jueces pueden designar de forma directa en los cargos de relator de Cámara y secretario privado de primera instancia, como también, dos cargos letrados pero tales agentes no podrán ser promovidos a planta permanente en forma definitiva.

Se establece un cupo del 4% de los cargos a cubrir para que puedan ser ocupados por personas con discapacidad que reúnan los requisitos necesarios para el cargo.

El órgano encargado de ejecutar este procedimiento de ingreso de empleados –autoridad de aplicación– será la Corte Suprema, la Procuración General o la Defensoría General de acuerdo a que se concursen cargos de sus respectivas áreas. 

El personal contratado que actualmente se desempeña en la justicia nacional cuenta con derechos adquiridos, por tanto, conservan sus cargos de acuerdo a la regulación anterior y pueden solicitar el pase a planta permanente de acuerdo a la normativa vigente aplicable al caso. 

No podrán ingresar en ningún cargo: los condenados por delitos dolosos en los últimos 5 años o por delitos contra la administración pública, delitos contra el orden constitucional o estuvieran inhabilitados judicialmente para ejercer cargos públicos.

El Procedimiento fue reglamentado por el Poder Judicial, en forma parcial, mediante las Acordadas 26/14, 49/14 y Resolución 6/15; por el Ministerio Público de la Defensa, en forma total, mediante la Resolución 75/14, y por el Ministerio Público Fiscal, en forma total, a través de las Resoluciones PGN 507/14 y 508/14. 

b) Inscripción 

b.1. Poder Judicial 


Se deberá completar el formulario previsto en la Acordada 49/13 CSJN y entregarlo en marzo de este año ante las Cámaras Nacionales o Federales en la órbita de las cuales se desee trabajar, las que darán una constancia de la inscripción y vencido el plazo se publicará una lista provisoria de los inscriptos en el organismo y vía web. 

Las Cámaras podrán reglamentar por medido de acordadas la forma de recibir los formularios de inscripción pero la fecha será en marzo de cada año.

Luego de 5 días posteriores al cierre de la inscripción, el funcionario encargado debe labrar un acta y luego una lista en la que se hará constar en forma definitiva las inscripciones registradas que hubieran cumplido con los requisitos exigidos en la presente ley.

b.2. Ministerio Público de la Defensa


En este ámbito la inscripción se realizó en forma digital, entre los días 10 y 14 de marzo de 2014, en el cual los aspirantes se anotaron para concursar en el ámbito de las defensorías oficiales.

Esto obedece a las previsiones del reglamento que dictó la Defensora General de la Nación -reglamentario de la ley 26.861- y, a su vez, de la situación de que antes que se sancione dicha norma este órgano había comenzado a implementar un mecanismo muy similar para transparentar los ingresos. 

Ello se hizo a nivel federal y se fue concursando, en distinta fecha, para las diferentes jurisdicciones del país. Incluso se han sorteado e ingresado empleados por este mecanismo. Un ejemplo cercano podemos constatar en La Plata. 

Actualmente, se han registrado algunas convocatorias sueltas que el Ministerio Público de la Defensa difunde desde su página web. Una de ellas ha sido en febrero pasado para defensorías civiles, comerciales y del trabajo en Ciudad de Buenos Aires. 

b.3. Ministerio Público Fiscal 

En este ámbito la inscripción es digital con usuario con sesión individualizada que permite realizar todos los pasos en línea e informa las diferentes novedades que se van generando en el proceso de ingreso. 

Asimismo, la Procuración General de la Nación estableció un calendario de inscripciones y concursos por jurisdicción de los cuales muchos se han realizado y otros están en trámite. El mecanismo ha mostrado avances.

c) Ingreso para empleados administrativos

Se requiere ser mayor de edad, tener estudios secundarios completos y acreditar idoneidad para dicho cargo, verificada a través de concurso público. Debe contarse, asimismo, con aptitud psicotécnica para el cargo, sin perjuicio de otros requisitos que puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar tareas para las cuales sean necesarios conocimientos técnicos especiales.

Con la lista definitiva de inscriptos se fija fecha de examen escrito a realizarse dentro de treinta días y que será un multiple choice que comprenderá distintas evaluaciones eliminatorias, a desarrollarse en el siguiente orden: conocimientos teóricos; conocimientos en informática y, finalmente, evaluación psicofísica.

Se califica de 0 a 100 y para acceder al cargo se requiere un puntaje mínimo de 60 puntos en cada una de las pruebas. Luego se elaborará la lista de los aprobados (que dura 2 años) y publicará en las páginas web de los organismos y en diarios de amplia circulación. Se prevé recurso de reconsideración por 5 días para impugnar las notas.

Luego las vacantes se cubrirán mediante sorteo de todos los integrantes de la lista, que se realizará a través de la Lotería Nacional, en la forma, día y horario que establezca la autoridad de aplicación, a medida que se vayan produciendo y quienes salgan en un cargo interino tendrán posibilidad en el sorteo para cargos permanentes.

El afortunado que salga en el sorteo será notificado al domicilio para que comparezca y acepte el cargo y si dentro de 10 días no lo hace se lo tiene por desistido y se los excluye de la lista para nuevo sorteo.

d) Ingreso para el personal de maestranza y oficios.

Como requisitos se requiere ser mayor de edad, poseer estudios primarios completos, tener idoneidad y aptitud psicotécnica para dicho cargo, acreditada mediante el procedimiento de concurso público, sin perjuicio de otros requisitos que puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar tareas para las cuales sean necesarios conocimientos especiales.

La inscripción y los concursos son exactamente igual que en el caso de los empleados administrativos, con el agregado que harán una prueba de capacitación en su oficio o actividad (por ejemplo: plomero, tornero, reparador de computadoras, etc).

e) Ingreso para personal letrado

Para los cargos letrados se requiere ser argentino o residente permanente en el país, mayor de edad y abogado graduado en universidad nacional pública o privada oficialmente reconocida o extranjera con título debidamente homologado por el Ministerio de Educación; tener la idoneidad requerida para el ejercicio de las funciones, verificada a través de concurso público de antecedentes y oposición, así como aptitud psicotécnica para su desempeño.

En este caso, con la lista definitiva se realizará un examen anónimo y escrito, dentro de los siguientes 30 días y “consistirá en la elaboración de una solución a un problema jurídico, en el que se examinará el grado de conocimiento específico en el área de derecho que requiera el cargo para el que concursa y la normativa constitucional”.

La calificación es de 0 a 70 y para ser incluidos en la lista de postulantes se requiere haber obtenido un puntaje mínimo de cuarenta (40) puntos. Sólo respecto de aquellos postulantes que hubieran alcanzado el puntaje mínimo se evaluarán los antecedentes.

Para los aprobados se comenzará a computar los “antecedentes” y será como máximo de 30 puntos en base a este criterio: 10 puntos por especialidad en PJ, MPF o MPD, Administración Pública o ejercicio de la abogacía; 5 por título de postgrado; 3 por cursos de postgrados; 7 por docencia en la especialidad del cargo que se concursa o en aspectos básicos del derecho; 3 por publicaciones y 2 antecedentes relevantes a juicio de la comisión revisora. No se calificarán los antecedentes no incluidos en la solicitud de inscripción.

Con los exámenes evaluados se confeccionará una lista con el orden de mérito definitivo, la que será notificada a cada uno de sus integrantes para cubrir las futuras vacantes que se produjeren.

En dicha lista está nombres y apellidos, DNI, la calificación, se publicará en internet y en las carteleras de los órganos respectivos. Frente a las calificaciones hay recurso de reconsideración por 5 días. 

Los nombramientos que se realicen deberán ser, obligatoriamente, con base en el orden de mérito de la lista definitiva.

El titular, o quien se encontrare a cargo de la dependencia respectiva, podrá seleccionar al postulante dentro de los 20 primeros del orden de mérito. En caso de que el listado sea menor, podrá seleccionar al postulante entre los aprobados. Dicho listado se irá adecuando a medida que se designen postulantes siempre sobre la base del mérito para que siempre la elección sea entre los 20 mejores y el orden estará dado por las listas existentes a la fecha de producirse las vacantes.

Cuando se genere una vacante permanente que está siendo cubierta en forma interina o no permanente, será designado en el cargo la persona que se encuentre cubriendo dicho lugar.

El afortunado que salga en el sorteo será notificado al domicilio para que comparezca y acepte el cargo y si dentro de 10 días no lo hace se lo tiene por desistido y se los excluye de la lista.

La lista de aprobados durará 2 años y quien se encuentre ocupando un cargo interino o no permanente, se mantendrá en la lista sólo para los cargos efectivos o permanentes.

Previo al nombramiento, se deberá acreditar poseer aptitud piscotécnica para el cargo mediante el examen que indique la autoridad competente.

f) Concursos 

La puesta en ejecución de los concursos, como es natural, corresponde a la autoridad de ejecución –PJ, MPF y MPD, respectivamente– quién dispondrá la integración de los órganos encargados de efectuarlos concursos y se exige que los mismos se lleven a cabo en todas las jurisdicciones del país.

Cada autoridad de aplicación deberá establecer un programa de examen, identificar el material, publicar sus contenidos vía web juntamente con el llamado a concurso, tomar los exámenes y efectuar las evaluaciones pertinentes, conforme a la normativa aplicable. Esto lo ha hecho el Ministerio Pùblico Fiscal y de la Defensa pero no el Poder Judicial. 

g) Conclusiones

Al lector que nos haya acompañado hasta el final de estas líneas le agradecemos la tolerancia, la extensión obedece a tratar de cubrir todos los detalles del mecanismo de ingreso democrático.

Un año atrás concluíamos el artículo señalando que celebrabamos la implementación del procedimiento de ingreso por concursos, antes inexistente, que permite conocer la forma en que el Poder Judicial designará a sus empleados y brinda, concretamente, la esperanza a tantos ciudadanos de poder trabajar en un sitio de tal magnitud.

También señalábamos el desafío de los jueces en cuanto a su enorme responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y concretar ese verdadero anhelo que es un Poder Judicial transparente en las designaciones y cercano a la ciudadanía. Esto último, al menos en cuánto al ingreso democrático, sigue siendo una deuda pendiente. 

José Ignacio López.

Marco normativo del ingreso democrático

1] Poder Judicial

- Ley Nacional 26.861

- Acordada 26/13 CSJN

- Acordada 49/13 CSJN

- Formulario de Inscripcíón


2] Ministerio Público Fiscal

- Ley Nacional 26.861

- Resolución PGN 507/14 (Reglamento)

- Resolución PGN 508/14 (Calendario)


3] Ministerio Público de la Defensa

Ley Nacional 26.861

- Resolución 75/14 (Reglamento)

lunes, 23 de febrero de 2015

La responsabilidad del Estado y su nuevo marco legal ante casos de prisión preventiva

Por Juan Ignacio Azcune y Víctor Lafalce (*)
Invitados especiales en Palabras del Derecho

 “Por lo tanto, el estudio de la privación de libertad deja de estar reservado a los criminólogos y los penalistas para convertirse en un capítulo esencial de la sociología del Estado y la estratificación social…Es porque la pobreza del Estado Social en el marco de la desregulación necesita y exige la grandeza del Estado penal y porque esa relación causal se fortalece cuando el Estado se despoja de toda responsabilidad económica y tolera un alto nivel de pobreza y de desigualdades”. Loïc Wacquant. “Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social”.

I. Introducción

Este artículo se propone poner de relieve algunos puntos en torno a la responsabilidad del Estado ante los casos de prisiones preventivas que generan daños a particulares y su tratamiento por la Ley Nacional Nº 26.944 de Responsabilidad del Estado (LRE) bajo el prisma de los tratados con jerarquía constitucional.

II. La responsabilidad del Estado por casos de Prisión Preventiva anteriores a la ley de Responsabilidad del Estado Nº 26.944

Tratándose de responsabilidad estatal por actos del poder judicial se ha distingue entre los actos dictados in procedendo e in iudicando. En el primer caso se ha fundado en el funcionamiento defectuoso del servicio de justicia durante la sustanciación del proceso; mientras que el segundo ello ocurre cuando el fallo es injusto, es decir ante el error judicial.

En cuanto a la responsabilidad del estado y los casos de prisión preventiva cabe distinguir aquellos en los cuales esta es seguida de una sentencia absolutoria, de aquellos otros en los cuales la responsabilidad nace ante la indebida prolongación de la misma. 

En los casos del primer grupo la regla que se ha generado a través de los precedentes es que el mero sometimiento a la prisión preventiva y su posterior absolución no otorga de manera automática un derecho a compensación; sino que requiere acreditar el error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegitimo y dejado sin efecto. 

Mientras que en los casos de indebida prolongación de la prisión preventiva, la reparación ha encontrado fundamento en la deficiente prestación del servicio de justicia por la falta de servicio. En ese sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso “Rosa Carlos Alberto c/ Estado Nacional” considero que el dictado de la prisión preventiva durante los primeros dos años del juicio constituyo un ejercicio regular del servicio de justicia. Sin embargo, la detención más allá de los dos años constituyó un ejercicio irregular del servicio de justicia la prolongación excesiva de la prisión preventiva en tanto la misma se fundó en afirmaciones dogmáticas que se contradecían con las constancias de la causa.

Posteriormente cabe citar el fallo "C.H.N c/ Estado Nacional- Ministerio de Defensa" en el cual la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con sustento en lo resuelto por la Corte Nacional en el fallo “Rosa, Carlos”, condeno al Fisco a indemnizar los perjuicios provocados por la prolongación de la prisión preventiva mas allá de los dos años previstos por el Art. 379 incº 6 del Código Procesal Penal de la Nación.

A su turno en el caso Arisnabarreta, resuelto el 6 de octubre de 2009, la Corte Suprema hace lugar a una indemnización de daños y perjuicios ante la prolongación indebida de la prisión preventiva del procesado que le produjeron graves daños que han guardado relación de causalidad directa e inmediata respecto de esa falta de servicio. En este caso se trató de un escribano a quien se le privó de trabajar durante y se le afecto su derecho de propiedad en atención a la dilación indebida del proceso.

Finalmente en el caso “Putallaz Víctor Orlando” la Corte Suprema, el 23 de marzo de 2010, revocó el fallo de Cámara que había responsabilizado al Estado por la prolongación indebida de la prisión preventiva durante un lapso de 5 años, bajo el argumento de que para calificar de excesiva o irrazonable el plazo de la prisión preventiva cabe solo considerar que esta se configura de manera automática al vencimiento del plazo del artículo 11 de la ley 24.390. No es posible establecer criterios únicos, debe analizarse caso por caso y analizar las causas las razones de detención más allá de los 2 años.

Es decir que como regla no se ha admitido la responsabilidad el estado por actividad judicial legítima, sino cuando esta es ilegítima. En cuyo caso en materia penal se ha requerido el requisito del error judicial y que el mismo sea dejado sin efecto por un pronunciamiento judicial posterior.  

En materia de indebida extensión de la prisión preventiva se ha admitido la responsabilidad del estado por actividad judicial ilegitima con fundamento en el anormal o defectuoso funcionamiento del servicio de justicia, tal como aconteció en el caso “Rosa Carlos”, o como también ocurrió en materia civil en el caso “De Gandía”, ante la omisión de levantar el pedido de secuestro del automotor lo que motivo que su actual propietaria resultara detenida. 

Llegados a este punto cabe analizar este las reglas de los precedentes locales, a la luz de los Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional, y los planteos generados antes del dictado de la LRE.

En ese sentido, no parecía lógico mantener la regla de la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución, sino únicamente cuando el auto de prisión preventiva fuese infundado o arbitrario, requiriendo, además, que el error judicial que generador del daño fuera declarado ilegítimo y dejado sin efecto. 

Tampoco que se descartara de plano la responsabilidad del estado por actividad lícita en estos casos, pues estos daños debían ser soportados por los particulares por ser el costo de la adecuada administración de justicia.

Ante ello y privilegiando los pactos de derechos humanos con jerarquía constitucional, algún sector de la doctrina se había pronunciado incluso a favor de una acción autónoma en la que pudiera acreditarse el error y en base a ello la indemnización, similar a la consagrada en el Derecho Español. Asimismo, parecía poco flexible negar la responsabilidad por actividad lícita en todos los casos de prisión preventiva en los que luego se comprobase la inocencia del imputado, pues por lo menos en estos casos es difícil sostener que la detención es una carga que debe soportar el individuo, pues es la privación más gravosa que puede padecer el ser humano, incluso superior al de  la propiedad, caso en el cual se admite por vía de la analogía con el instituto expropiatorio la indemnización del daño emergente.

Como ha sostenido Botassi, “(…) en el caso particular de la prisión preventiva el deber de indemnizar surge aun cuando no exista reproche respecto del magistrado que la ordenó. El principio de la igualdad ante las cargas públicas (art.16 CN) así lo impone.” 

En el mismo sentido Gordillo entiende que en la mayoría de los casos el daño y la responsabilidad consecuente nacen de un proceder lícito de los órganos judiciales.

Al respecto resulta clarificador el precedente jurisprudencial R.M.A c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Indemnizatoria  de la Provincia de Buenos Aires en donde se hizo lugar a los daños padecidos por una persona a quien se le dictó una prisión preventiva que duro dos años, cuatro meses y dieciséis días, y que luego fue absuelto con fundamento en que el Estado es responsable por la actividad licita que en este caso había desarrollado el Poder Judicial al dictar la prisión preventiva. Ello con fundamento en que se había configurado un quebranto a la igualdad de las cargas públicas, existía un sacrificio especial, y el hecho de que la sentencia absolutoria desestime la prisión preventiva reforzaba la no obligatoriedad de soportar el daño del inculpado.

En cuanto a los casos de excesiva prolongación de la prisión preventiva, si bien son atendibles los argumentos de la Corte en el caso Acosta en virtud de los cuales no se hace extensible a otros casos la doctrina del fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos -en adelante CIDH- en Bayarri, y en definitiva el concepto de plazo razonable termina parece configurar un concepto jurídico indeterminado, ello no era óbice para reconocer la responsabilidad del estado con fundamento en la actividad judicial legítima, pues en casos similares es lógico que configura un sacrificio más que calificado la prisión preventiva por un plazo de casi 13 años. 

III. La LRE y la Responsabilidad del Estado por actividad judicial ante los casos de Prisión Preventiva

El dictado de la LRE limita sobremanera la responsabilidad del estado en los casos analizados, y lejos hacer foco en el daño sufrido y en la reparación que debe alcanzar a quien  resulto sujeto a una prisión preventiva ilegal o excesiva, (tal como lo consagra la el Art. 10 del Pacto de San José de Costa Rica), establece la regla por la cual el Estado no responde por la actividad judicial legítima. Es que una cosa es el deber de soportar la actividad estatal y otra distinta la de soportar el daño de quien resulta detenido por prisión preventiva luego absuelto.

Asimismo, si se aceptara este tipo de responsabilidad estatal por actividad judicial licita, encontraría limitada la reparación solo al daño emergente, desconociendo la reparación integral que ha sostenido la CIDH desde “Velasquez Rodriguez vs. Honduras” hasta la actualidad.

Tratándose de supuestos de responsabilidad por anormal funcionamiento del servicio de justicia en virtud del cual la prisión preventiva se haya extendido de manera irrazonable, la cual en muchos casos se ha originado en la omisión del órgano jurisdiccional, el texto de la LRE la limita pues solo considera que existe responsabilidad en caso de inobservancia a un deber normativo de actuación expreso y determinado. En consecuencia cabe preguntarse si el estado no es responsable en aquellos casos en los cuales el deber de actuar del órgano jurisdiccional surge de manera implícita y ello da lugar a la extensión indebida de una detención.

La CIDH ha sido muy elocuente al respecto (Caso López Álvarez vs. Honduras, citado, párr. 67, 69 y 142: “(…) La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal (…) Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la Convención cuando se priva de libertad, durante un período excesivamente prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto equivale a anticipar la pena (…) En su legislación interna y en la aplicación de la misma por las autoridades competentes, los Estados deben observar el carácter excepcional de la prisión preventiva y respetar el principio de presunción de inocencia a todo lo largo del procedimiento" ( El subrayado nos pertenece).

Según la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin) los datos de diciembre pasado revelan que el 57 por ciento del total de las personas encerradas en cárceles federales no tiene condena. Ese porcentaje salta al 72 entre quienes están a disposición de jueces federales. Los grupos más vulnerados son las mujeres (62%) y los jóvenes adultos (79%).


IV. Conclusión

En definitiva, la regla de la LRE que excluye la responsabilidad del estado por actividad legitima la órbita de los actos del poder judicial, como aquella que a su turno también la acota en el caso de la responsabilidad ante el anormal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, y que dé lugar a una detención injustificada o una prolongación indebida de la misma, queda lejos de los criterios sentados por la jurisprudencia de la CIDH que ha interpretado los textos tratados con jerarquía constitucional.

En ese sentido, es evidente que no se ha tomado cuenta de la mayor globalización o internacionalización del derecho administrativo, incluso en materia de responsabilidad del estado, dado lo principios incorporados por los tratados con jerarquía constitucional. Al respecto la LRE, parece distante o poco operativa de dichos instrumentos internacionales. 

Por otra parte, sin bien la LRE arguye su legitimidad en adscribirse a la jurisprudencia vigente (lo cual es discutible) es un argumento de autoridad que no lora enervar las objeciones existentes al respecto. En particular, excluir de plano en todos los casos la responsabilidad del estado por actividad judicial es un caso patente y  particularmente  grave en los supuestos del dictado de  la prisión preventiva

Concluimos que no existe razón jurídica, con fundamento constitucional y convencional para excluir de plano y dogmáticamente  las hipótesis resarcibles los daños ocasionados por la actividad lícita del Poder Judicial (previstas en el artículo 5), en la medida que se cubran todos los recaudos de procedencia de la figura, pues la lectura contraria se traduce en la violación del principio de reparación plena. 

A tenor de ello proponemos la derogación de dicha norma en su parte pertinente permaneciendo sujeta a los recaudos previstos para la responsabilidad por actividad legítima en general reconociendo una reparación integral tal como lo hemos señalado precedentemente.

____________
(*) Juan Ignacio Azcune es abogado, especialista en Derecho Administrativo y maestrando en Derechos Humanos, Universidad Nacional de la Plata; Victor Lafalce es abogado, especialización en Derecho Administrativo en curso, Universidad Nacional de La Plata.

Bibliografía
- Aberastury Pedro. La Nueva Ley de Responsabilidad del Estado (26.944).
- Gelli, María Angélica. El plazo razonable de la prisión preventiva y el valor de la jurisprudencia Internacional (en el caso Acosta). La Ley 2012-D, 464.
- Perrino, Pablo Esteban. Responsabilidad por actividad Estatal Legitima. Proyecto de ley de responsabilidad del Estado y de los agentes públicos. La LEY 2014 - C, 1078.
- Ramos Martínez, María Florencia. Prisión Preventiva y Responsabilidad Civil. La Ley 2010-C, 99. (comentario al fallo Putallaz, Víctor Orlando).
- Álvarez Alvarez, Fernando D. Responsabilidad del Estado por su Actividad Judicial: Panorama actual y propuestas de mejora. EDA, 01/02/885.
- Villaruel Susana. Responsabilidad del Estado por Falta de Servicio del órgano judicial (Breve comentario al caso “K., A. O y otro c/Estado Nacional”. [EDA, (31/03/2014, Nro 13.445)]
- Casarini, Luis E. La Responsabilidad del Estado por actos jurisdiccionales cautelares (Prisión Preventiva), La Ley 2014 D- 269. 
- Botassi, Carlos. Particularidades de la Responsabilidad del Estado por la Actividad del Poder judicial. Condenas Erróneas e Irregularidades Procesales.
- Botassi, Carlos. De Nuevo sobre la Responsabilidad del Estado por Mal Funcionamiento de la Justicia Penal. Revista RAP, Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público.
- Rejtman Farah, Mario. Responsabilidad del Estado por omisión judicial. Una tendencia que se expande. La Ley 1996 D, 79.
- Coviello, Pedro José Jorge. Los jueces frente a la Ley de Responsabilidad del Estado. ED[259] –(18/09/14, Nro 13.570).
- Responsabilidad del Estado por actividad legítima. Excepcionalidad, resarcimiento y actividad judicial. Márquez, José Fernando Calderón, Maximiliano Rafael, • La Ley 2014-C , 932

lunes, 16 de febrero de 2015

La imputación a la Presidenta, el requerimiento del Fiscal Pollicita y un ABC del proceso penal

Tras la denuncia de Nisman, otro fiscal federal impulsó la acción penal y realizó un requerimiento de instrucción en el que indicó a una serie de personas, entre ellas, la Presidenta de la Nación. Para comprender de qué se trata aportamos una líneas de conceptos básicos del proceso penal. 


En el mes de enero el Fiscal Federal a cargo de la Causa AMIA, Alberto Nisman, presentó una denuncia (texto acáen la que señaló un presunto plan de encubrimiento de ciudadanos iraníes y sindicó como responsables a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque, los dirigentes Luis D`Elía y Fernando Esteche, el ciudano iraní Jorge “Yussuf” Khalil, el ex Fiscal Federal Héctor Luis Yrimia, como también, un presunto agente de inteligencia llamado Ramón Allan Bogado.

Como es sabido, unos días más tarde, el hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal Nisman sacudió al país. Las circunstancia de su muerte han motivado el inicio de una investigación judicial que hoy está en curso y que, desde luego, no serán motivo de análisis en este artículo. 

Lo que esta líneas se proponen es aportar una serie de conceptos básicos del proceso penal debido al interés que esta causa, que involucra a máximas autoridades nacionales, despierta en la sociedad y cuyas implicancias políticas son notorias. 

El requerimiento de instrucción del Fiscal Pollicita

La denuncia presentada por Nisman, luego de unas cuestiones de competencia, quedó radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal, a cargo de Daniel Rafecas, Dicho magistrado, como es usual, corrió una vista al fiscal competente: Gerardo Pollicita. 

El referido fiscal, contestando la vista que le dio el juez Rafecas, presentó un requerimiento de instrucción (texto acá) basado, como señaló en el escrito, "pura y exclusivamente en los elementos con los que se cuenta hasta el momento y que fueron aportados en la denuncia" presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Respecto al tema -que provocó un gran revuelo por la situación de la imputación a la Presidenta de la Nación y a otros funcionarios- publicamos este timeline desde, nuestra cuenta en Twitter, @blogdelderecho:
1. Respecto al tema de momento -la imputación a la Presidenta- caben señalar algunas precisiones para el público ajeno al Derecho.
 2. El escrito presentado por el Fiscal Pollicita es un requerimiento de instrucción, paso necesario para comenzar una investigación penal.
3. El Ministerio Publico Fiscal es el titular de impulsar la denominada "acción penal", por eso, es necesario que un fiscal decida avanzar.
 4. En un proceso penal, cuando se formula una denuncia es necesario darle vista al fiscal para que este decida si impulsar o no la acción.
5. Ese paso de esa vista está previsto en el Art. 180 CPPN y cuando recibe la denuncia planteada el fiscal tiene tres caminos posibles.
6. El Fiscal podrá A] Formular requerimiento de instrucción, B] Solicitar su desestimación o C] Solicitar remisión a otra jurisdicción.
7. Lo que impulsó el Fiscal Pollicita es el inicio de una investigación sobre los hechos denunciados por el Fiscal Nisman.
8. El requerimiento de instrucción debe contener -básicamente- una relación circunstanciada de los hechos y la indicación de los imputados.
9. La imputación no supone, bajo ningún aspecto, culpabilidad. Es el señalamiento de una persona bajo una hipotética conducta delictiva. 
10. Esa imputación es lo que se deberá tratar de comprobar o desechar a lo largo de la instrucción penal (investigación). 
11. Si a lo largo de la investigación se considera que, con los hechos imputados y la prueba, hace mérito se dicta un procesamiento. 
12. El procesamiento tampoco supone culpabilidad sino elementos que harían pasible a la persona imputada para concurrir a juicio oral. 
13. El Procesamiento, desde luego, se puede apelar y una Cámara puede revocarlo, anular las actuaciones, etc. 
14. Supongamos un procesamiento, la Cámara lo confirma y el juez considera que la investigación está terminada la dará vista al fiscal. 
15. Allí el fiscal tendrá 3 caminos: A] considerar no completa la investigación, B] pedir sobreseimiento o C] requerir la elevación a juicio. 
16. Si el fiscal requiere elevación a juicio el juez resolverá su elevación y, cuando eso pasa, cambian parte de los actores. 
17. Deja de actuar un juez y fiscal de instrucción para darle lugar a fiscal y tribunal de juicio oral. Otra etapa procesal: la de juicio. 
18. La persona, aunque llegue procesada a juicio, sigue presumiéndose inocente hasta condena judicial firme. 
19. Es decir que debe ser condenada por un tribunal oral y no debe estar pendiente la resolución de ningún recurso judicial. 
20. Recién allí con una condena judicial y ningún recurso pendiente es que, en nuestro derecho, podemos decir que es culpable de un delito.
¿Qué es una imputación?

Es una pregunta que se impone para un público ajeno al mundillo del derecho para darle una adecuada dimensión a lo que día a día ocupa los principales lugar en los medios masivos de comunicación.

Para dar respuesta a ese interrogante el Diario La Nación publicó este video del doctor Edgardo Donna (Profesor de Derecho Penal en la UBA) donde explica, en general, qué es un delito y qué es una imputación. 



Una imputación -básicamente- es señalar a alguien como presunto responsable de un delito. Este es un momento del proceso penal de gran importancia porque supone para la o las personas imputadas la aparición con toda potencia de su derecho de defensa -rebatir aquello que se les adjudica- con todas las garantías que la Constitución Nacional y las leyes les otorgan, por ejemplo, designar abogado, negarse a declarar, entre otras. 

Compartimos las palabras de Gustavo Arballo en cuanto a que "a los efectos del proceso toda persona a la que alguien le sindica un delito es técnicamente un imputado desde el acto mismo de la denuncia". 

La imputación opera como una etapa previa y el fiscal sólo pedirá la indagatoria si considera que hay un verdadero estado de sospecha sobre la comisión del delito. Si el juez convoca a indagatoria y entendiera que hay "elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste" dispondrá el procesamiento de aquella persona (Art. 306 CPPN). 

Un procesamiento se dicta con o sin prisión preventiva y ello nos conduce -inevitablemente- a la próxima pregunta.

¿Se puede arrestar a un Presidente de la Nación?

La respuesta al interrogante viene de la Constitución Nacional y la Ley Nacional Nº 25.320 de Inmunidades para Legisladores y Otros Funcionarios, sancionada en tiempos de Fernando De La Rúa.

El presidente y vicepresidente de la Nación pueden ser sometidos a proceso penal pero gozan de "inmunidad de arresto", es decir, que no pueden ser objeto de una medida restrictiva de libertad, mientras ejerzan el cargo. 

Para poder ser detenidos tienen que, previamente, se destituidos mediante un juicio político en el que corresponde, según la Constitución Nacional, a la Cámara de Diputados acusar y a la de Senadores juzgar. 

La letra constitucional dice respecto a la Cámara de Diputados que: 

Artículo 53.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.

Mientras que respecto a la Cámara de Senadores dice:

Artículo 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. 

Artículo 60.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

A su vez, la Ley de Inmunidades 25.320 establece, en el artículo 1º, una serie de elementos importantes para lo que aquí comentamos: 

- En primer lugar, que "el llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad" pero en el caso de que el funcionario no concurra a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político.

- Si se dicta alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el funcionario sea separado del cargo pero el proceso penal, no obstante, puede continuar hasta su final.

Por lo tanto, en nuestro derecho, un presidente puede ser sometido a proceso penal pero no puede ser arrestado -mientras dure su mandato- si no es previamente destituido mediante un juicio político.

A modo de cierre señalamos que escribimos estas líneas a modo de breve explicación de un tema de coyuntura y al sólo objeto de sumar algunos elementos básicos de derecho para un público ajeno a estas cuestiones.

José Ignacio López

martes, 23 de diciembre de 2014

Una interpretación ajustada a la Constitución del plazo de vigencia de las medidas cautelares frente al Estado

Se trata de uno de los puntos que despertó mayor controversia en la nueva legislación. Una mirada desde la doctrina y un reciente pronunciamiento judicial avalan su constitucionalidad aplicando la interpretación de la Corte Suprema de Justicia.


Este breve artículo pretende poner de resalto una interpretación de la vigencia temporal de las medidas cautelares contra el Estado en armonía con la Constitución Nacional. Dicha tarea se encuentra motivada, por un lado, en un valioso aporte doctrinario al efecto[1] y, por el otro, en un reciente pronunciamiento judicial[2] que receptó esta hermenéutica.

Corresponde reseñar, en primer lugar, que el Congreso de la Nación consagró una regulación especial para regir las medidas cautelares frente al Estado. Se trata de la ley 26.854, que –en el ámbito federal– legisla todos sus aspectos: nacimiento, vigencia, modalidades y extinción. Ese plexo normativo introdujo una serie de novedades, entre las cuales y en lo que aquí interesa, estableció la vigencia temporal de las medidas cautelares[3]

Dispuso que “al otorgar una medida cautelar –dice el artículo 5– el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis (6) meses”. A su vez, la norma posibilitó la extensión del plazo en estos términos: “Al vencimiento del término fijado, a petición de parte, y previa valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso, el tribunal podrá, fundadamente, prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de seis (6) meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable. Será de especial consideración para el otorgamiento de la prórroga la actitud dilatoria o de impulso procesal demostrada por la parte favorecida por la medida”.

Este aspecto de la regulación –la vigencia temporal de las medidas cautelares– desde la sanción de la ley ha sido motivo de objeciones constitucionales. Veremos, en lo que se sigue, una interpretación de la cláusula respetuosa de los preceptos contenidos en nuestra Constitución Nacional. 

Corresponde aludir, en este tramo, a los lineamientos fundamentales de interpretación legal que ha enseñado nuestra Corte Suprema de Justicia para, desde esa inteligencia, examinar si la cláusula en cuestión resulta o no lesiva a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales que la integran.

En ese marco, el Máximo Tribunal ha dicho que “el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley[4] y, añadió, que dicha interpretación “debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial[5].

También ha enseñado que “La interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido[6].

Bajo tales premisas, la jurisprudencia acuerda que “la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico[7]; por lo que “no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados[8].

Asimismo, “debe reparase que la colisión con los preceptos y garantías de la Constitución Nacional –que conduzcan a tal declaración- debe surgir de la ley misma y no de la aplicación irrazonable que de ella se haga en el caso concreto, debiendo extremarse los recaudos para efectuar una interpretación que, resguardando el mandato constituyente, compatibilice con aquél la norma infra constitucional aplicable en el caso concreto[9].

Con esos criterios a la vista, cabe citar el aporte doctrinario acerca de la ley 26.854 de María Fernanda Lombardo[10] quien destaca que “la ley habilita la prórroga de la medida, a cuyo fin no prevé límites a las oportunidades en las que podría ser concedida la prórroga, y sólo exige al juez que vuelva a valorar el interés público comprometido y que la prórroga sea fundada (lo que excluye la posibilidad de que sea automática)”.

Entonces, dice la autora, “la fijación de un plazo (de seis meses, o tres, según el caso) no implica que, a su término, decaiga necesariamente la medida. La prórroga es posible y los requisitos para que ella proceda conducen únicamente a colocar al juez interviniente en condiciones en que debe examinar, al menos cada seis o tres meses (según la índole del proceso), la subsistencia de las razones que justificaron la concesión inicial. Lo dicho importa que no parece una intromisión del legislador la introducción de una vigencia temporal, sino el ejercicio de una competencia que le ha sido constitucionalmente conferida, que abarca fijar las atribuciones de los tribunales”.

Refuerzan este criterio un reciente pronunciamiento de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que revocó una sentencia que declaraba la inconstitucionalidad del artículo 5 de la ley 26.854. La jueza de primera instancia había entendido que la norma veda la posibilidad de otorgar más de una prórroga y que ello era lesivo del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y que, a su vez, desconoce las facultades ordenatorias e instructorias que tienen los jueces en ejercicio de su función para ponderar, según los hechos de cada caso concreto, el alcance de la medida cautelar a adoptarse con el fin de efectivizar la tutela judicial[11].

La Cámara, por el contrario y en coincidencia con el Fiscal General del fuero, señaló que “la interpretación literal del artículo conduce a sostener que la norma no prohíbe expresamente prorrogar a medida cautelar por más de una vez. Siendo así, no se advierte que, en el particular supuesto de autos, el dispositivo legal resulte inconciliable con el principio constitucional a la tutela judicial efectiva, habida cuenta que, su aplicación no impide que, de mantenerse las circunstancias fácticas y jurídicas que justifican admitir la tutela anticipada, tal como ocurre en el caso, pueda prorrogarse su vigencia[12].

Este criterio tiene una importancia notable dado que es el primer pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones del fuero específico que analiza la constitucionalidad del plazo de vigencia de las medidas cautelares frente al Estado luego de vencido el término primigenio por seis meses y su prórroga por un período equivalente. 

A modo de conclusión señalamos que la interpretación de la cláusula legal relativa a la vigencia temporal de las medidas cautelares frente al Estado nos parece valiosa porque se ajusta a los estándares de hermenéutica de las leyes que ha delineado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en esa inteligencia, permite sostener la validez de la disposición legal bajo análisis, garantizando el derecho constitucional y convencional a la tutela judicial efectiva.

María García Urcola y José Ignacio López
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[1] Lombardo, María Fernanda. “Las medidas cautelares contra el Estado o sus entes descentralizados según la ley 26.854. Análisis de pertinencia y proyecciones de algunos aspectos de su regulación”. Publicado en Revista de Derecho Público N° 6 de Infojus. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
[2] CNCAF. Sala II. “Lan Argentina S.A. c/ ORSNA s/ medida Cautelar”. Resolución del 16 de diciembre de 2014. 
[3] Artículo 5 de la ley 26.854. 
[4] Fallos: 326:4909. 
[5] Fallos: 320:495, 329: 2890, entre otros. 
[6] Fallos: 320:1495, 329: 2890, entre otros. 
[7] Fallos: 311:394; 328:4282, entre otros 
[8] Fallos: 315: 923, 330: 5032, entre otros 
[9] Fallos: 331: 1123. 
[10] Véase Lombardo, María Fernanda. “Las medidas cautelares contra el Estado…”, cit. Pág. 188 y siguiente. 
[11] Véase Juzg. Cont. Adm. Fed. n. 11, Sec. n. 21, "Incidente nro. 2 - Actor: Lan Argentina SA — Moritan Demandado: ORSNA — Van Lacke s/inc. de medida cautelar", expte. 36.337/2013/2/CA2, resolución del 18 de septiembre de 2014. 
[12] Véase CNCAF. Sala II. “Lan Argentina S.A. c/ ORSNA s/ medida Cautelar”, cit. Considerando VI. 

sábado, 13 de diciembre de 2014

Tres años compartiendo la actualidad jurídica

Comenzó como un mero hobby y hoy es mucho más que eso. De un comienzo rústico a las redes sociales. El aporte de muchos colegas, la explosión de ingreso democrático y los desafíos que vienen. Un breve relato de los primeros 1095 días de Palabras del Derecho.


Un trece de diciembre -pero de 2011- comencé con Palabras del Derecho, por eso, hoy es un día importante que implica la celebración del tercer aniversario de este espacio. 

Hablar o, en este caso, escribir sobre lo que uno hace no es una tarea sencilla. Los que saben aconsejan que esa práctica siempre esté a cargo de terceros. No obstante, cometeremos la imprudencia con el cuidado de tratar de efectuar un simple relato.

El blog comenzó como un mero hobby, una forma de entretenimiento que permitiera interactuar con diversos amigos y colegas sobre información y debates del mundo del derecho. Los comienzos fueron precarios, sin experiencia alguna en lo atañe a los blogs, avancé con una plataforma simple para poder escribir breves artículos.

Durante el año 2012, concretamente el 19 de mayo, combinamos el blog con las redes sociales. La intención fue potenciar su llegada que, sólo desde el blog, era muy limitada. Así nació “Palabras del Derecho” como página de Facebook y, posteriormente, como cuenta en Twitter en @blogdelderecho

A partir de allí el proyecto tomó otro cuerpo y, actualmente, le dedico diariamente tiempo al espacio para estar actualizado –en la medida de lo posible– de las novedades jurídicas. Justamente, la dinámica de las redes sociales permitió publicar de forma asidua las últimas leyes relevantes, como así también, jurisprudencia seleccionada. 

La finalidad del espacio siempre ha sido el aporte, discusión y crítica de la actualidad del derecho, sin ningún fin de lucro y, por lo tanto, sin ningún tipo de auspiciaste. Todo lo hecho a sido pura y exclusivamente "a pulmón". 

La sanción de la Ley Nacional de Ingreso Democrático al Poder Judicial fue una bisagra en el blog dado que un artículo descriptivo del nuevo procedimiento de acceso al empleo en la Justicia, dando cuenta el interés que despertó el tema, provocó mucha interacción y, con ello, nuevas personas conocieron o se sumaron al blog. 

Tampoco puedo dejar de decir que en estos tres años conté con mucha ayuda para estar al tanto de diversas novedades jurídicas y se dieron participaciones que enriquecieron el espacio. Nuevamente les agradecemos a los distintos colegas que escribieron como invitados en el blog.


Desde lo personal es una gran satisfacción llevar adelante este espacio que me ha permitido conocer a diversas personas a lo largo del país y, a su vez, me ha enriquecido con debates sobre puntos que desconocía o con miradas que no había explorado. 

Tres años de Palabras de Derecho, no son poca cosa, merecen un festejo que renueva las energías, fortalece el desafío a mejorar y empuja a seguir por mucho tiempo más con este espacio que no sería nada sin ustedes que lo siguen.

José Ignacio López.