viernes, 24 de marzo de 2017

El arduo camino de la Justicia

Al cumplirse 41 años de la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país hacemos un breve repaso por la trama política y jurídica que permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de los delitos atroces contra el pueblo argentino.


El 24 de marzo de 1976 un golpe cívico-militar interrumpió el orden constitucional y se instaló en la Argentina la época más oscura que recuerde la historia de nuestra Nación. Durante los ocho años que la dictadura ejerció el poder de facto se cometieron un sinnúmero de delitos atroces, se implementaron políticas de destrucción del aparato productivo nacional, se retrocedió en los derechos sociales alcanzados y se endeudó al Estado de una forma inédita.

El 10 de diciembre del 1983, la Argentina recuperó la democracia y asumió un presidente constitucional, el doctor Ricardo Raúl Alfonsín, quién ordenó la constitución de una comisión para investigar los crímenes de la dictadura, fue así que nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) quién un año más tarde entregaría a manos del ex presidente radical su informe denominado “Nunca Más”.

En dicho informe se constató que la dictadura había implementado, durante los años que detentó el poder, un plan sistemático de desapariciones forzadas de personas, centros clandestinos de detención y delitos atroces contra los ciudadanos argentinos.

Con este documento, el presidente Alfonsín impulsó en 1985 la realización del Juicio a las Juntas, un proceso penal contra los altos mandos militares realizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (integrada por los doctores Arslanian, Torlasco, Gil Lavedra, Valega Araoz, Ledesma y D'Alessio) y que terminó con la condena a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.

Luego de este proceso histórico, el presidente Alfonsín sufrió una gran presión de parte de la corporación militar que, viéndose acechada por la justicia, forzó en 1986 la sanción de la Ley de Punto Final, una norma que estableció la prescripción de las acciones penales vigentes contra los responsables de los delitos del terrorismo de Estado que no que no hubieran sido llamados a declarar en un plazo de 60 días posteriores a su sanción.

Un año más tarde, se limitó aún más el accionar del Poder Judicial, con la sanción de la Ley de Obediencia Debida, norma que postuló una presunción legal que no admitía prueba en contra respecto a los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida", concepto según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

Con dichas normas promulgadas se hizo notar un amplio descontento social en la ciudadanía nacional y el resultado concreto fue que sólo habían sido condenadas las cúpulas militares en el Juicio a las Juntas y lo todo demás, a excepción del “robo de bebés”, quedaba cubierto por un negro manto de impunidad.

Faltaba más para agravar el marco normativo de la impunidad, entre los años 1989 y 1990, el ex presidente Carlos Saúl Menem dictaría una serie de diez decretos indultando a los ex comandantes y civiles que cometieron delitos durante los oscuros años del “Proceso de Reorganización Nacional” incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras.

Con esos indultos, inexplicables, se perfeccionó un cuadro de profunda impunidad en nuestro país, con el Estado Nacional silenciando crímenes horrorosos que sufrió su pueblo durante esos sombríos años. 

Vinieron años durísimos para los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado pero ellos siguieron bregando por Justicia. Fue así que se fueron abriendo pequeñas luces de esperanza desde lo judicial, por ejemplo y sólo para destacar algunos, la actuación de la Justicia Francesa que condenó en ausencia a prisión perpetua a Alfredo Astíz en 1990 por la desaparición de las monjas Domon y Duquet, también la del magistrado español Baltasar Garzón quién pidió la extradición y juzgó a Adolfo Scilingo por los vuelos de la muerte.

En tiempos que no se podía condenar, por regir las “leyes del perdón”, párrafo aparte merece un sector del Poder Judicial Argentino que a fines de la década de los 90, a pedido de los familiares y asociaciones de derechos humanos que fundándose en los pactos internacionales de derechos humanos y en el derecho a la verdad (que abarca el derecho a la memoria, el duelo -reclamo del cuerpo o el destino corrido por la víctima- y al patrimonio cultural -rito funerario- impulsaron la apertura de procesos judiciales cuyo propósito fue averiguar qué había pasado con las personas desaparecidas.  

Así se iniciaron los “Juicios por la Verdad”, la Cámara Federal Platense lo hizo por medio de la Acordada 18 del 15 de abril de 1998 y luego se sumaron Mendoza, Mar de Plata y Bahía Blanca. En estos procesos, de notable importancia histórica e institucional, la inmensa cantidad de testimonios y pruebas colectadas sirvieron luego cuando la Justicia inició los juicios con facultad condenatoria. Además, se lograron encontrar una gran cantidad de cuerpos de personas desaparecidas para entregárselos a sus familiares para poder rendirles el respectivo culto.

Fue a partir del 25 de mayo de 2003, cuando asumió la Presidencia de la Nación el doctor Néstor Carlos Kirchner, que se dio un gran giro, el Poder Ejecutivo Nacional comenzó a impulsar con notable decisión la reapertura de procesos judiciales penales contra los responsables de la última dictadura militar.

De esta forma, envió un proyecto para dar por tierra con las “leyes del perdón” y fue el Congreso de la Nación en el año 2003, por medio de la ley 25.779, quién declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

Dos años más tarde, en una de las sentencias más importantes de la historia judicial argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Simón”, de 259 páginas de extensión, declaró la nulidad de dichas leyes de amnistía y expresó que los delitos cometidos por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

En el año 2007, el Máximo Tribunal en la causa "Mazzeo", declaró la inconstitucionalidad de los indultos hacia los altos mandos militares responsables de los crímenes de la dictadura emitidos por el ex presidente Carlos Menem.

Estas medidas políticas y judiciales permitieron que se reabran los procesos penales contra los responsables de los atroces crímenes cometidos durante la última dictadura militar. De esta forma la Justicia retomó la tarea en la que nunca debió ser limitada y así, desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, se han realizado cientos de procesos, de los cuales la mayoría han sido a partir del 2004, con 174 sentencias dictadas, arrojando la cifra actual de 948 condenados, 91 absueltos, en causas que contabilizan un total de más de diez mil victimas.

Han pasado muchos años de los horrores del terrorismo de Estado en nuestro país, aún las heridas y sus efectos siguen vigentes causando un dolor infinito al pueblo muy difícil de apagar, por eso, le corresponde al Poder Judicial de nuestra Nación un actuar pronto y eficaz que asegure Memoria, Verdad y Justicia para que todos los argentinos podamos decir: NUNCA MÁS.

José Ignacio López.

domingo, 12 de marzo de 2017

Ciudadanía y administraciones públicas ¿Por que no intentar con otras herramientas? A propósito del proyecto de ley Mediación Voluntaria Administrativa de la Provincia del Neuquén.

Por Pablo A. Gutiérrez Colantuono (*)
Invitado especial en Palabras del Derecho


1. Hace tiempo venimos insistiendo en la conveniencia de acercar los instrumentos de las administraciones públicas al sentir ciudadano, especialmente hemos planteado del procedimiento administrativo la necesidad que el mismo sea una herramienta de diálogo y no un mero formalismo para llegar la persona, agotada ciertamente, al control judicial de la actividad administrativa. 

2. El procedimiento administrativo  impugnatorio, como bien es sabido, es una herramienta que al menos en teoría permite peticionar y recurrir  decisiones administrativas que afectan su derechos subjetivos públicos – aún siguen algunas restricciones en materia de legitimación equivocadas a nuestro criterio, como si se tuviese temor a “avalanchas” de reclamos fundados en el simple interés de la legalidad  -. 

En este sentido, el denominado procedimiento administrativo impugnatorio – para diferenciarlo del elemento esencial  “procedimiento”  del acto administrativo -  es una garantía ciudadana. A través de ella se promueven y protegen los derechos de las personas en el ámbito de las propias administraciones públicas generadoras del acto u omisión que lesiona los derechos. Esta falta de independencia e imparcialidad de quién resuelve puede minimizarse al máximo posible si pensamos en el interés general, interés público o bien común como valor superior de nuestras administraciones. Es este interés junto a la búsqueda permanente de la verdad material y no meramente formal en sus actuaciones, aquello que permite a las administraciones revisar sus propias decisiones. 

3. Desde la academia y, fundamentalmente desde los operadores del sistema, hemos de tomar debita nota de la contextualización mayor en que se encuentra esta herramienta ciudadana: es la aplicación concreta de una garantía que brinda contenido y eficacia a los derechos fundamentales y demás derechos contemplados en nuestra constitución y los mas diversos tratados que contienen derechos humanos en sus articulados sean o no de derechos humanos específicamente, en nuestro criterio. 

De allí que esta garantía no puede arrojar la clausura de otra garantía como es el acceso a la justicia con regulaciones de plazos breves de caducidad. Este razonamiento que hemos expuesto hace tiempo debería reflejarse en prácticas administrativas y judicialistas que flexibilicen los plazos de caducidad  existentes en leyes nacionales y algunas provinciales, ya que se trata del “acceso” a la justicia en sentido amplio y no un mero tecnicismo.  

4. Cierto es que el procedimiento administrativo impugnatorio tiene por finalidad ser un instrumento que le permita a las administraciones públicas revisar las diversas decisiones de sus propios órganos tanto de la administración centralizada como descentralizada. Estas decisiones deben ser una exteriorización de la dinámica constitucional y convencional de los derechos humanos,  luego del orden de la ley; en caso de  ser contrarias las decisiones a la constitución, los tratados de derechos humanos o la ley, la máxima autoridad administrativa debe dejar sin efecto esa decisión por cuestiones de juridicidad en sentido amplio. Conecta claramente con el bienestar general que no es más que la realización de aquel mandato ético, constitucional y convencional que es la dignidad de las personas.

5. Cabe resaltar que la garantía de recurrir las decisiones de las administraciones públicas es una herramienta ciudadana  que  permite ejercer de forma gratuita el control social de las decisiones administrativas y no tan sólo promover y proteger los derechos individuales en el asunto administrativo concreto. Es un espacio institucional para prevenir posible conflictos y resolver controversias entre los derechos ciudadanos y el poder – competencias públicas-  sin patrocinio letrado y sin mayores formalismos.  

6. La pregunta del título de estas reflexiones permitió imaginar la alternativa de la Mediación Voluntaria Administrativa. Esta idea ha sido presentada por el Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén  recientemente  como proyecto de ley a la Legislatura Provincial[1].

¿En que consiste la Mediación Voluntaria Administrativa? 

Consiste en la implementación de un método no adversarial de resolución de conflictos planteados entre los ciudadanos y sus administraciones públicas en la esfera provincial.

Dicho método es de implementación voluntaria para los ciudadanos y obligatoria para las administraciones ante el pedido de aquellos.  La administración puede solicitar un asunto sea sometido a mediación pero este pedido queda supeditado a la aceptación voluntaria por parte de la persona involucrada en el tema pudiendo renunciar en cualquier momento a dicha instancia conciliatoria.  

Se suspenderán los plazos administrativos tanto para impugnar como para adoptar la decisión la administración por el lapso de tiempo que establece el proyecto de ley de duración de la instancia de mediación. Es, lógicamente,  gratuito y llevado a cabo por personas con idoneidad en la materia e independencia de la propia administración. Si se arriba a un acuerdo este es refrendado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial;  en caso contrario se reanudan los plazos del procedimiento administrativo tendientes a que la persona logre obtener el acto administrativo que agote la vía administrativa. 

El concepto de la mediación en el ámbito de las administraciones públicas parte de entender que la ciudadanía es capaz de colaborar y participar en la búsqueda de soluciones mancomunadas a cuestiones que la afecten, las que por otro lado, al ser la solución que los involucrados consideren justa, acarrea un mayor nivel de cumplimiento del acuerdo y genera satisfacción con el resultado obtenido.

Los mediadores que coadyuvarán en la búsqueda de la solución, son terceros imparciales, ajenos al conflicto, ello otorga el marco de confianza necesario y el respeto a los principios de neutralidad, imparcialidad y buena fe que rigen a la mediación.

7. El método propuesto fortalece el diálogo entre la ciudadanía y la administración, así como reduce los tiempos necesarios para arribar a la finalización del conflicto, que si se resuelve favorablemente, encuentra una solución y acorta los tiempos que demandaría una solución en instancia judicial.

La mediación pone en valor la actividad preventiva de nuestras administraciones, en tanto actividad permanente, continua, práctica de efectos directos en nuestra ciudadanía que logra eficazmente distender la conflictividad social. Al mismo tiempo descienden los niveles de judicialización de los mismos. Proponemos así migrar del paradigma judicialista del conflicto con nuestras administraciones hacia uno tutelar preventivo dentro de nuestras propias administraciones pero con las debidas garantías del debido proceso, de entre ellas independencia, imparcialidad y  plazo razonable.   

La experiencia puede ser positiva….o no. 

Solo la puesta en valor y concreción de la misma con dispositivos y personas adecuadas podrá arrojar estadísticamente resultados seriamente mensurables. 

De momento ha sido pensada experimentalmente en el ámbito de los recursos y reclamos por ante el Poder Ejecutivo. Con el tiempo y según sea la evolución que registre este mecanismo podrá proyectarse a otras áreas -ministeriales, secretarias, direcciones, entes descentralizados, entre otros - .

8. Esta herramienta es parte de un conjunto  mayor de ideas y dispositivos que pueden contribuir a lograr cambios culturales de la gestión de nuestras administraciones. Para ello es conveniente repensarnos tanto la ciudadanía como  las propias administraciones, encontrando nuevos dispositivos e instituciones con mayores niveles de democratización y permeabilidad en el vínculo ciudadanía-administraciones.

En este sentido hemos sugerido algunas alternativas: I.  Las ONGs: Irrupción en los espacios de gobierno de las organizaciones sociales, de forma tal de amplificar su recorrido social y  territorial pero ahora desde el propio Estado. La mirada fresca, sensible, de escucha, de sensibilización por lo general de las ONGs brinda una flexibilidad y plasticidad distinta a los gobiernos cuyos funcionarios políticos habrán de aprender que el Estado es un estado. Un estado anímico, del sentir, del pensar, del escuchar, del articular de entre otras acciones para luego, sí claro, gestionar. Ello conlleva algunas precisiones necesarias: a. Las ONGs deben primero aceptar el desafío, están acostumbradas muchas de ellas a “luchar contra” el gobierno, y en el esquema que proponemos ellas pasan a integrar un gobierno, ahora es desde el gobierno y no en contra de este. b. Los gobiernos deben desde el espacio estatal ampliar, multiplicar y  apalancar el recorrido social preexistente para impactar las estructuras estatales y desde allí expandirse con mayor fuerza aún hacia la sociedad toda. Con ello es posible “contagiar” la  matriz de sensibilización y lucha por los derechos y deberes propios de cada ONG  a otras áreas de la humanidad y otros sectores sociales. c. Los gobiernos deben revisarse continuamente para auto restringirse en la “tentación” de apropiarse o vaciar las ONGs en vez de amplificar sus trayectos sociales. II. El ecosistema cultural: la escucha a las y los artistas, la mirada hacia y desde su presencia sensible y testimonial de quienes son hacedores de la cultura nos alertan sobre aquello que no debe suceder, de los límites del accionar de todo  gobierno y del propio contenido de las políticas públicas todo ello en sensibilidad y heterogeneidad social. Los hacedores de la cultura son una suerte de “luz roja” que alerta a los gobiernos de qué fronteras no traspasar. III. Banco de pensadores: personas que desde sus ciencias puedan brindar interdisciplinariamente miradas a temas locales y del presente desde una perspectiva universal y temporal distinta.  Los pensadores son en parte las y los intelectuales pero también son aquellas personas activistas sociales que con su escucha, su recorrido y sus sapiencias recogidas desde la experiencia pueden conjuntamente diagnosticar los grandes trazos por dónde camina y caminará nuestra humanidad. La fusión de ideas, valores y  experiencias se convierte en insumo para las posibles políticas públicas. En fin estas tres herramientas junto a cientos de otras que pueda acaso imaginarse, pueden impactar en una gestión de gobierno abierta y sensible de forma tal de refrescarla, renovarla constantemente y con ello legitimarla en términos del sentir ciudadano desde las miradas heterogéneas.

9. Siempre se puede – y debe – pensarse en nuevos dispositivos que respondan a una mirada general del pensar a las administraciones públicas desde otro lugar: cambio cultural de la gestión, de cómo se gestiona, para qué y por qué.  La ley de impersonalidad sancionada en la Provincia del Neuquén ha impuesto la obligación de promocionar los actos y gestos de gobierno sin promover personas, nombres ni cualidad alguna de sus gobernantes. Hace realidad así el diseño republicano de gobierno[2]. La creación de un ministerio de ciudadanía dentro de las estructuras ministeriales clásicas, ha implantado en el corazón “del poder” acciones gestos y miradas ciudadanas novedosas.  

10. Como hemos dicho es tiempo de cambiar la matriz de la gestión de los gobiernos, sus maneras muchas veces de no sentir que el Estado es eso un estado, un Estado de ciudadanía. Y estas herramientas van en tal sentido. Todas ellas pueden agruparse bajo un concepto único: diálogos ciudadanos y control social. Se dialoga desde el poder con la ciudadanía bajo dispositivos que permitan el intercambio fundamentalmente entre quienes piensan distinto. La construcción de puentes de diálogo necesariamente requiere la consciencia suficiente de dialogar con un método y un  fin determinado dentro de la gran superficie temática y procedimental que nos ofrece el basto campo constitucional. Todo dentro de la constitución, nada fuera de ella por cierto. 

El desafío es seguir pensando mecanismos ciudadanos individuales y colectivos de participación e incidencia que sean legitimantes de los  gobiernos legalmente constituidos.

Mientras ello sucede, encontramos en la Mediación Voluntaria Administrativa un mecanismo que acaso pueda ser eficaz en bajar la conflictividad y lograr que nuestras administraciones adquieran mayores niveles de humanidad al resignificarse como hacedoras de las condiciones mínimas que hacen a la dignidad de las personas. 




(*) Director Especialización en Derecho Administrativo Universidad Nacional del Comahue. 
[1] Se puede consultar en la cuenta de twitter @ColantuonoPablo 

miércoles, 8 de marzo de 2017

Historias de mujeres del Derecho

En el Día Internacional de la Mujer aprovechamos la ocasión para compartir una serie de breves historias vinculadas con el derecho 

María Angélica Barreda, la primera abogada argentina


Nació en La Plata en 1887 y se graduó de abogada en la Universidad Nacional de esa ciudad a los veintidós años, el 28 de diciembre de 1909, siendo la primera mujer en obtener ese diploma profesional la República Argentina. En 1910, obtuvo la matricula nacional pero cuando se intentó matricular para ejercer su profesión en la Provincia de Buenos Aires encontró negativas por el solo hecho de ser mujer y tuvo que acudir a la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Barreda, con su diploma firmado por Joaquín V. González y Rodolfo Rivarola, alegó "la mujer ha triunfado en las otras profesiones y continuará conquistando palmo a palmo la regla igualitaria que persigue en justicia". Finalmente, en acuerdo del 10 de junio de 1910, el máximo tribunal bonaerense hizo lugar a su pedido y la convocó a prestar juramento. Así, la primera abogada argentina ejerció su profesión durante más de 40 años y falleció, a los 76 años, el 21 de julio de 1963.

Margarita Argúas, la primera mujer que integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación


Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1902, estudió derecho en la UBA en la que se graduó en 1925 y luego doctorándose con una tesis sobre el derecho internacional privado, su especialidad. 

Argúas fue jueza de la Cámara Nacional en lo Civil en 1958 y luego, durante el gobierno de facto de Levingston, fue designada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a ese cargo en nuestro país y, además, en integrar un máximo tribunal en toda América. Se desempeñó desde 1970 a 1973, cuando presentó su renuncia, al igual que sus colegas, al asumir el gobierno constitucional de Héctor J. Cámpora. 

Nuestro país recién volvería a tener mujeres en el máximo tribunal con la llegada de Elena Highton y Carmen Argibay, a propuesta de Kirchner, en 2004.

Julieta Lanteri, la primera mujer que votó en la Argentina



Si bien no fue abogada, la historia de Julieta Lanteri estuvo signada por el derecho. Nació en Italia en 1873 y cinco años después migró a nuestro país. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de La Plata y logró ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en tiempos donde eran muy poco frecuente que mujeres se dedicaran a la educación superior y se convirtió en la sexta médica de nuestro país. Lanteri se nacionalizó como ciudadana argentina en 1911 y fue una pionera militante feminista que se convirtió, a través de una orden judicial, en la primera mujer incorporada al padrón electoral y que votó en las elecciones del 26 de noviembre de 1911.

Su lucha no se agotó allí sino que se postuló como candidata a diputada por la Capital en 1919 y proponía, entre otras cuestiones, que la maternidad fuera retribuida por el Estado, límite de seis horas para el trabajo femenino, salario igual en tareas equivalentes y sufragio universal para los dos sexos. Asimismo, Lanteri es protagonista de uno de los más conocidos casos de derecho constitucional: el que la enfrentó con su inquilino, Agustín Ercolano, por el precio de los alquileres congelados por una ley y perdió en la Corte Suprema. Recordamos en este día a Julieta Lanteri quien dejó escrito en 1922: “Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Éstos no se mendigan, se conquistan”.

Carmen Argibay y Elena Highton, las primeras mujeres designadas por un gobierno democrático en la Corte Suprema



Las primeras juristas que llegaron al Máximo Tribunal del país en un periodo democrático fueron Carmen María Argibay Molina y Elena Inés Highton de Nolasco, propuestas por el entonces presidente Néstor Kirchner.

La primera en ser postulada fue Argibay en 2003 pero fue la segunda en acceder al estrado dado que Highton juró en junio del 2004 y la primera en febrero del 2005.

Carmen Argibay nació en la ciudad de Buenos Aires, estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires y se graduó en 1964. Trabajó en varios juzgados públicos y enseñó Derecho en muchas universidades, hasta marzo de 1976, cuando la dictadura cívico militar la arrestó y mantuvo en prisión hasta diciembre de ese año. Luego volvió a ejercer la abogacía en forma particular.

A nivel nacional, en 1984 el gobierno de Alfonsín la nombró jueza y ascendida en los años 1988 y 1993. En el ámbito internacional integró el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenara en diciembre de 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se sometieron mujeres de distintos países a la esclavitud sexual y en 2001 fue nombrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el Tribunal Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. Se jubiló en 2002.

Fue integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal, y miembro fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, organización que presidió desde 1998 hasta 2000. También fundó la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Fue postulada a la Corte Suprema en diciembre del 2003, el Senado aprobó su pliego en junio del 2004 y juró como Ministra del alto tribunal en febrero del 2005.

Elena Highton de Nolasco nació en Lomas de Zamora en 1942, estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, se graduó en 1966 y se doctoró en 1980.

Su carrera comenzó en diciembre de 1973 cuando fue defensora oficial de menores e incapaces. Fue nombrada Jueza de la Nación en mayo de 1979 y, en junio de 1994, fue designada jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Fue postulada a la Corte en 2004, en junio de ese año recibió el acuerdo del Senado y ese mismo mes juró como Ministra, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la máxima jerarquía judicial en democracia.

Alejandra Gils Carbó, la primera mujer Procuradora General de la Nación



Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1958, se graduó en la UBA en 1981 y se especializó en economía política en FLACSO. Fue profesora adjunta de derecho comercial en la UBA y realizó una extensa carrera en el Poder Judicial y el Ministerio Público hasta que, en 2004, fue designada Fiscal General ante la Cámara Comercial.

En 2012, fue propuesta para la Procuración General por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Senado le dio su acuerdo por amplísima mayoría y se convirtió en la primera mujer que llegó a encabezar el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Stella Maris Martínez, la primera mujer Defensora General de la Nación



Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1951, se graduó de abogada en la UBA y se doctoró en derecho en la Universidad de Salamanca, en España. Fue docente en derecho político en la cátedra de Bidart Campos y luego de Derecho Penal con Zaffaroni en la UBA.

Tuvo una extensa carrera en el Poder Judicial y el Ministerio Público hasta que, en 2006, fue propuesta a la Defensoría General por el entonces presidente Néstor Kirchner, el Senado le dio su acuerdo y se convirtió en al primera mujer en encabezar el Ministerio Público de la Defensa.

Cierre

Las que aquí hemos contado son historias conocidas (y no tanto) de mujeres que han hecho camino en el derecho. Sirvan de pequeño homenaje a tantas luchadoras que, en forma anónima, también hacen sus enormes aportes a vivir en una sociedad más igualitaria.

José Ignacio López

miércoles, 15 de febrero de 2017

¿Corte Suprema vs. Corte Interamericana de DDHH? Comentarios al fallo “Fontevecchia”

Por Román De Antoni (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho
 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el reciente fallo “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso 'Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina'" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", ha adoptado una novedosa postura respecto al valor de los pronunciamientos de organismos jurisdiccionales internacionales cuando estos “modifican” decisiones adoptadas en la justicia nacional. El pronunciamiento ha reavivado la discusión en la doctrina constitucionalista respecto al alcance de la soberanía jurídica de los estados y su relación con el derecho internacional. ¿Cuál es el “nuevo valor” de las sentencias de la Corte Interamericana? ¿Hay un cambio de postura en la decisión del tribunal?

I. Resumen del fallo

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en el año 2011 en la causa “Fontevecchia y otros c/ República Argentina”[1], se dejara sin efecto una sentencia firme del año 2001 en la que CSJN confirmó una condena civil de indemnización por daños y perjuicios contra los periodistas Jorge Fontevecchia y Carlos D'Amico por violación a la vida privada de Carlos Menem, a raíz de una publicación periodística en la revista “Noticias” en la contaba acerca de un hijo no reconocido del ex presidente -Carlos Menen Jr.-.

En esa decisión, la Corte Interamericana -luego que el proceso transite durante 10 años las instancias ordinarias del sistema interamericano (SIDH)- declaró que el Estado argentino violó el derecho a la libertad de expresión de los peticionantes (art. 13, CADH), ordenando, entre otras reparaciones, dejar sin efecto la condena civil impuesta a Fontevecchia y D´Amico y todas sus consecuencias.

La CSJN, a través del voto conjunto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, y el voto propio del juez Horacio Rosattti,[2] resolvió desestimar el pedido de revocación de la Secretaría de Derechos Humanos, bajo las siguientes afirmaciones, las cuales a continuación pasaré a resumir:

A) Valor de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Las sentencias dictadas en procesos contradictorios contra el Estado Argentino son “obligatorias” y “vinculantes”, siempre y cuando:

1- Sean dictadas “dentro del marco de sus potestades remediables” (Considerando N° 6);

2- Sean sancionadas dentro de las funciones materiales que el art. 63 de la CADH le concede a dicho órgano internacional (considerando N° 20);

 Dicho de otro modo, la Corte Nacional reconoce el valor jurídico que poseen las sentencias de la Corte IDH, pero ella misma se arroga una nueva competencia: determinar cuándo ese tribunal actúa dentro de las competencia del art. 63 de la Convención Americana.

B) Alcance de doctrina de la “Cuarta Instancia”

Para la CSJN, la Corte IDH no constituye una “cuarta instancia” que revisa o anula decisiones jurisdiccionales estatales sino que resulta “subsidiaria, coadyuvante y complementaria” (Considerando N° 8); En ese sentido, la CSJN entiende que dejar sin efecto -o en sus propias palabras “revocar- una decisión propia, implica “transformar a la Corte IDH en una cuarta instancia , en clara violación a los principios estructurales del Sistema Interamericano” (Considerando N° 11); “La idea de revocación se encuentra en el centro mismo del concepto de “cuarta instancia”, en tanto una instancia judicial superior supone la capacidad de revisar las decisiones del inferior” (considerando N° 11).
 
Con respecto a la doctrina de la llamada “cuarta instancia”, vale decir que la misma no ha tenido desarrollo profundo en la jurisprudencia de la Corte IDH, pero “sí” en la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ha afirmado que su función no es ser -en principio- “una cuarta instancia para resolver errores de hecho o de derecho cometidos por los tribunales locales dentro de la esfera de su competencia a menos que ellos constituyan violaciones a la Convención” [3]como puede ser afectaciones al debido proceso o a la protección judicial. En otros términos, siempre que se aleguen violaciones a derechos contemplados en ese instrumento internacional los organismos del sistema interamericano pueden revisar las decisiones de los tribunales nacionales.

C) Límite material a la competencia de la Corte Interamericana

La CSJN sostiene que el tribunal interamericano se extralimitó en su función, en tanto al “revocar” una sentencia local incurrió en un “mecanismo previsto que no se encuentra previsto por el texto convencional” (Considerando N° 12); Así, sostuvo -luego de citar el art. 63.1 de la CADH- que la Convención Americana “no contempla la posibilidad que la Corte Interamericana deje sin efecto una sentencia dictada en sede nacional” (considerando N° 13) y que incluso la propia Corte Interamericana ha dicho que este tipo de decisiones resulta en ocasiones “improcedente”, haciendo referencia a los fallos “Aloebetoe Vs. Suriname” del año 1993 y “Blake vs. Guatemala” de 1999.

De lo expuesto surge una premisa y una posición política en la CSJN, más que notoria: la Convención Americana no puede “revocar” sentencias de tribunales nacionales. A su vez, esta polémica posición, es justificada mediante la invocación de fallos de la Corte IDH en donde el tribunal afirma que en algunos casos, cómo modo de reparación, sus sentencias no pueden ser cumplidos. Estas citas resultan totalmente alejadas de lo efectivamente resuelto en aquellos casos, dado que allí las sentencias de la Corte se referían a hechos totalmente distintos y no a la potestad de un Estado “de limitar o no” los efectos de un fallo.

D) Alcance del derecho público interno por sobre el derecho internacional. Interpretación del art. 27 de la CN

Para la Corte, los instrumentos internacionales deben ajustarse a la “esfera de reserva soberana” indicada por el constituyente en el art. 27 de la Constitución, en la que se encuentran los principios de derecho público local, en base a ello no resulta posible que la Corte Interamericana modifique una decisión de la Corte Nacional pasada en autoridad de “cosa juzgada” (considerando N° 16). Con posterioridad, afirma que, entre dichos principios, se encuentra el carácter de la CSJN como órgano supremo local y cabeza del Poder Judicial, por lo que privarlo de esos caracteres y sustituirlo por un órgano internacional, atentaría contra lo dispuesto en los arts. 27 y 108 de la CN (considerando N°17)

Finalmente, el voto culmina, luego de invocar citas (desactualizadas) de Joaquín V. González y Carlos Saavedra Lamas, con una interpretación del art. 27 de la CN, en la que se sostiene que el constituyente de 1994, al incorporar los tratados internacionales con jerarquía constitucional lo hizo reafirmando “la plena vigencia del derecho público como valladar infranqueable para los tratados internacionales” (considerando N° 19).

II. Nueva composición de la CSJN: un claro cambio de posición respecto al alcance del derecho internacional de los derechos humanos

Lo resuelto por el máximo tribunal argentino marca sin lugar a dudas una tendencia que se perfila en la nueva composición de la Corte Nacional: (i) la imposición del derecho público nacional sobre el derecho interno y (ii) un claro freno a la tendencia “aperturista” del derecho internacional de los derechos humanos por el que venía transitando la vieja composición del tribunal.

Esto, tal vez, podía avizorarse de la lectura de algunas de las impugnaciones presentadas en el proceso de selección de los nuevos integrantes (Rosatti y Rosenkratz), quienes fueron criticados por poseer “posiciones restrictivas” del derecho internacional de los derechos humanos por sobre el derecho interno y sobre el alcance del “control de convencionalidad”, que aquí se “ratifican”. [4]

El valor de las decisiones de organismos internacionales (puesto en discusión mediática recientemente en nuestro país en base al pronunciamiento del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas sobre la situación de Milagros Sala, aunque con matices diferentes), no resulta materia novedosa en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el contrario, tal como se aprecia en el voto de Maqueda, en los últimos 15 años -como vengo sosteniendo- existieron diferentes pronunciamientos que indicaron una progresiva apertura de nuestro ordenamiento nacional al derecho internacional de los derechos humanos, los cuales contaban con un factor común: la invocación como primer medida al principio de derecho internacional público denominado “Pacta sut servanda”, que indica que si un Estado ha firmado y ratificado un instrumento internacional, debe ser cumplido e interpretado de “buena fe” (artículos 26 y 31 de la Convención de Viene sobre Derecho de los Tratados).

Fallos trascendentes de la antigua composición de la Corte respecto al alcance del derecho internacional de los derechos humanos:  

 

1- "Espósito" (2003)
Este fallo marcó la primera oportunidad en que la antigua composición de la Corte inició el camino de apertura del derecho internacional de los derechos humanos, así, con un alcance totalmente distinto al fallo de análisis, la CSJN sostuvo que en el caso la decisión de la Corte IDH resultaba “de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (art. 68.I, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional". [5]

2- “Simón” (2005)
El criterio establecido en "Espósito" fue reafirmado con posterioridad en el Caso "Simón"(2005) en el cual afirmó que tanto la jurisprudencia de la Corte IDH como las directivas de la CIDH constituyen una "imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".[6] Aquí, fue notable el cambio de lenguaje utilizado por el supremo tribunal nacional, que ya no aludía a una "guía" como la había sostenido en la década de 1990.[7]

3- “Mazzeo” (2007)

 
Aquí, la CSJN se refirió por primera vez en forma expresa al “control de convencionalidad”, una creación doctrinaria de la Corte Interamericana que obliga a todos los jueces nacionales firmantes del Pacto de San José a ejercer un control de la Convención Americana. En sus decisiones. Así, sostuvo lo siguiente: “El Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplica en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no sólo el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana”. [8]

4- “Videla” (2010)
En este pronunciamiento, la CSJN confirmó su tendencia de apertura al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, afirmando lo siguiente: “…esta Corte ha precisado que a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y que dicho tribunal internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tarea en la que deben tener en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (el subrayado me pertenece). [9]

5- “Rodríguez Pereyra" (2012):
En este fallo, de pura tendencia “aperturista”, la CSJN marcó lineamientos sobre la doctrina del “control de convencionalidad”, poniendo en relevancia el funcionamiento armónico del sistema interamericano con el sistema judicial local. Debo destacar que esta cuestión ha sido omitida en el fallo aquí analizado. “…. los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”(el subrayado me pertenece). [10]

6- "Carranza Latrubesse" (2013)
El más alto tribunal nacional -en su voto mayoritario- postuló la obligatoriedad de cumplir en toda circunstancia con los informes “del artículo 51” de la Comisión Interamericana[11] y, en el caso, con las recomendaciones formuladas en el informe Nº 30/97, [12] por lo que el Estado debió indemnizar al actor ante el incumplimiento de dicho informe. En su resolución sostuvo lo siguiente: "si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de Derechos Humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos (OEA)".  [13]

7- "Mohamed" (2015)
En este última decisión, la CSJN sostuvo -en una posición totalmente contraria a la afirmada en “Fontevecchia”- que: “… a partir de la reforma constitucional de 1994, de acuerdo con lo dispuesto en el art.75, inc. 22°, de la norma fundamental, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en causas en las que el Estado argentina sea parte deben ser cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ella, esta Corte, como uno de los poderes del Estado argentino conforme lo previsto en el art. 68.1 de la misma Convención, debe cumplir la sentencia del tribunal internacional”.[14]

Para finalizar este punto, la postura que adoptaba la antigua composición de la CSJN fue también compartida por varios tribunales de la más alta jerarquía en la región, tales como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, [15] el Tribunal Constitucional de Bolivia, [16], el Tribunal Constitucional del Perú, [17] la Corte Constitucional de Colombia, [18] la Suprema Corte de la Nación de México[19] y la Corte Suprema de Panamá,[20] los cuales se han referido y poseen un criterio de total apertura y obligatoriedad respecto a las interpretaciones efectuadas por la Corte Interamericana en relación al derecho interno.

Postura contraria ha adoptado, por ejemplo, la Corte de Venezuela [21], la cual posee un criterio similar al que pareciera brindar ahora la corte argentina, restringiendo el alcance de las sentencias emanadas del más alto tribunal interamericano. Vale decir, que esta es una de las razones por las que el país “bolivariano” se retiró del Sistema Interamericano de derechos humanos en el año 2013.

III. Conclusiones

1- La nueva composición de la CSJN pone freno a la tendencia “aperturista” del derecho internacional de los derechos humanos que se venía propiciando en sus sentencias, colocándolo en un nivel por debajo de los principios de “derecho público” nacional;

2- Se crea un marco dudoso respecto al poder efectivo de las sentencias de la Corte IDH, dado por un lado son “vinculantes” y obligatorias”, pero ahora la CSJN es quien “controla” si las mismas son dictadas en “el marco” de competencia convencional, en otro términos, la propia Corte tiene la facultad de decidir “si cumple o no cumple” con lo dictado en dichas sentencias.

Como afirma Gustavo Arballo en su blog “esto es muy peligroso, porque si vamos a interpretar las sentencias de la Corte Interamericana con esta lógica mezquina todo el sistema sería inoficioso -y el mismo Ejecutivo, este u otro cualquiera, podría invocar esta idea para decir, cada vez que no le simpatice, que el Tribunal obró fuera de sus potestades remediales[22].

3- El resolutorio (i) debilita la protección a los derechos humanos en el orden interno, (ii) desalienta -de manera indirecta- el uso de la doctrina del “control de convencionalidad” y (iii) profundiza la crisis de “legitimidad” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos -vapuleado y debilitado también por su grave situación financiera-;

4- La Corte Suprema se ubica cómo el único poder soberano del Estado al cual no se le pueden “modificar” o “revisar” sus decisiones;

5- El fallo es susceptible de generar un nuevo supuesto de responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplimiento de las obligaciones asumidas en la Convencionales Americana sobre Derechos Humanos.-



(*) Abogado (UNLP), Magister en Derechos Humanos y Democratización (CIEP UNSAM/EUICVenecia), ex pasante de la CIDH, miembro de la APP y actual abogado en la Secretaría de actuaciones ante CSJN y Organismos Internacionales de la Defensoría de Casación Bonaerense.
[1] Corte IDH. Caso Fontevecchia y D´Amico Vs. Argentina. Sentencia del 29/11/11.
[2] Maqueda voto en disidencia.
[3] CIDH, Informe Nº 39/96, Caso Nº 11.673, Marzioni, Argentina, 15 de octubre de 1996, párrafos 50-51
[5] CSJN. Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa. 18/11/2003. Considerando N° 6.
[6] CSJN. Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad y otros. Causa N° 17.768C. 14/07/2005. Considerando N° 17.
[7] Ver CSJN. Fallos 318:514; 311:274; 318:2611.
[8] CSJN. Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad, 13 de Diciembre de 2007, considerando 21 del voto de la mayoría.
[9] CSJN. Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/recurso de casación. C.s. V.2.8.1. XVL (31/8/2010). Considerando N° 8.
[10] CSJN. Rodríguez Pereyra c/ Ejército Nacional. Sentencia del 27 de noviembre de 2012. Considerando 12 del voto mayoritario.
[11] CADH, Art. 51°: “1.Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe”.
[12] CIDH. Informe N° 30/97. Disponible en https://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Argentina10.087.htm, acceso 8 de junio de 2015.
[13] CSJN. Carranza Latrubesse c/ Estado Nacional. 6/8/2013. Considerando N° 3.
[14] CSJN. Resolución 477/15. Considerando VI.
[15] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Acción Inconstitucional. Voto 2313-95 (Expediente 0421-S-90), Sentencia de 9 de mayo de 1995, considerando VII.
[16] Tribunal Constitucional de Bolivia (Expediente No. 2006-13381-27-RAC). Sentencia emitida el 10 de mayo de 2010, apartado III.3. sobre “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fundamentos y efectos de las Sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
[17] Tribunal Constitucional del Perú .Sentencia emitida el 21 de julio de 2006 (Expediente No. 2730-2006-PA/TC), fundamento 12 y sentencia 00007-2007-PI/TC emitida el 19 de junio de 2007 por el Pleno del Tribunal Constitucional del Perú (Colegio de Abogados del Callao c. Congreso de la República), fundamento 26.
[18] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-010/00 emitida el 19 de enero de 2000, párr. 6.
[19] Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Expediente Varios 912/2010, decisión de 14 de julio de 2011.
[20] Corte Suprema de Justicia de Panamá, Acuerdo No. 240 de 12 de mayo de 2010, mediante el cual se da cumplimiento a la sentencia de 27 de enero de 2009, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santander Tristán Donoso contra Panamá.
[21] Ver por ejemplo caso Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela.

lunes, 13 de febrero de 2017

La Corte Suprema de Justicia durante el 2016

Un repaso por los principales fallos, las novedades administrativas e institucionales del año en que se completó la integración del Máximo Tribunal


La Corte Suprema tuvo durante el 2016 una agenda central en la vida institucional de nuestro país. Hacemos un pequeño resumen de lo que ocurrió en torno al tribunal, pasando por sus principales fallos, los movimientos que se dieron el seno de la Corte que comenzó el año con tres miembros, tras la salida de Carlos Santiago Fayt a fines del 2015, completó su integración con llegada de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la largamente demorada puesta en marcha de la Ley de Ingreso Democrático y otras cuestiones. Comencemos a recorrer los 365 días que pasaron. 

I. La integración de la Corte Suprema

El Máximo Tribunal comenzó el 2016, como se dijo, con tres ministros. El 1° de febrero,
el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, remitió al Senado los pliegos de los juristas Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, candidatos a ocupar dos cargos vacantes en la Corte, tras la polémica desatada por el nombramiento en comisión de ambos, días después de la asunción presidencial.

Los dos postulantes, con destacados antecedentes, fueron recibidos por el mundo del derecho, en general, con buenas críticas. Rosatti, abogado constitucionalista, que fue intendente de Santa Fe, convencional constituyente en 1994, Procurador del Tesoro de la Nación y Ministro de Justicia de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, afrontó la audiencia pública (aquí se la puede ver en parte 1 y 2) ante la cámara alta el 3 de marzo y mostró gran solvencia jurídica como política para contestar las inquietudes de los senadores. Mientras que Rosenkrantz, abogado graduado en la UBA, doctor en Derecho en Yale, rector de la Universidad de San Andrés que fue discípulo del fallecido filósofo Carlos Nino y ex asesor del ex presidente Alfonsín, también tuvo una audiencia rica en intercambios y la pasó con volumen (se puede acá en parte 1 y 2).

El Senado, el 15 de junio, le dio acuerdo a los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz para su designación como Jueces de la Corte Suprema. Al primero de ellos por 60 votos a favor y 10 en contra, mientras que al segundo por 58 votos a favor contra 12. Completando el proceso constitucional, el Poder Ejecutivo emitió los dos decretos de rigor (HR y CR).

Horacio Rosatti juró el 29 de junio en la Sala de Audiencias de la Corte ante sus colegas Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. 


Lo propio hizo, el 22 de agosto, Carlos Rosenkrantz y con dicha jura se completó la integración de la Corte Suprema de cinco miembros establecida por la Ley Nacional Nº 26.183 del 2006



II. Los principales fallos

Las rentas vitalicias también tienen derecho a la movilidad jubilatoria
En la causa "Deprati" reconoció a un jubilado por invalidez, que percibía su prestación a través de una compañía de seguros, el derecho a la movilidad otorgada por el Estado al resto de los retirados. La Corte consideró que la opción del beneficiario por cobrar su retiro a través de una compañía de seguros bajo la modalidad de renta vitalicia previsional no podía colocarlo al margen de la garantía de movilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que tiene carácter irrenunciable. De esta forma, ordenó a la ANSES que pague las sumas necesarias hasta cubrir las diferencias entre lo abonado por la compañía de seguros y lo que hubiera cobrado de haberse aplicado los aumentos legales.

Postulantes a un cargo gremial no gozan de protección legal contra el despido si no se le comunicó a la empresa su candidatura 
Así lo dispuso la Corte, en la causa "De Caso", al afirmar que quienes presentan ante un sindicato su candidatura para ser elegidos como representantes gremiales sólo gozan de protección legal frente al despido desde el momento en que se le comunica formalmente a la empresa la candidatura. El Máximo Tribunal resaltó que el artículo 50 de la ley 23.551 exige a la asociación sindical el deber de “comunicar al empleador el nombre de los postulantes”, y también faculta a los propios candidatos a efectuar esa comunicación; disposiciones que sólo tienen sentido si se entiende que la notificación al empleador es necesaria para que rija la protección legal contra el despido.

Ordenó tramitar amparo de los vecinos de Andalgalá en una causa por megaminería 
En "Martínez Sergio" resolvió que la Justicia provincial no podía rechazar un amparo sin analizar el planteo de los vecinos, que impugnaban la forma en que la provincia de Catamarca había evaluado el proyecto Mina Agua Rica y pedían el cese definitivo del emprendimiento por afectar los derechos a un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región. La Corte ordenó que la justicia de Catamarca dicte una nueva sentencia.

Uso de pistolas eléctricas para la Policía Metropolitana
La Corte en "Pisoni" desestimó, por la vía del artículo 280 del Código Procesal, el recurso de queja contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que había rechazado la acción promovida contra el Gobierno de esa ciudad con el objeto de que se impida la utilización de las armas Taser X26 y, de esa forma, dejó firme la decisión.

Reconocimiento para que una maestra provincial jubilada se incorpore al régimen especial de los docentes nacionales
Así lo dispuso el Máximo Tribunal en la causa "Guzmán, Cristina", al hacer lugar a una acción de amparo promovida por una docente jubilada en la provincia de Salta y señaló que las jubilaciones por servicios docentes prestados en jurisdicción adherida al sistema nacional de previsión social deben considerarse incorporadas al régimen especial de jubilaciones y pensiones para el personal docente, es decir la ley 24.016, en las mismas condiciones que aquellas de los docentes nacionales, de acuerdo con lo que indicaban las normas reglamentarias de dicho régimen.

Sin jubilación de privilegio para el destituido juez Antonio Boggiano
Así lo hizo el Máximo Tribunal, integrado por conjueces, al revocar la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social y determinar que al ex Ministro no le corresponde la jubilación de privilegio de la ley 24.018 dado que fue destituído por juicio político. Los magistrados se remitieron al precedente "Marquevich" y afirmaron que es requisito necesario para el cobro en función del régimen especial, que el beneficiario no haya sido removido por juicio político por causal de mal desempeño. Cabe recordar que Antonio Boggiano fue miembro de la Corte Suprema de Justicia durante los años noventa, en 2004 fue destituido en el Senado por "mal desempeño de sus funciones" y la jubilación de privilegio le había sido denegada por Resolución 4156 del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2007.

Los jueces tienene un deber de tutela reforzado en casos que involucren a personas vulnerables
Así lo afirmó la Corte -en la causa "A.N.G."- al revocar una sentencia de la Suprema Corte bonaerense que había rechazado una acción de filiación iniciada por la madre de una joven incapaz y su nieta, nacida como producto de una violación, contra el presunto padre de la pequeña, quien en la causa se negó a realizar la prueba de ADN. Los jueces resaltaron que se estaba afectando “hondamente los derechos de dos personas particularmente vulnerables, el de identidad de la nieta de la actora y los derivados de la condición de su hija discapacitada y presunta víctima de un acto de violencia sexual”.

Causa Cromañón: rechazó de los recursos y prisión para los ex integrantes de Callejeros
El Máximo Tribunal declaró inadmisibles los recursos planteados por las defensas de Patricio Santos Fontanet, Christian Eleazar Torrejón, Daniel Horacio Cardell, Maximiliano Djerfy, Juan Alberto Carbone, Elio Rodrigo Delgado y Eduardo Juan Vázquez, en el marco de la causa donde se condenó a los nombrados por autoría de estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria con cohecho activo, a cumplir las penas de 7, 5, 5, 3, 5, 5 y 6 años de prisión, respectivamente.

Represas “Kirchner” y “Cepernic” en Santa Cruz. Informes y suspensión.
En abril el tribunal requirió que el Estado Nacional informe si se han llevado a cabo los estudios de impacto ambiental previos a la construcción de las represas hidroeléctricas “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic“, localizadas en la provincia de Santa Cruz. Asimismo, requirió saber si se han producido las consultas y audiencias públicas con la ciudadanía tal como lo prevé la Ley General del Ambiente N° 25.675. Solicitó, finalmente, que se indicara si se han iniciado las obras y, en su caso, el estado de avance en ambos proyectos.

En diciembre, con los informes evacuados, decretó una cautelar que suspendió provisoriamente las obras de las represas hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley 23.879, o hasta el momento en que dicte la sentencia definitiva, lo que suceda en primer término. También definió que la causa debía tramitar ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dado que el demandado es el Estado Nacional. La causa es "Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia".

Las fuerzas de seguridad pueden revisar transportes de mercadería en busca de drogas
El Máximo Tribunal, en la causa "Stancatti", revocó un fallo dictado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado un procedimiento realizado por personal sanitario y policial en una ruta nacional en el que se secuestró droga y, en consecuencia, había sobreseído al imputado. El caso se originó en un procedimiento en la Ruta Nacional Nº 3 cuando un puesto de control sanitario inspeccionó a un vehículo de transporte de pasajeros de larga distancia, como a su carga y se detectó que llevaba 845,6 gramos de marihuana. La Corte, de esta forma, convalidó que las fuerzas de seguridad revisen transportes en busca de drogas.

Causas previsionales pueden ser sean resueltas por las cámaras federales de todo el país
En causa "Constantino" se ordenó el envío, por parte de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de todos los juicios previsionales que hubiesen tramitado ante los juzgados federales con asiento en las provincias, a las Cámaras Federales que resulten competentes en razón de territorio. Se trata de una extensión del criterio fijado en "Pedraza" y la remisión de un tramo de causas que habían quedado afuera de dicha resolución. Ahora llegarán a las cámaras del interior los juicios que tramitaron en los juzgados inferiores pero, bajo la pauta anterior a dicho precedente, se habían radicado en la Cámara de la Seguridad Social de la Capital.

Sólo los gremios tienen el derecho de promover huelgas 
La Corte resolvió en "Orellano" que no son legítimas las medidas de fuerza promovidas por grupos informales ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos solamente le reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de trabajadores.

Se trató del caso de un trabajador que fue despedido por haber participado en una huelga que no fue convocada por una organización gremial. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró discriminatoria la decisión patronal en razón de que, según sostuvieron, la titularidad del derecho de huelga no corresponde a los trabajadores en forma individual, pero sí concierne al colectivo de la actividad u oficio aunque sus integrantes no estén afiliados a un sindicato. Se planteó en el caso quiénes están habilitados para disponer medidas de acción directa y la Corte, antes de decidir, celebró una audencia pública (se puede ver aquí). 

Ratificación del derecho de todo habitante de acceder a la información pública
En "Garrido" reafirmó su doctrina referente al derecho que le asiste a todo habitante de acceder a la información de interés general que estuviese en poder del Estado Nacional o sus reparticiones. Se trató de una causa a raíz del pedido que hizo el diputado nacional Manuel Garrido para requerir información sobre un ex agente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), relacionada con su nombramiento, como así también respecto de cargos y funciones que hubiera desempeñado y el estado de un sumario administrativo que se le inició en 2010.

Anulación del aumento en la tarifa de gas, audiencia obligatoria, pautas en materia de legitimación colectiva y exhortación al Congreso para que designe al Defensor del Pueblo
La Corte Suprema, en lo que a nuestro criterio fue el fallo más importante del año, resolvió la causa "Cepis" y confirmó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que freno el aumento de gas dispuesto por el Poder Ejecutivo pero limitó sus alcances a lo usuarios residenciales. Con el voto unánime de sus integrantes avalaron retrotraer las tarifas al esquema que estaba vigente antes de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y además coincidieron en especificar que la audiencia pública es un requisito obligatorio antes de avanzar en un nuevo esquema tarifario. También exhortaron al Congreso a actividad los mecanismo para designar al Defensor del Pueblo.

Revocación de la cautelar por aumento eléctrico en PBA. Precisiones sobre la legitimación para promover acciones colectivas y el caso del Secretario de la Defensoría del Pueblo PBA
En el fallo "Abarca", con el voto unánime de sus miembros, la Corte revocó lo dispuesto por la Cámara Federal de La Plata que había decretado una cautelar que suspendía el aumento eléctrico con alcance a todos los usuarios de la Provincia de Buenos Aires (excepto el área de concesión de Edenor y Edesur). El Tribunal indicó que carecían de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. La Corte dijo que los diputados presentantes, el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de dicho Estado carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.

Rechazó intervenir en una causa colectiva por tarifa eléctrica que llegaba de primera instancia
En la causa "Fernández", donde la jueza Martina Forns de San Martín había decretado una cautelar que suspendía con alcance nacional el aumento en la tarifa eléctrica, la Corte rechazó la petición de intervención que la propia magistrada le había cursado y en duros términos ordenó la devolución del expediente. Además encomendó a los efectos de la resolución que emitirá la jueza que lo realice “sobre la base de las rigurosas exigencias vigentes en materia de procesos colectivos según los recordado por el Tribunal en el pronunciamiento mencionado (Halabi), verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención en el proceso y, en su caso, adopte las decisiones que correspondan con arreglo al estado de la causa”.

Informes por el derrame en la mina Veladero de San Juan
En una causa iniciada por la Fundación Ciudadanos Independientes, la Corte le requirió a la Provincia de San Juan que informe si ha solicitado a las empresas Minera Argentina Gold y Barrick Exploraciones Gold información relativa a los derrames de solución cianurada y metales pesados que se denuncian como ocurridos en la mina Veladero, los días 13 de septiembre de 2015 y 8 de septiembre de 2016. La Corte también preguntó si ha puesto en conocimiento de los habitantes potencialmente afectados la existencia y alcance de los derrames referidos, en especial si ha comunicado las consecuencias que de tales hechos podrían derivarse para la salud como la vida y las medidas preventivas que deben adoptarse.

Causa por la muerte de Nisman al fuero federal
La Corte hizo lugar al recurso de queja del Fiscal General Ricardo Sáenz y establecer que la causa donde se investiga la muerte del Fiscal Alberto Nisman es competencia de la Justicia Federal. La Corte afirmó que es su jurisprudencia tradicional que indica que "en la medida en que las constancias de la causa no permitan descartar una hipótesis que refiera a un delito cometido en perjuicio de un funcionario federal corresponde que sea la justicia federal la que investigue el caso". Los ministros dejaron a salvo que no abren juicio sobre ninguna de las hipótesis de la muerte de Nisman sino que ello corresponde a la investigación.

Absolución de Fernando Carrera por la “Masacre de Pompeya”
La resolvió absolver al condenado por la denominada Masacre de Pompeya. Se trata del caso de Fernando Carrera, imputado por atropellar a dos mujeres y un niño durante un tiroteo con la policía. En 2007 había sido condenado a treinta años y en 2012 la propia Corte había pedido que se revisara la condena por irregularidades en la investigación, luego que el documental “El Rati Horror Show” de Enrique Piñero revelara serias deficiencias en el actuar policial en el marco de la referida causa.

Exhortación al Congreso que designe al Defensor del Pueblo de la Nación (Parte 2) 
En el marco de la causa "Mendoza" donde se ejecuta la sentencia que ordenó sanear el Riachuelo, La Corte exhortó al Poder Legislativo a que "en un plazo razonable, cumpla con su deber constitucional y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”. Se trata de un segundo pedido de la Corte Suprema dado que, en agosto pasado, en la sentencia "Cepis" también hizo lo propio y, a su vez, la Cámara Contencioso Administrativo Federal fue otro órgano judicial que lo requirió, al hacer lugar a un amparo de la Asociación por los Derechos Civiles.

Admitió tramitar causa de Provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense
Sin difusión en los canales de comunicación de la noticia judicial, en el mes de octubre, La Corte admitió la competencia originaria para tramitar la demanda iniciada por la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por el denominado "Fondo del Conurbano". La Procuración General también había dictaminado por la admisión. En concreto, la Fiscalía de Estado bonaerense solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una cláusula de la Ley de impuesto a las ganancias que establece un tope de $ 650.000.000 anuales convertibles a la participación del 10% que la Provincia tiene en el producido del gravamen con destino al referido fondo. También tramita otra demanda de la Provincia por la coparticipación pero aún la Corte no resolvió si admite la vía originaria. 

Milagro Sala
A lo largo del año la Corte se pronunció en diversas causas en torno a la detención de Milagro Sala -cuestionada por organismo internacionales de derecho humanos- pero en todas rechazó intervenir. En marzo se pronunció en la causa "Garfagnini, Alejandro", rechazando un pedido de la Asociación Tupac Amarú que reclamaba su "inmediata" intervención para "garantizar la justicia en Jujuy". La Corte desestimó la solicitud porque "la cuestión planteada no constituye ninguno de los casos que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y en las leyes que los reglamentan, habilitan la jurisdicción extraordinaria u ordinaria de esta Corte"; luego rechazó un per saltum y, finalmente, rechazó intervenir en cuatro planteos realizados por Sala, el Ministerio Público Fiscal y otros imputados, en el marco de distintas causas judiciales, que ya habían sido rechazados por la Cámara Federal de Casación Penal. En este último caso ninguna de las presentaciones se vinculaba en forma directa con la excarcelación o libertad de los imputados sino que eran otras incidencias procesales.

Intensificar la limpieza del Riachuelo
La Corte Suprema, en el marco de la reconocida causa "Mendoza", durante el año celebró una audiencia con las autoridades públicas de las diversas jurisdicciones vinculadas para que datallaran los avances y, luego, ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) que intensifique el cumplimiento de la sentencia que dispuso el saneamiento. Se requirió que establezca un sistema de indicadores, presente informes periódicos e intensifique las tareas en el cumplimiento de la sentencia que en el año 2008 ordenó el saneamiento de la cuenca. Asimismo, puso en conocimiento del Jugado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 (juzgado de ejecución de la sentencia) un informe presentado por la Auditoría General de la Nación.

III. Cuestiones instituciones y administrativas

La vuelta de las ediciones de la tradicional colección "Fallos"

El Máximo Tribunal, a través de la Resolución 338/16, dispuso volver a editar la tradicional colección "Fallos" cuya primera publicación data de los albores de la Corte Suprema en 1863 para registrar sus principales pronunciamientos y cuya impresión se había detenido en el año 2012. Los ministros consideraron que la totalidad de sus fallos hoy son consultables vía web lo que satisface el derecho a la información y la edición material de la colección sólo se hará en una reducida cantidad de volúmenes que el presidente de la Corte para poner a disposición de las principales bibliotecas jurídicas de nuestro país. 

Creación de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial
A través de la Acordada 2/2016 se creó esta dependencia, luego del traspaso del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Procuración General de la Nación a la órbita del Máximo Tribunal, dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 256/2015 del Poder Ejecutivo Nacional. A su vez, se designó a cargo del organismo al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, y al titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, para desempeñarse en dicho cargo en caso de licencia, vacancia o cualquier tipo de impedimento del primero de ellos.

Publicidad de causas por corrupción
Se trató de una iniciativa presentada a principio del año, allá por febrero, concretada hacia fines del mismo, en el mes de octubre. Se creó un Observatorio de Corrupción, una base de datos de eses tipo de causas que tramitan en el fuero Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Se trata de una plataforma web, de acceso libre, elaborada por la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal que está disponible desde en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Ingreso democrático
Una de las mayores deudas que arrastra la Corte Suprema hace más de tres años es la implementación del mecanismo de ingreso democrático previsto en la ley 26.861. Cabe recordar que en marzo del 2014 se recepcionaron en las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país cientos de miles de formularios de inscripción al Poder Judicial pero, de aquel tiempo a esta parte, no ha publicado las listas de inscriptos -como manda la norma- ni ha avanzado en la implementación del procedimiento. Esto contrasta con la situación del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que lo han reglamentado y puesto en ejecución. Esta demora motivo diversos reclamos como, por ejemplo, un ciudadano chaqueño que hizo llegar su exigencia por el cumplimiento de ley ante la Cámara de Resistencia que lo elevó a la Corte Suprema y ella, a través de la Secretaría de Gestión, le contestó lo siguiente:


Al día de hoy seguimos sin noticias de avances en torno a la implementación del ingreso democrático. Este tema registra una mora muy notable que aleja al Poder Judicial de la transparencia deseada en materia de selección de personal.

Magistrados titulares o jubilados de instancia superior pueden subrogar juzgados
Estableció, a través de la Acordada 3/2016, que las designaciones de los jueces que subrogarán los juzgados de primera instancia también podrán incluir a magistrados titulares en actividad que se desempeñan en una instancia superior. De esta forma, jueces de cámara podrán desempeñarse suborgando en juzgados de primera instancia.

Reglamento de actuación en procesos colectivos
A través de la acordada 12/16 se aprobó el “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos”, que fija reglas que ordenan el trámite de este tipo de procesos en los tribunales nacionales y federales de todo el país, a fin de asegurar la eficiencia práctica del Registro Público de Procesos Colectivos, creado en 2014 por la Corte. El reglamento entró en vigencia el 3 de octubre pasado.

Ampliación de la licencia por paternidad para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial
A través de la Acordada 11/16, modificó el Régimen de Licencias para Magistrados, Funcionarios y Empleados de la Justicia que establecía 2 días de licencia por paternidad y llevó ese beneficio a 15 días. El Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ya habían instituido con anterioridad este beneficio. La Ley de Contrato de Trabajo permite que los trabajadores tengan justificados sólo dos días por el nacimiento de un hijo, criterio seguido por la mayoría de los Convenios Colectivos. De esta forma, los trabajadores del servicio de justicia son pioneros en acceder a una licencia por paternidad de esta extensión.

Expediente digital en el Poder Judicial de la Nación 
La Corte, mediante la Acordada 3/15, en un importante paso hacia la digitalización de los expedientes judiciales y un abandono progresivo del soporte papel en las actuaciones estableció la obligación de ingresar las copias digitales de todos los escritos que presenten las partes en todos los expedientes en trámite o que se inicien y también la obligatoriedad de sistema de notificaciones electrónicas. Asimismo, entre otras innovaciones que establece que se dejará nota mediante un registro digital sin necesidad de apersonarse en la mesa de entradas de los distintos juzgados. El Máximo Tribunal había establecido al 1º de mayo de 2015 como fecha de implementación pero, a pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, lo prorrogó en tres oportunidades: a septiembre, a diciembre y, como la última postergación, a mayo de este 2016, fecha en que comenzó a regir.

Intervención en la crisis del Fuero del Trabajo, creó cargos y solicitó auditar la gestión
A través de una acordada, la Corte intervino ante la crisis de la Justicia Laboral al señalar que la situación que atraviesa es "de extrema gravedad institucional”. Frente a ello, creó 98 cargos de personal en los Juzgados y le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación una auditoría sobre la gestión de esos Tribunales. También le requirió al Consejo de la Magistratura la mejora de las condiciones edilicias.

Ampliación de las funciones de la Oficina de Violencia Doméstica a casos de trata de personas
Decidió, a través de la Acordada 21/2016, ampliar las funciones de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a cargo de la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, a la recepción del relato de quien aparezca como victima de una situación que pueda encuadrar en un caso de trata con fines de explotación sexual y/o de explotación de la prostitución, como así también la recepción del relato de la persona que se encuentre vinculada a la posible victima por una relación familiar y/o afectiva.

Reclamó al Consejo la Magistratura la cobertura de vacantes en el Poder Judicial
La Corte también solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que seleccione jueces para los juzgados vacantes del Poder Judicial Nacional y Federal. El pedido se origina a través de un reclamo efectuado por la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, Javier Leal de Ibarra, que señalaba la preocupación por el número de vacantes -que actualmente asciende al 30% del PJ- generando dificultades en el funcionamiento de los tribunales.

Habilitación para jueces que estaban designados pero sin sus tribunales puestos en marcha
Habilitó a los Jueces de la Cámara Federal y de Primera Instancia de San Justo N° 1 y N° 2, Rawson N° 2, Goya, Moreno, Tribunal Oral Federal de Concepción del Ururguay, Tribunal Oral Federal N° 8 de Capital Federal, Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, cuyos titulares están legalmente designados pero sus tribunales, por cuestiones de infraestructura, no estaban habilitados. La Corte tomó la medida como solución de emergencia ante la cantidad de vacantes existentes y para acelerar los juicios, entre ellos, los de lesa humanidad. A su vez, exhortó al Consejo de la Magistratura a designar a dichos jueces como subrogantes en tribunales y juzgados que se encuentren vacantes. 

Secretarios no pueden actuar de jueces subrogantes
El Máximo Tribunal, a través de una resolución, declaró que las designaciones realizadas por el Consejo de la Magistratura de secretarios para subrogar los juzgados federales de Zapala y de San Carlos de Bariloche no se ajustan a las pautas fijadas por el Máximo Tribunal en el fallo “Uriarte”. La Corte, a su vez, pidió al Consejo de la Magistratura que cubra con la mayor celeridad las vacantes en esos juzgados.

Elevación de los montos de la inapelabilidad y de la queja por extraordinario denegado
A través de las Acordadas 44 y 45, se dispuso incrementar el el monto de la inapelabilidad a la suma de $90.000 y lo propio respecto del depósito exigible para el recurso de queja por denegación de recurso extraordinario a $26.000.

El amparo de la jueza Elena Highton para poder continuar en su cargo


Sobre el fin del año y para sorpresa de muchos, la ministra inicio una acción de amparo ante la justicia federal contencioso administrativo de la Capital Federal y recayó ante el Juzgado nº 6 a cargo de Enrique Lavie Pico. La jueza del Máximo Tribunal formuló la presentación a fin de poder continuar en su cargo superados los 75 años de edad, amparándose en el precedente "Fayt". No se puede dejar de mencionar que, al cierre de este despacho, el magistrado con base en el criterio antes referido admitió la acción y declaró la nulidad de la reforma introducida en el artículo 99 Inciso 4, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Ahora, el Ejecutivo consentiría la decisión.

La designación del diputado Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura
Un asunto que se inició en la Cámara de Diputados y generó una discusión jurídica fue la designación Pablo Tonelli (PRO) como representante del estamento de los diputados en el Consejo de la Magistratura. La vacante, aún hoy, está rodeada de una gran polémica debido a que se originó a raíz del reemplazo -por cese de su condición de diputada- de la Consejera por la mayoría Fernández Sagasti del Frente Para la Victoria, con mandato hasta 2018, dispuesta por el Presidente de la Cámara de Diputados a pedido de un grupo de legisladores de diversos bloques que alegaba un "acuerdo parlamentario" para designar a Tonelli y, según el primer espacio, el lugar le corresponde al bloque de mayoría, es decir, el Frente Para la Victoria PJ que proponía a Marcos Cleri.

La cuestión se judicializó desde los primeros momentos y fueron varias las decisiones judiciales que impedían que el Consejo tratara el asunto hasta que, finalmente y en un Plenario Extraordinario de febrero pasado, aprobó -7 votos contra 5- la designación de Tonelli. La llegada del diputado generó un nuevo de balance de poder el organismo que otorgó predominio al oficialismo dado que le confirió un octavo voto, a uno sólo de conseguir los dos tercios necesarios para decisiones clave.

Pero aquí viene el punto que interesa en esta crónica. La Corte tuvo dos intervenciones que no fueron fallos como tribunal de última instancia sino que se trató de una acordada (45/15) y la toma de juramento de Tonelli. En la primera de ellas, de diciembre de 2015, remitió al reglamento de la Cámara de Diputados, como norma supletoria del Consejo, para que sea éste el que defina si aprobaba o no la incorporación de Tonelli y, en la segunda, luego de su aprobación por el Consejo, el presidente de la Corte le recibió juramento al diputado ¿El asunto quedó cerrado? No, por un lado porque el mismo Máximo Tribunal dejó sentado que obró limitado al deber de tomar juramento que la ley del Consejo le impone al Presidente de la Corte y, por el otro, porque aún tramita una causa en el contencioso federal donde se pretende la anulación de dicha designación. Novedades que vendrán en este año. 

IV. A modo de cierre

En este extenso recorrido, cargado de sucesos y noticias, poco queda por decir. Aquellos que hayan llegado al final de estas líneas tendrán, seguramente, el recuerdo de un año con fuerte intensidad judicial. 

José Ignacio López.