domingo, 12 de octubre de 2014

El Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Tras 145 años cambió el cuerpo que reúne la legislación civil en la Argentina. El nuevo código, que también contiene la legislación comercial, fue fruto de un proceso de varios años de trabajo y derivado de varios intentos frustrados. 


El pasado miércoles 1° de octubre se produjo un verdadero hecho sustantivo en nuestro derecho nacional: se aprobó un nuevo Código Civil y Comercial para la Nación. 

El nuevo cuerpo normativo, que reemplaza al que había delineado Vélez Sarsfield y sancionado en 1869 bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, fue aprobado en noviembre del año pasado por el Senado con 39 votos positivos del Frente para la Victoria con aliados contra un sólo voto negativo, mientras que el radicalismo abandonó el recinto y, días atrás, Diputados lo convirtió en ley con el voto de 135 legisladores, nuevamente del Frente para la Victoria con aliados, con la oposición otra vez abandonando la sesión.

El consenso acerca de la necesidad de reformar el cuerpo que reúne la legislación civil no era una novedad pero la historia registraba varios intentos frustados. Pese a ello, Gobierno Nacional, allá por febrero de 2011, impulsó esa tarea cuando se creó la comisión redactora del anteproyecto integrada por los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Helena Higton, y la ex jueza mendocina Aída Kemelmajer. El texto elaborado fue revisado por el Ejecutivo y, en marzo de 2012, enviado al Congreso donde una Comisión Bicameral realizó 14 audiencias públicas para recabar opiniones en todo el país.

El Nuevo Código Civil y Comercial es la Ley Nacional N° 26.994 y fue publicado el 8 de octubre pasado en el Boletín Oficial y recién comenzará a regir en nuestro país el 1° de enero de 2016. 

La necesidad de acoplar las leyes a los cambios sociales y, por ende, a la época que se vive es un elemento digno de ser celebrado. Ahora se abre una etapa para estudiar detenidamente este nuevo cuerpo normativo central en la vida de todos los argentinos.

Anexo de materiales

- Descargar el nuevo Código Civil y Comercial (descarga vía Infojus acá) o acceder a la Ley Nacional 26.994 (Vía infoleg)

- Un cuadro comparativo entre el viejo y el nuevo código. El documento contiene 22 páginas divididas por los principales ejes y fue realizado por la Dirección General de Asistencia Técnica y Legislativa (descargable vía Infojus en este enlace)

- Dos análisis del siempre recomendable Gustavo Arballo, por un lado, una visión previa a la sanción del código (desde acá) y, por otro lado, otro sobre la obligación de dar moneda extranjera (desde acá) e incluye una tabla periódica por tópicos del nuevo cuerpo (descarga acá)

José Ignacio López

viernes, 29 de agosto de 2014

El arte de abogar

Por María Lis Amaya (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho
 
El título I, del libro Tercero del Digesto del Corpus Iuris Civiles refiere al ejercicio de la abogacía y resulta curioso que el Pretor haya propuesto este título para cuidar el decoro y dignidad de la profesión, es decir a fin de que sin especiales condiciones no se abogase indistintamente por cualquiera ante él. Por esa razón creó tres clases de prohibiciones, pues a unos les prohibió en absoluto el abogar, a otros se les permitió solo en causa propia, y a otros se lo consintió únicamente por ciertas personas y por sí.

¿Pero en que consiste “El arte de abogar”?, no es más ni menos que exponer la pretensión propia, o la de su amigo, o contradecir la pretensión de otro.

En ese sentido, en primer lugar el Pretor comenzó prohibiendo el ejercicio de abogar a aquellos de edad pueril –menos de 17 años-; como asimismo por accidente causal; es decir, al sordo –pues no había de permitirse abogar al que no podía oír el decreto del Pretor, resultando hasta peligroso su falta de obediencia por no poder escuchar-.
 
En segundo lugar, prohibió el ejercicio “a quienes aboguen por otros”, en cuyo Edicto exceptuó el Pretor el sexo y accidentes casuales. La razón de la prohibición es ciertamente para que las mujeres no se mezclen, contra la honestidad correspondiente a su sexo, en causas ajenas, ni desempeñen oficios propios de hombres. Esto fue originado por Carfania, mujer corrompidisima, que abogando desvergonzadamente e importunando al Magistrado, dió motivo a este Edicto. Por accidente, repele el Pretor al ciego privado absolutamente de la vista (porque no puede ver ni respetar las insignias del Magistrado).

En tercer lugar, el Pretor manifestó que “Los que por Ley, Plebiscito, Senadoconsulto, Edicto, ó Decreto de los Príncipes tienen prohibición de abogar, a no ser por ciertas personas, estos no aboguen en derecho ante mí por otro más que por quien les fuere lícito”.

 Después agrega el Pretor: “No aboguen por otro, sino por los padres, por el patrono y la patrona, por los hijos y por los padres del patrono y de la patrona, por sus hijos, hermano, hermana, mujer, suegro, suegra, yerno, nuera, padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, pupila, pupilo, furiosa o furioso

A fin de cuentas, si tenéis la habilitación para abogar, nunca debes olvidar que se habla para los Magistrados (no para la sociedad), y que los Tribunales son en todo el mundo refractarios de los grandes alardes oratorios. Para los Jueces la mejor oración es la que dice alguna cosa útil.

Cuenta la historia, que un célebre Letrado al terminar de hablar en la Sala, fue felicitado por la excelencia literaria de sus escritos, no obstante perdió el pleito.
 
En síntesis, recuerda leer constante e inteligentemente, los diálogos de Platón, las disertaciones de Cicerón sobre la amistad, los Evangelios, las institutas de Cayo, ya que la Justicia y la Misericordia son inseparables.

Un alumno preguntó en clase si es difícil abogar bien, mi respuesta fue sí y no. Lo que resulta complejo es saber abogar.
 
¡Feliz día a todos mis colegas en su día!
 
(*) Abogada graduada en la Universidad Nacional de La Plata, Profesora Adjunta de Derecho Romano en dicha universidad y en la Universidad Nacional del Este.

viernes, 22 de agosto de 2014

A 20 años de la Reforma Constitucional de 1994

Hoy cumple dos décadas la última reforma de la ley suprema, una excelente ocasión para efectuar un repaso del principal instrumento jurídico que rige la vida de los argentinos. 


Toda historia exige, aunque más no sea someramente, un repaso de los comienzos. Así este relato tiene su punto de inicio -al arbitrio de quien escribe- un 20 de noviembre de 1852 cuando comenzaron las sesiones del Congreso Constituyente. El objetivo era sancionar una Constitución que tras décadas de enfrentamientos internos, en forma duradera, rigiera a la Confederación Argentina.

Poco tiempo antes se había librado la Batalla de Caseros y el Ejercito Grande al mando de Urquiza, en sociedad con Brasil y Uruguay, había derrotado a las fuerzas de la Confederación lideradas por Juan Manuel de Rosas. La victoria de este sector lograría plasmar su ideología liberal en la futura Constitución y la provincia de Buenos Aires decidiría separarse de la Confederación y crear su propio Estado. 

La Convención Constituyente estuvo conformada por trece provincias que concurrieron siguiendo el principio de igual representación que se había establecido en el Acuerdo de San Nicolás, en mayo del mismo año.

Se encomendó su redacción a una comisión compuesta por Juan Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero, Pedro Ferré y Manuel Leiva; aunque sólo los dos primeros fueron los verdaderos encargados de escribir el proyecto.  La principal influencia que siguieron estos redactores fue, como se sabe, la obra “Bases” que Juan Bautista Alberdi había publicado poco antes y que se inspiraba tanto en las Constituciones de Estados Unidos como de Chile de 1826 y 1833, respectivamente.

El texto definitivo fue aprobado, el 29 de abril de 1853, por catorce votos contra cuatro y cuatro ausentes.  El primero de mayo de 1853 fue suscripta definitivamente por los constituyentes y Urquiza ordenó jurarla en toda la Confederación el 9 de julio de ese mismo año.

Luego viene una saga de reformas constitucionales. La primera de ellas llegó tras ochos años, en 1860, cuando la provincia de Buenos Aires se incorporó a la Confederación. Los cambios bregados por los representantes bonaerenses y luego incorporados dotaron a la Constitución de un criterio más federal, por sólo citar algunos, se suprimió el control político del Congreso sobre las constituciones provinciales, el juicio político del Poder Legislativo Nacional a los Gobernadores y se hizo más restrictiva la intervención federal. 

En 1886 y 1898 se realizaron dos reformas constitucionales que fueron más que nada formales para adaptar la Constitución a las normas transitorias fijadas en 1860 como las atinentes a derechos de exportación, forma de elección de los diputados nacionales, aumento de los ministerios y aduanas exteriores.

En 1949, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se efectuó una importante reforma que receptó los derechos sociales en la máxima jerarquía jurídica y plasmó un espíritu social a la Constitución sustituyendo su notable liberalismo. Luego, una dictadura militar la abrogó por decreto –paradojas de nuestra historia constitucional– y efectuó la “reforma” de 1956  que supuso la vuelta al esquema constitucional previo a 1949 y su espíritu liberal con la salvedad de la incorporación de algunos derechos sociales, puntualmente, en el artículo 14 bis.

Así como esa dictadura abrogó una reforma constitucional democrática cabe reparar  que fueron varios los golpes de Estado que asolaron la República por años y durante esos tiempos la Constitución, a fuerza de armas, se guardó en un cajón.

En 1993, Carlos Menem y Raúl Alfonsín eran los líderes de las principales fuerzas políticas del país y acordaron una serie de aspectos a los fines de generar el consenso entre los dos partidos para avanzar hacia una reforma constitucional. Esos acuerdos tuvieron el formal nombre de “Núcleo de Coincidencias Básicas” pero pasaron a la historia como el “Pacto de Olivos”.

El entonces presidente Menem buscaba decididamente permitir la reelección para presentarse en los próximos comicios. Alfonsín buscaba atenuar algunos aspectos del esquema presidencialista argentino y, a su vez, obtener ciertas concesiones institucionales que redundaran en favor de su fuerza política.

La Convención Constituyente fue integrada por destacados actores políticos y personalidades del derecho, entre ellos, el ex presidente Raúl Alfonsín,  Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández –que luego llegarían a la primera magistratura–, el ex Gobernador bonaerense Antonio Cafiero, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda –hoy Ministros de la Corte Suprema-, Carlos Barra –ex Ministro de la Corte–, Juan Carlos Hitters –Juez de la Suprema Corte Bonaerense-, René Orsi –ex Camarista Federal de La Plata– y los reconocidos abogados Eduardo Barcesat, Alberto García Lema, Enrique Paixao y Horacio Rosatti.

La Comisión sesionó en Santa Fe y Paraná. Las deliberaciones duraron tres meses y, finalmente, el 22 de agosto de 1994 se sancionó la reforma constitucional. En total se reformaron unos 44 artículos.

La reforma de 1994 introdujo importantes cambios, por citar sólo algunos de ellos, le confirió jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, estableció nuevos derechos como son el derecho al medio ambiente sano, los derechos para los consumidores, la protección de los datos personales, estableció la acción de amparo y el habeas data. Estableció las figuras del Defensor del Pueblo, la Auditoria General de la Nación, le dio autonomía al Ministerio Público, creó el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, el Consejo de la Magistratura, se le reconoció calidad de ciudad autónoma a Buenos Aires. También estableció la elección directa del Presidente de la Nación, el ballotage, acortó su mandato a cuatro años y permitió una reelección. Se incorporó un Senador Nacional por la minoría y se estableció que las provincias tienen el dominio de sus recursos naturales. 

Hoy se cumplen dos décadas de esta trascendente modificación que ha mostrado luces y sombras. Celebrar la continuidad constitucional, incluso en épocas de notables crisis institucionales de nuestro país, es un aspecto que merece destacarse, como también la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en la máxima jerarquía constitucional. No obstante, muchas de las promesas contenidas en la Constitución Nacional constituyen deudas que aún aguardan ser saldadas. El cumplimiento efectivo o la mejora de nuestra ley suprema es una posibilidad que depende exclusivamente del pueblo argentino.

José Ignacio López

martes, 24 de junio de 2014

Bella y la mejor

Por Carlos A. Vallefín (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho

Encontró una pasión: disparar. Primero intentó con las armas cortas. Y tuvo éxito. Luego acudió a las largas hasta que se familiarizó con el fusil. Y volvió a tener éxito. Decidió, entonces, probar sus habilidades en un torneo en el que –por azar o no– competían sólo hombres. Disparó con envidiable precisión y, al lograr la mejor marca, aquellos se resistieron a reconocerla como ganadora. Pensó en una broma pero –se sabe– con los fusiles no se juega. Decidió al fin que el asunto debía resolverse mediante el empleo de armas pero –esta vez– de las judiciales. Éstas tampoco le dieron la espalda. Elvira Bella protagonizó un caso emblemático de discriminación de género en el que los tribunales la colocaron en lo más alto del podio.



Una nota sobre la discriminación en razón de género demandaría más espacio que el disponible y más esfuerzo para exponer ordenadamente los argumentos que requiere el tratamiento de la cuestión. Por ello, probablemente, acudimos a Séneca a quien se le atribuye la siguiente expresión que, con arreglo a la tradición forense, transcribimos en latín: longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Parece, en más claro español, que es cierto que largo es el camino mediante reglas pero es corto y eficaz con el ejemplo.

El caso que rescatamos de la jurisprudencia contiene notas singulares que permiten recordarlo con mayor facilidad. Seguramente, no todos los días se encuentra una mujer que diga “tirar por primera vez con un fusil fue casi como enamorarse”. Pero, superado este aspecto anecdótico, el caso encierra una de las versiones más difundidas de la discriminación y la decisión de los tribunales, una de las más contundentes condenas.

La Asociación por los Derechos Civiles, con el auspicio de Poder Ciudadano interpuso, en 1996 una acción de amparo contra la Federación Argentina de Tiro (FAT) patrocinando a la señora Elvira Bella. A pesar de haber obtenido el mejor puntaje en el campeonato nacional de tiro 1996, las autoridades de la FAT se negaron a darle el título de campeona y le ofrecieron una alternativa. Sería la “Dama Mejor Calificada”. El campeón –en esta lógica– era el hombre que había obtenido la calificación inmediatamente inferior a Bella.

El 9 de febrero de 1998, la jueza Ana Inés Sotomayor, a cargo del Juzgado Civil N° 20 de la Capital Federal, dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo promovida. En consecuencia, se declaró que la señora Bella era la campeona nacional de la categoría “Fusil Mauser Tendido” para el año 1996.

La FAT dedujo un recurso de apelación contra la sentencia. La Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal –Sala D– juzgó que la señora Bella había sido discriminada por razones de género por cuanto no se le reconoció el premio por el cual compitió no obstante haber obtenido el mejor puntaje. Consideró también que la figura de “Dama Mejor Calificada” había sido utilizada en el caso para ocultar y no admitir que la señora Bella había superado a los hombres que había competido con ella.

Si Bella participaba en la misma prueba que los hombres podía volver a ganar. La FAT pensó, entonces, que bastaría con organizar un torneo que contuviera, la categoría masculina, por un lado y la categoría femenina, por otro. Bella podría inscribirse y competir, con ella misma... Los Tribunales volvieron a ordenar, esta vez a través de un mandato cautelar, que el torneo se realizase sin distinciones en razón del sexo. La crónica periodística da cuenta que el torneo se celebró bajo la atenta mirada de un oficial de justicia.

La suma de injusticias aún en dosis homeopáticas envenena el tejido social. Bella se armó pero –esta vez– de paciencia para perseguirlas judicialmente. Los Tribunales, esta vez, escribieron un página que dio en el blanco.

(*) Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y docente de Derecho Administrativo II en la Universidad Nacional de La Plata.

Referencias

- La sentencia de la Cámara Nacional en lo Civil, Sala D, apareció publicada en “La Ley” 1998-B, 626.

- Un valioso comentario –enriquecido también porque fue una de las letradas que patrocinó a la actora– es el de ROMÁN, Mónica “El caso de la bella tiradora (que se atrevió a ganar)”, en CARRIÓ, Alejandro y otros. En defensa de los derechos civiles, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000, p. 99 y ss.

- El análisis de la resolución cautelar que le permitió competir, se encuentra en VALLEFÍN, Carlos A. Protección cautelar frente al Estado, segunda edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, p. 95 y 96.



Nota

Elvira Bella abandonó el fusil. Su último y certero disparo lo dio en sede judicial, cuando logró –en 2004– ganarle un pleito a la Federación Argentina de Tiro por la discriminación que la tuvo por víctima y la justicia civil ordenó que la indemnicen por los perjuicios sufridos. Hoy Elvira Bella dirige una asociación contra la discriminación. “El tiro es un gran amor de mi vida”, afirma y cuenta “cuando voy al Cenard y escucho los tiros (…) Es como que escuchás hablar de alguien a quien querés mucho y hace mucho que no lo ves. Me agarra un poco de congoja. Los demás ni se dan cuenta de los tiros, pero yo los siento adentro del pecho”.

José Ignacio López

sábado, 14 de junio de 2014

Rincón Bomba 1947: Los crímenes de lesa humanidad contra pueblos originarios en el Impenetrable

Por Claudia C. Canteros (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho

Hace 67 años tropas de la Gendarmería Nacional produjeron una masacre de aborígenes de las etnias toba, pilagá y wichi en lo que hoy es la provincia de Formosa. La "Masacre de Rincón Bomba", nombre adoptado por la localidad donde ocurrieron los sucesos, no es lo suficientemente conocida en el país. En la actualidad, la Justicia Federal investiga los hechos como posibles crímenes de lesa humanidad de los cuales el Estado Nacional sería responsable. La historia de un silencio de varias décadas.


Hace días me da vueltas en la cabeza la idea de apuntar sobre algo que tomé conocimiento hace poco: ¿Qué pasó en Rincón Bomba hace 67 años?

En principio habría que saber que es una localidad que no aparece en el mapa de la provincia de Formosa, sólo encontramos a la ciudad de Las Lomitas, a 298 kilómetros de la capital provincial. Según información recolectada, la historia que nos interesa comienza en El tabacal, San Martín, Salta, cuyo propietario era Robustiano Patrón Costas. Allí, a un grupo de aborígenes, pilagás, mocovíes, y wichís les habían prometido trabajo bien pago, lo que en Pozo del Tigre y en Campo del Cielo ya no le daban. Por eso decidieron cargar sus enseres y así, enfermos y hambrientos llegaron a El Tabacal, para que sus vidas mejorasen.

Con el arribo, sólo encontraron frialdad y la posibilidad de un jornal mucho más reducido que el prometido. Así iniciaron una protesta tímida, que no dio resultado. Insistieron, los despidieron y echaron del lugar. Se dirigieron de esa forma nuevamente a Las Lomitas, a pie. Otra vez, recorrer esos kilómetros para finalizar su derrotero en Rincón Bomba. 

Debemos tener presente que la provincia de Formosa recién alcanza ese status en el año 1955, por lo que para 1947 formaba parte de los Territorios Nacionales, cuya jurisdicción pertenecía a la Gendarmería Nacional y a la Policía de Territorios Nacionales.

Continuando con el relato, encontramos a dos personajes cuya intervención fue significativa. El cacique Nola Lagadick y el cura Luciano Córdoba, pidieron ayuda a la comisión de fomento de Las Lomitas y al escuadrón 38 de Gendarmería Nacional. Les dieron yerba, azúcar y ropa pero días más tarde la actitud estatal fue más renuente. 

Los pilagás entonces intentaron viajar a Buenos Aires a fin de entrevistarse con el mismo presidente Perón para que sepa que fueron engañados en Salta, y que se encontraban con hambre y enfermos.

El presidente, a través del Ministerio del Interior, envió tres vagones de ropa, alimentos, medicamentos y colchones, que llegaron en mal estado. Lo que ocurre después es bien conocido, intoxicación en varios de ellos, y posterior muerte por el consumo de esos alimentos.

En otra escena encontramos a los vecinos de Las Lomitas quienes, asustados por el rumor que los pilagás atacarán el pueblo, decidieron apoyar a los efectivos de Gendarmería para “proteger al pueblo del malón que se avecinaba”.

El “enfrentamiento” encontró en estado de total indefensión a la comunidad pilagá, que se dirigía hacia Las Lomitas para intentar nuevamente un llamado a las autoridades locales con sus necesidades.

Las órdenes del escuadrón son: no dejar escapar a nadie, no deben quedar testigos de la matanza, porque esto nunca sucedió.

El resultado es el infierno en Rincón Bomba: entre cuatrocientos a quinientos cadáveres en un círculo de no más de doscientos metros de diámetro, además de los heridos y más de doscientos desaparecidos. A ello se suma los más de cincuenta muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños, elevan las bajas a más de 750 entre niños, ancianos, mujeres y hombres.

Ese no es el final de la historia, porque después se inició la persecución de los que quedaron vivos, algunos intentaron dirigirse a Pozo del Tigre, otros para Campo del Cielo.

La investigación judicial

En el año 2005 se inició una causa judicial por estos hechos, actualmente en trámite ante el Juzgado Federal n° 1 en Formosa y que en sus comienzos fuera dirigida por el juez federal Marcos Bruno Quinteros. El expediente se funda en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que habrían sido perpetrados por tropas de la Gendarmería Nacional entre el 10 de octubre al 5 de noviembre, aproximadamente, del año 1947. 

Por la misma, se solicitó "la indemnización, por la cantidad de pesos que el señor Juez Federal se sirva presupuestar, de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica, a favor del pueblo de argentinos de etnia Pilagá, en razón de la llamada “Matanza de Rincón Bomba”.

El que fuera titular de Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, dijo a la agencia Télam que el Escuadrón 18 de Lomitas prestó "total colaboración" desde el inicio de la investigación por el trágico hecho. "La fuerza prestó y presta total colaboración a la justicia porque investiga un hecho histórico que hay que sacar a la luz", señaló Schenone.

La presentación ante la justicia se funda en los principios jurídicos de la "imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad", similar a la interpuesta, ante el Juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Carlos Skidelsky por la "Masacre de Napalpí" del 19 de julio del año 1924. 

El fiscal federal instructor, Arístides Fernández Bedoya, efectuó requisitoria instructiva formal y solicitó al juez federal, que llame a indagatoria a los victimarios de la masacre. Entre ellos aún con vida hay un ex juez Federal de Formosa y Camarista de Chaco, miembros de la Fuerza Aérea Argentina, miembros de Gendarmería de la época. El juez ordenó el llamado a indagatoria, en razón de la edad de los presuntos responsables que actualmente están con vida. 

Con respecto a los imputados, el fiscal afirma: “podemos decir que contamos con la documentación necesaria y pudimos probar con el grado de sospecha necesario la inculpación de los involucrados, pero por la época es muy poca la gente que queda con vida".

Son 28 personas imputadas de los cuales 6 se tiene la certeza que están con vida por lo que solicitaron al Juez que los llame a indagatorio por delitos de lesa humanidad.

Según afirman los abogados que representan a la Comunidad Pilagá, el genocidio se ha extendido en el tiempo, porque los pobladores continúan con temor a contar lo ocurrido hace 67 años y, peor aún, cada vez quedan menos para relatar el horror. 

Es muy importante remarcar que este suceso no pertenece a la Historia impartida en las escuelas formoseñas, no está documentado de manera sistemática y la información que se encuentra, pertenece a los sitios de internet, en su mayoría periodísticos, que tomaron algunos testimonios para volcarlos en una crónica. 

Celebro la valentía y el coraje de estos abogados que decidieron iniciar una acción reclamando indemnización y también la determinación de la verdad histórica para este pueblo que fue el primer habitante de esta tierra. 

Y quiero dedicar este artículo a Seecholé, la abuela pilagá que narró sus infortunios en el documental “Octubre Pilagá” (dirigido y guiñado por Valeria Napelman) cuya muerte debemos lamentar los formoseños y los argentinos todos, hace un mes.

(*) Abogada formoseña graduada en la UNLP. 

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lunes, 12 de mayo de 2014

Carmen Argibay: La primera mujer en una Corte democrática

Fue una jurista de primer nivel y militante apasionada de las cuestiones de género. Sufrió prisión en la última dictadura cívico-militar. Ejerció importantes cargos en la Justicia Nacional e Internacional. Llegó a ser la primera jueza de la Corte Suprema de la Nación nombrada por un Gobierno Constitucional y dejó un importante legajo en perspectiva de género. Falleció a los 74 años.  


Nació el 15 de julio de 1939 en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, era la tercera hija entre siete hermanos, su padre, Manuel Agustín Argibay Molina, un médico que fue Ministro de Salud en 1955 durante el gobierno de facto de Pedro Aramburu y su madre, Ana Rosa Carlé Huergo, profesora de inglés y pianista. 

Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se recibió de abogada en 1964. Un año más tarde, por medio de su tío el Juez Francisco Molina, logró ingresar al Poder Judicial de la Nación como empleada interina en el Juzgado Nacional en lo Correccional Letra «N» de Capital Federal.

Tras un breve paso por la profesión, Argibay volvió a Tribunales. Recaló como secretaria interina en el Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 2 de Capital Federal y, en 1973, llegó a ser la primera mujer secretaria de superintendencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Durante la última dictadura cívico-militar sufrió nueve meses de prisión, sin imputación ni juicio previo, en la cárcel de Devoto. La detuvieron en la misma madrugada del 24 de marzo de 1976 por disposición del Poder Ejecutivo Nacional. "Me vinieron a buscar la madrugada del golpe, a las tres de la mañana, y me tiraron la puerta abajo a tiros. En nombre de querer defender la Constitución, ellos la pisotearon", recordó en una entrevista que dio muchos años más tarde. 

Con la vuelta de la democracia pudo regresar al Poder Judicial. En junio de 1984 fue designada como titular del Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra « Q » de Capital Federal hasta que fue ascendida a jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en diciembre de 1988.

“Carmencita”, como la conocían, se acogió a la jubilación en 2002. En ese tiempo ya había ejercido los cargos internacionales de jueza del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual que condenó en diciembre de 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se sometieron mujeres de distintos países a la esclavitud sexual y, en 2001, la Asamblea General de la Naciones Unidas la nombró como jueza ad litem para el Tribunal Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex-Yugoslavia.

Estaba en La Haya cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, en 2003, la propuso para integrar la Corte Suprema de la Nación. 

La nominación de Argibay tuvo una férrea resistencia del ala más conservadora de la Iglesia Católica, luego de que declarara que se hallaba políticamente más cerca de la izquierda que de la derecha, que era una atea militante, y que apoyaba el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. 

Al rechazo Argibay respondió: “decir de frente lo que uno es o piensa revela honestidad, que es el primer paso para la ecuanimidad. Mis creencias (o su falta) no deben interferir en las decisiones judiciales que tome”.

Siete meses más tarde el Senado, por 42 contra 17, le dio el acuerdo y prestó su juramento en 2005, de esta forma se convirtió en la primera mujer que llegó al alto tribunal en democracia.

En su paso por la Corte Suprema se mostró como jueza personal e independiente. Votó por la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero contra la anulación del indulto del represor Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, al sostener que ya había sido juzgado por la misma Corte Suprema años atrás. 

Consideró al derecho a la vivienda digna, en el fallo “Q.C.S”, en cuanto a que debía darse especial tutela a una madre carenciada que vivía en la calle con su hijo discapacitado, obligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a suministrarle un lugar adecuado donde vivir. 

En la causa del Grupo Clarín contra la Ley de Medios, Argibay votó en un postura diferenciada a la mayoría con el fundamento que el cese compulsivo de licencias restringía el “ejercicio de la libertad de expresión”, como refería el multimedios. 

Sorprendió a propios y ajenos con su confirmación a la condena contra Romina Tejerina por la muerte de su bebé. También en el recordado fallo “F.A.L”, sobre aborto no punible, que ratificó que la interrupción voluntaria del embarazo no puede recibir sanción penal cuando es producto de una violación. Argibay coincidió en lo central del fallo pero fue menos categórica que la mayoría, lo que llamó la atención a la luz de sus posturas públicas. 

Argibay mostró su propia impronta en el Máximo Tribunal, firmando en muchísimos casos su propio voto en las causas del Tribunal, por su oposición a la “doctrina de la arbitrariedad” de las sentencias y, también, por el frecuente uso que hacía de la herramienta procesal del artículo 280 del CPCCN que permite el rechazo de causas cuándo la cuestión no reviste, a juicio de los jueces, un interés trascendente como para pronunciarse. 

La militancia de Argibay por la perspectiva de género y su lucha contra la cultura machista del Poder Judicial deja un trascendente legajo en la Justicia: la creación de la Oficina de la Mujer. Un órgano que busca, desde adentro y con la participación de las mujeres, cambiar la cultura patriarcal dominante en el seno del Poder Judicial. 

Carmen Argibay falleció a los 74 años de un paro cardíaco, el domingo 11 de mayo de 2014, mientras se hallaba internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento en la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Judicial pierde una valiosa jueza cuyas credenciales académicas estaban a la vista y eran reconocidas por un amplio arco social en nuestro país pero deja un importante legajo en el respeto y defensa de las mujeres en un poder que tradicionalmente ha sido gobernado por hombres. 

José Ignacio López

miércoles, 2 de abril de 2014

2 de abril, marcas y memoria

Por María García Urcola (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho


¿Qué queda cuando baja el agua? Creo que muchos nos preguntamos algo parecido desde hace ya, justo hoy, un año. 

Durante varios días creímos que sólo restaba el olor nauseabundo, la podredumbre, esa sorprendente desolación. El desamparo con nombre y apellido, en cada casa, mientras recorríamos el barrio, todavía en la piel esa espantosa sensación de incertidumbre. 

La parálisis frente al agua que se llevaba todo y no daba tregua, ¿es eso lo que queda? Las pérdidas, infinitas. La ciudad húmeda. Las calles resignificadas. El hogar que ya no es. La ausencia, de la familia, del Estado, de obras hidráulicas, de ayuda temporánea, de todo. El recuerdo inolvidable de los amores llorando un mes entero. ¿Quedan las marcas?, las visibles, esas que delatan el 2 de abril en cada pared y también esas otras que nos atraviesan por dentro. Justamente, las que nos graban a fuego cosas que ya no vamos a olvidar más.

A mi me va a quedar para siempre esa noche de eterna impotencia, la corbata preferida de mi viejo entre la mugre de la vereda. La cara de mi mamá cuando volvió a entrar en su casa. La habitación de mi hermano llena de barro y brillantina de colores, todas sus preguntas, ¿dónde están mis barcos?, ¿dónde está el escritorio?, ¿seguro que ya no hay agua? El momento del reencuentro y los tres abrazos en los que no puedo pensar sin refregarme los ojos. Todo eso va y vuelve como un péndulo. Olvido y recuerdo, recuerdo y olvido.

Hace unos días escuché hablar al Presidente de la Corte sobre el medio ambiente. Decía que el tema era sumamente trascendente, porque cuando fenómenos climáticos como éste ocurrían, el contrato social parecía desaparecer y toda una sociedad podía volver a épocas remotas. Habló además sobre la importancia de que las acciones políticas dejen de actuar frente a un estímulo, para pasar a ser proactivas, (actuar antes para evitar semejantes consecuencias, o por lo menos, para estar mejor preparados).

Lo escuchaba y me acordaba de esa semana de abril de 2013. En realidad, cualquiera que haya estado ese día en La Plata se tiene que haber sentido, al menos por un minuto, en una película de ciencia ficción.

Y yo me sigo preguntando, ¿qué es lo que queda? ¿Quedan las sentencias, los libros, la poesía?, ¿los diarios sensacionalistas, los videos terribles, las fotos desgarradoras? ¿Queda la tristeza de la ayuda que esperábamos y no llegó?, ¿el lamento por todo lo que perdimos?

¿Quién se atrevería a decir que todo eso ya no está?

Pero nosotros sabemos muy bien, que además queda esa incontable, (y cuando digo incontable, digo incontable de verdad), cantidad de brazos prestados, de sonrisas gratis, de caricias oportunas. Queda toda esa fuerza, imposible de detener, empujando para adelante. 

Porque yo aprendí una cosa muy seria, cuando hay que ir para adelante (porque el amor que uno tiene adentro no le permite hacer otra cosa), no te para nadie. El sentimiento es contagioso y de repente tenés enfrente una ciudad entera que renace, que de a poco vuelve a ser hermosa; pero que todavía tiene marcas en miles de paredes. Y cuando esas marcas ya no estén, las otras van a seguir estando.

Y dándome un último permiso en esta humilde catarsis que me ayuda; para mi, ¿saben qué es lo que quedó?, quedamos un montón de personas, vecinos de la misma ciudad, unidos por algo que nos pasó a todos. Que nos acercó, profundamente y para siempre. 

En definitiva, como suele suceder con tantas cosas penosas que aquí han ocurrido, creo que lo más importante que nos queda es esta identidad común, colectiva, que nos hace a todos pequeñas partes del gran rompecabezas que es nuestra ciudad. Esa identidad que nos pasa y que construimos todos los días. Pero que por sobre todo, se va a sostener siempre en la memoria.

(*) Abogada (UNLP) y damnificada de la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.