martes, 24 de junio de 2014

Bella y la mejor

Por Carlos A. Vallefín (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho

Encontró una pasión: disparar. Primero intentó con las armas cortas. Y tuvo éxito. Luego acudió a las largas hasta que se familiarizó con el fusil. Y volvió a tener éxito. Decidió, entonces, probar sus habilidades en un torneo en el que –por azar o no– competían sólo hombres. Disparó con envidiable precisión y, al lograr la mejor marca, aquellos se resistieron a reconocerla como ganadora. Pensó en una broma pero –se sabe– con los fusiles no se juega. Decidió al fin que el asunto debía resolverse mediante el empleo de armas pero –esta vez– de las judiciales. Éstas tampoco le dieron la espalda. Elvira Bella protagonizó un caso emblemático de discriminación de género en el que los tribunales la colocaron en lo más alto del podio.



Una nota sobre la discriminación en razón de género demandaría más espacio que el disponible y más esfuerzo para exponer ordenadamente los argumentos que requiere el tratamiento de la cuestión. Por ello, probablemente, acudimos a Séneca a quien se le atribuye la siguiente expresión que, con arreglo a la tradición forense, transcribimos en latín: longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Parece, en más claro español, que es cierto que largo es el camino mediante reglas pero es corto y eficaz con el ejemplo.

El caso que rescatamos de la jurisprudencia contiene notas singulares que permiten recordarlo con mayor facilidad. Seguramente, no todos los días se encuentra una mujer que diga “tirar por primera vez con un fusil fue casi como enamorarse”. Pero, superado este aspecto anecdótico, el caso encierra una de las versiones más difundidas de la discriminación y la decisión de los tribunales, una de las más contundentes condenas.

La Asociación por los Derechos Civiles, con el auspicio de Poder Ciudadano interpuso, en 1996 una acción de amparo contra la Federación Argentina de Tiro (FAT) patrocinando a la señora Elvira Bella. A pesar de haber obtenido el mejor puntaje en el campeonato nacional de tiro 1996, las autoridades de la FAT se negaron a darle el título de campeona y le ofrecieron una alternativa. Sería la “Dama Mejor Calificada”. El campeón –en esta lógica– era el hombre que había obtenido la calificación inmediatamente inferior a Bella.

El 9 de febrero de 1998, la jueza Ana Inés Sotomayor, a cargo del Juzgado Civil N° 20 de la Capital Federal, dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo promovida. En consecuencia, se declaró que la señora Bella era la campeona nacional de la categoría “Fusil Mauser Tendido” para el año 1996.

La FAT dedujo un recurso de apelación contra la sentencia. La Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal –Sala D– juzgó que la señora Bella había sido discriminada por razones de género por cuanto no se le reconoció el premio por el cual compitió no obstante haber obtenido el mejor puntaje. Consideró también que la figura de “Dama Mejor Calificada” había sido utilizada en el caso para ocultar y no admitir que la señora Bella había superado a los hombres que había competido con ella.

Si Bella participaba en la misma prueba que los hombres podía volver a ganar. La FAT pensó, entonces, que bastaría con organizar un torneo que contuviera, la categoría masculina, por un lado y la categoría femenina, por otro. Bella podría inscribirse y competir, con ella misma... Los Tribunales volvieron a ordenar, esta vez a través de un mandato cautelar, que el torneo se realizase sin distinciones en razón del sexo. La crónica periodística da cuenta que el torneo se celebró bajo la atenta mirada de un oficial de justicia.

La suma de injusticias aún en dosis homeopáticas envenena el tejido social. Bella se armó pero –esta vez– de paciencia para perseguirlas judicialmente. Los Tribunales, esta vez, escribieron un página que dio en el blanco.

(*) Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y docente de Derecho Administrativo II en la Universidad Nacional de La Plata.

Referencias

- La sentencia de la Cámara Nacional en lo Civil, Sala D, apareció publicada en “La Ley” 1998-B, 626.

- Un valioso comentario –enriquecido también porque fue una de las letradas que patrocinó a la actora– es el de ROMÁN, Mónica “El caso de la bella tiradora (que se atrevió a ganar)”, en CARRIÓ, Alejandro y otros. En defensa de los derechos civiles, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000, p. 99 y ss.

- El análisis de la resolución cautelar que le permitió competir, se encuentra en VALLEFÍN, Carlos A. Protección cautelar frente al Estado, segunda edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, p. 95 y 96.



Nota

Elvira Bella abandonó el fusil. Su último y certero disparo lo dio en sede judicial, cuando logró –en 2004– ganarle un pleito a la Federación Argentina de Tiro por la discriminación que la tuvo por víctima y la justicia civil ordenó que la indemnicen por los perjuicios sufridos. Hoy Elvira Bella dirige una asociación contra la discriminación. “El tiro es un gran amor de mi vida”, afirma y cuenta “cuando voy al Cenard y escucho los tiros (…) Es como que escuchás hablar de alguien a quien querés mucho y hace mucho que no lo ves. Me agarra un poco de congoja. Los demás ni se dan cuenta de los tiros, pero yo los siento adentro del pecho”.

José Ignacio López

sábado, 14 de junio de 2014

Rincón Bomba 1947: Los crímenes de lesa humanidad contra pueblos originarios en el Impenetrable

Por Claudia C. Canteros (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho

Hace 67 años tropas de la Gendarmería Nacional produjeron una masacre de aborígenes de las etnias toba, pilagá y wichi en lo que hoy es la provincia de Formosa. La "Masacre de Rincón Bomba", nombre adoptado por la localidad donde ocurrieron los sucesos, no es lo suficientemente conocida en el país. En la actualidad, la Justicia Federal investiga los hechos como posibles crímenes de lesa humanidad de los cuales el Estado Nacional sería responsable. La historia de un silencio de varias décadas.


Hace días me da vueltas en la cabeza la idea de apuntar sobre algo que tomé conocimiento hace poco: ¿Qué pasó en Rincón Bomba hace 67 años?

En principio habría que saber que es una localidad que no aparece en el mapa de la provincia de Formosa, sólo encontramos a la ciudad de Las Lomitas, a 298 kilómetros de la capital provincial. Según información recolectada, la historia que nos interesa comienza en El tabacal, San Martín, Salta, cuyo propietario era Robustiano Patrón Costas. Allí, a un grupo de aborígenes, pilagás, mocovíes, y wichís les habían prometido trabajo bien pago, lo que en Pozo del Tigre y en Campo del Cielo ya no le daban. Por eso decidieron cargar sus enseres y así, enfermos y hambrientos llegaron a El Tabacal, para que sus vidas mejorasen.

Con el arribo, sólo encontraron frialdad y la posibilidad de un jornal mucho más reducido que el prometido. Así iniciaron una protesta tímida, que no dio resultado. Insistieron, los despidieron y echaron del lugar. Se dirigieron de esa forma nuevamente a Las Lomitas, a pie. Otra vez, recorrer esos kilómetros para finalizar su derrotero en Rincón Bomba. 

Debemos tener presente que la provincia de Formosa recién alcanza ese status en el año 1955, por lo que para 1947 formaba parte de los Territorios Nacionales, cuya jurisdicción pertenecía a la Gendarmería Nacional y a la Policía de Territorios Nacionales.

Continuando con el relato, encontramos a dos personajes cuya intervención fue significativa. El cacique Nola Lagadick y el cura Luciano Córdoba, pidieron ayuda a la comisión de fomento de Las Lomitas y al escuadrón 38 de Gendarmería Nacional. Les dieron yerba, azúcar y ropa pero días más tarde la actitud estatal fue más renuente. 

Los pilagás entonces intentaron viajar a Buenos Aires a fin de entrevistarse con el mismo presidente Perón para que sepa que fueron engañados en Salta, y que se encontraban con hambre y enfermos.

El presidente, a través del Ministerio del Interior, envió tres vagones de ropa, alimentos, medicamentos y colchones, que llegaron en mal estado. Lo que ocurre después es bien conocido, intoxicación en varios de ellos, y posterior muerte por el consumo de esos alimentos.

En otra escena encontramos a los vecinos de Las Lomitas quienes, asustados por el rumor que los pilagás atacarán el pueblo, decidieron apoyar a los efectivos de Gendarmería para “proteger al pueblo del malón que se avecinaba”.

El “enfrentamiento” encontró en estado de total indefensión a la comunidad pilagá, que se dirigía hacia Las Lomitas para intentar nuevamente un llamado a las autoridades locales con sus necesidades.

Las órdenes del escuadrón son: no dejar escapar a nadie, no deben quedar testigos de la matanza, porque esto nunca sucedió.

El resultado es el infierno en Rincón Bomba: entre cuatrocientos a quinientos cadáveres en un círculo de no más de doscientos metros de diámetro, además de los heridos y más de doscientos desaparecidos. A ello se suma los más de cincuenta muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños, elevan las bajas a más de 750 entre niños, ancianos, mujeres y hombres.

Ese no es el final de la historia, porque después se inició la persecución de los que quedaron vivos, algunos intentaron dirigirse a Pozo del Tigre, otros para Campo del Cielo.

La investigación judicial

En el año 2005 se inició una causa judicial por estos hechos, actualmente en trámite ante el Juzgado Federal n° 1 en Formosa y que en sus comienzos fuera dirigida por el juez federal Marcos Bruno Quinteros. El expediente se funda en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que habrían sido perpetrados por tropas de la Gendarmería Nacional entre el 10 de octubre al 5 de noviembre, aproximadamente, del año 1947. 

Por la misma, se solicitó "la indemnización, por la cantidad de pesos que el señor Juez Federal se sirva presupuestar, de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica, a favor del pueblo de argentinos de etnia Pilagá, en razón de la llamada “Matanza de Rincón Bomba”.

El que fuera titular de Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, dijo a la agencia Télam que el Escuadrón 18 de Lomitas prestó "total colaboración" desde el inicio de la investigación por el trágico hecho. "La fuerza prestó y presta total colaboración a la justicia porque investiga un hecho histórico que hay que sacar a la luz", señaló Schenone.

La presentación ante la justicia se funda en los principios jurídicos de la "imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad", similar a la interpuesta, ante el Juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Carlos Skidelsky por la "Masacre de Napalpí" del 19 de julio del año 1924. 

El fiscal federal instructor, Arístides Fernández Bedoya, efectuó requisitoria instructiva formal y solicitó al juez federal, que llame a indagatoria a los victimarios de la masacre. Entre ellos aún con vida hay un ex juez Federal de Formosa y Camarista de Chaco, miembros de la Fuerza Aérea Argentina, miembros de Gendarmería de la época. El juez ordenó el llamado a indagatoria, en razón de la edad de los presuntos responsables que actualmente están con vida. 

Con respecto a los imputados, el fiscal afirma: “podemos decir que contamos con la documentación necesaria y pudimos probar con el grado de sospecha necesario la inculpación de los involucrados, pero por la época es muy poca la gente que queda con vida".

Son 28 personas imputadas de los cuales 6 se tiene la certeza que están con vida por lo que solicitaron al Juez que los llame a indagatorio por delitos de lesa humanidad.

Según afirman los abogados que representan a la Comunidad Pilagá, el genocidio se ha extendido en el tiempo, porque los pobladores continúan con temor a contar lo ocurrido hace 67 años y, peor aún, cada vez quedan menos para relatar el horror. 

Es muy importante remarcar que este suceso no pertenece a la Historia impartida en las escuelas formoseñas, no está documentado de manera sistemática y la información que se encuentra, pertenece a los sitios de internet, en su mayoría periodísticos, que tomaron algunos testimonios para volcarlos en una crónica. 

Celebro la valentía y el coraje de estos abogados que decidieron iniciar una acción reclamando indemnización y también la determinación de la verdad histórica para este pueblo que fue el primer habitante de esta tierra. 

Y quiero dedicar este artículo a Seecholé, la abuela pilagá que narró sus infortunios en el documental “Octubre Pilagá” (dirigido y guiñado por Valeria Napelman) cuya muerte debemos lamentar los formoseños y los argentinos todos, hace un mes.

(*) Abogada formoseña graduada en la UNLP. 

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lunes, 12 de mayo de 2014

Carmen Argibay: La primera mujer en una Corte democrática

Fue una jurista de primer nivel y militante apasionada de las cuestiones de género. Sufrió prisión en la última dictadura cívico-militar. Ejerció importantes cargos en la Justicia Nacional e Internacional. Llegó a ser la primera jueza de la Corte Suprema de la Nación nombrada por un Gobierno Constitucional y dejó un importante legajo en perspectiva de género. Falleció a los 74 años.  


Nació el 15 de julio de 1939 en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, era la tercera hija entre siete hermanos, su padre, Manuel Agustín Argibay Molina, un médico que fue Ministro de Salud en 1955 durante el gobierno de facto de Pedro Aramburu y su madre, Ana Rosa Carlé Huergo, profesora de inglés y pianista. 

Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se recibió de abogada en 1964. Un año más tarde, por medio de su tío el Juez Francisco Molina, logró ingresar al Poder Judicial de la Nación como empleada interina en el Juzgado Nacional en lo Correccional Letra «N» de Capital Federal.

Tras un breve paso por la profesión, Argibay volvió a Tribunales. Recaló como secretaria interina en el Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 2 de Capital Federal y, en 1973, llegó a ser la primera mujer secretaria de superintendencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Durante la última dictadura cívico-militar sufrió nueve meses de prisión, sin imputación ni juicio previo, en la cárcel de Devoto. La detuvieron en la misma madrugada del 24 de marzo de 1976 por disposición del Poder Ejecutivo Nacional. "Me vinieron a buscar la madrugada del golpe, a las tres de la mañana, y me tiraron la puerta abajo a tiros. En nombre de querer defender la Constitución, ellos la pisotearon", recordó en una entrevista que dio muchos años más tarde. 

Con la vuelta de la democracia pudo regresar al Poder Judicial. En junio de 1984 fue designada como titular del Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra « Q » de Capital Federal hasta que fue ascendida a jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en diciembre de 1988.

“Carmencita”, como la conocían, se acogió a la jubilación en 2002. En ese tiempo ya había ejercido los cargos internacionales de jueza del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual que condenó en diciembre de 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se sometieron mujeres de distintos países a la esclavitud sexual y, en 2001, la Asamblea General de la Naciones Unidas la nombró como jueza ad litem para el Tribunal Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex-Yugoslavia.

Estaba en La Haya cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, en 2003, la propuso para integrar la Corte Suprema de la Nación. 

La nominación de Argibay tuvo una férrea resistencia del ala más conservadora de la Iglesia Católica, luego de que declarara que se hallaba políticamente más cerca de la izquierda que de la derecha, que era una atea militante, y que apoyaba el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. 

Al rechazo Argibay respondió: “decir de frente lo que uno es o piensa revela honestidad, que es el primer paso para la ecuanimidad. Mis creencias (o su falta) no deben interferir en las decisiones judiciales que tome”.

Siete meses más tarde el Senado, por 42 contra 17, le dio el acuerdo y prestó su juramento en 2005, de esta forma se convirtió en la primera mujer que llegó al alto tribunal en democracia.

En su paso por la Corte Suprema se mostró como jueza personal e independiente. Votó por la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero contra la anulación del indulto del represor Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, al sostener que ya había sido juzgado por la misma Corte Suprema años atrás. 

Consideró al derecho a la vivienda digna, en el fallo “Q.C.S”, en cuanto a que debía darse especial tutela a una madre carenciada que vivía en la calle con su hijo discapacitado, obligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a suministrarle un lugar adecuado donde vivir. 

En la causa del Grupo Clarín contra la Ley de Medios, Argibay votó en un postura diferenciada a la mayoría con el fundamento que el cese compulsivo de licencias restringía el “ejercicio de la libertad de expresión”, como refería el multimedios. 

Sorprendió a propios y ajenos con su confirmación a la condena contra Romina Tejerina por la muerte de su bebé. También en el recordado fallo “F.A.L”, sobre aborto no punible, que ratificó que la interrupción voluntaria del embarazo no puede recibir sanción penal cuando es producto de una violación. Argibay coincidió en lo central del fallo pero fue menos categórica que la mayoría, lo que llamó la atención a la luz de sus posturas públicas. 

Argibay mostró su propia impronta en el Máximo Tribunal, firmando en muchísimos casos su propio voto en las causas del Tribunal, por su oposición a la “doctrina de la arbitrariedad” de las sentencias y, también, por el frecuente uso que hacía de la herramienta procesal del artículo 280 del CPCCN que permite el rechazo de causas cuándo la cuestión no reviste, a juicio de los jueces, un interés trascendente como para pronunciarse. 

La militancia de Argibay por la perspectiva de género y su lucha contra la cultura machista del Poder Judicial deja un trascendente legajo en la Justicia: la creación de la Oficina de la Mujer. Un órgano que busca, desde adentro y con la participación de las mujeres, cambiar la cultura patriarcal dominante en el seno del Poder Judicial. 

Carmen Argibay falleció a los 74 años de un paro cardíaco, el domingo 11 de mayo de 2014, mientras se hallaba internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento en la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Judicial pierde una valiosa jueza cuyas credenciales académicas estaban a la vista y eran reconocidas por un amplio arco social en nuestro país pero deja un importante legajo en el respeto y defensa de las mujeres en un poder que tradicionalmente ha sido gobernado por hombres. 

José Ignacio López

miércoles, 2 de abril de 2014

2 de abril, marcas y memoria

Por María García Urcola (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho


¿Qué queda cuando baja el agua? Creo que muchos nos preguntamos algo parecido desde hace ya, justo hoy, un año. 

Durante varios días creímos que sólo restaba el olor nauseabundo, la podredumbre, esa sorprendente desolación. El desamparo con nombre y apellido, en cada casa, mientras recorríamos el barrio, todavía en la piel esa espantosa sensación de incertidumbre. 

La parálisis frente al agua que se llevaba todo y no daba tregua, ¿es eso lo que queda? Las pérdidas, infinitas. La ciudad húmeda. Las calles resignificadas. El hogar que ya no es. La ausencia, de la familia, del Estado, de obras hidráulicas, de ayuda temporánea, de todo. El recuerdo inolvidable de los amores llorando un mes entero. ¿Quedan las marcas?, las visibles, esas que delatan el 2 de abril en cada pared y también esas otras que nos atraviesan por dentro. Justamente, las que nos graban a fuego cosas que ya no vamos a olvidar más.

A mi me va a quedar para siempre esa noche de eterna impotencia, la corbata preferida de mi viejo entre la mugre de la vereda. La cara de mi mamá cuando volvió a entrar en su casa. La habitación de mi hermano llena de barro y brillantina de colores, todas sus preguntas, ¿dónde están mis barcos?, ¿dónde está el escritorio?, ¿seguro que ya no hay agua? El momento del reencuentro y los tres abrazos en los que no puedo pensar sin refregarme los ojos. Todo eso va y vuelve como un péndulo. Olvido y recuerdo, recuerdo y olvido.

Hace unos días escuché hablar al Presidente de la Corte sobre el medio ambiente. Decía que el tema era sumamente trascendente, porque cuando fenómenos climáticos como éste ocurrían, el contrato social parecía desaparecer y toda una sociedad podía volver a épocas remotas. Habló además sobre la importancia de que las acciones políticas dejen de actuar frente a un estímulo, para pasar a ser proactivas, (actuar antes para evitar semejantes consecuencias, o por lo menos, para estar mejor preparados).

Lo escuchaba y me acordaba de esa semana de abril de 2013. En realidad, cualquiera que haya estado ese día en La Plata se tiene que haber sentido, al menos por un minuto, en una película de ciencia ficción.

Y yo me sigo preguntando, ¿qué es lo que queda? ¿Quedan las sentencias, los libros, la poesía?, ¿los diarios sensacionalistas, los videos terribles, las fotos desgarradoras? ¿Queda la tristeza de la ayuda que esperábamos y no llegó?, ¿el lamento por todo lo que perdimos?

¿Quién se atrevería a decir que todo eso ya no está?

Pero nosotros sabemos muy bien, que además queda esa incontable, (y cuando digo incontable, digo incontable de verdad), cantidad de brazos prestados, de sonrisas gratis, de caricias oportunas. Queda toda esa fuerza, imposible de detener, empujando para adelante. 

Porque yo aprendí una cosa muy seria, cuando hay que ir para adelante (porque el amor que uno tiene adentro no le permite hacer otra cosa), no te para nadie. El sentimiento es contagioso y de repente tenés enfrente una ciudad entera que renace, que de a poco vuelve a ser hermosa; pero que todavía tiene marcas en miles de paredes. Y cuando esas marcas ya no estén, las otras van a seguir estando.

Y dándome un último permiso en esta humilde catarsis que me ayuda; para mi, ¿saben qué es lo que quedó?, quedamos un montón de personas, vecinos de la misma ciudad, unidos por algo que nos pasó a todos. Que nos acercó, profundamente y para siempre. 

En definitiva, como suele suceder con tantas cosas penosas que aquí han ocurrido, creo que lo más importante que nos queda es esta identidad común, colectiva, que nos hace a todos pequeñas partes del gran rompecabezas que es nuestra ciudad. Esa identidad que nos pasa y que construimos todos los días. Pero que por sobre todo, se va a sostener siempre en la memoria.

(*) Abogada (UNLP) y damnificada de la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.

sábado, 29 de marzo de 2014

La CIDH presentó su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas

Por Román De Antoni (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho


En el salón Ruben Darío de la sede de la Organización de los Estados Americanos ubicado la Ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Dicho evento contó con la presencia de importantes funcionarios y operadores de justicia del continente, entre ellos, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez. Asimismo participó del discurso el Embajador de España ante la OEA- en su carácter de Observador Permanente- y representantes de organizaciones civiles.

En su exposición, el comisionado estadounidense James Cavallaro –Relator de las Personas Privadas de la Libertad -, remarcó que “el uso de este instituto constituye uno de los problemas con características más particulares que debe afrontar la región y el mundo. Es una medida excepcional que se ha convertido en regla corriente. Lo que buscamos con este informe es promover el diálogo en las Américas a los efectos de identificar estándares comunes para afrontar este grave problema”.

Los desafíos de la CIDH a partir del informe

Cavallaro continuó su discurso destacando que “el respeto por los derechos humanos de las personas privadas de la libertas constituye unos de grandes desafíos de la OEA. Para ello se requiere el diseño e implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo, así como la adopción de medidas inmediatas, necesarias para hacer frente a situaciones actuales y urgentes que afectan gravemente derechos humanos fundamentales de la población reclusa”.

Asimismo, destacó que la idea de que la mayor aplicación del uso de la prisión preventiva sea una solución al problema del delito constituye una “falacia” de realidad empírica. “Este es un problema serio –agregó- ya que esta falsa suposición es utilizada en el hemisferio para formar base de políticas públicas violatorias de derechos humanos. Esto genera que haya países en los cuales su aplicación llegue al 80% de los casos”.

Por otro lado, manifestó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la prisión preventiva es “una medida cautelar no punitiva” cuyos supuestos de aplicación deben limitarse a dos supuestos: evitar la fuga y/o no entorpecer la investigación. Seguidamente, destacó que los indicios de responsabilidad no constituyen razón suficiente para su aplicación y que, aun existiendo, se requiriere que su aplicación sea de forma proporcional, motivada y con una revisión periódica.

Posibles Soluciones

Al hablar específicamente en cuanto a las formas de solucionar la problemática que genera la aplicación desmedida de la prisión preventiva, James Cavallaro detalló que “es importante que existan acciones de prevención en tres dimensiones: acciones primarias, destinadas a las formación de derechos humanos para la sociedad en general; secundarias, a los efectos de crear programas de formación en la materia a grupos mayormente expuestos al delito; y terciarias, programas individualizados a personas involucradas directamente en situaciones delictuales”.

En el desarrollo de su discurso, el alto Comisionado continuó señalando la necesidad de dialogo entre los países miembros destacando algunas recomendaciones destinadas a disminuir el uso excesivo, afirmando lo siguiente: 

“A través de la presentación de este informe, queremos efectuar a los estados miembros de la OEA las siguientes recomendaciones:

1-Profundizar el dialogo a los fines de lograr un mayor consenso sobre los estándares aplicables.

2- Aplicación de la prisión preventiva en un plazo razonable, tal como marca el art. 7.5 de la Convención Americana.

3- Adoptar pautas concretas para lograr un uso excepcional.

4- Aumentar el empleo de medidas alternativas a la privación de la libertad, a traves de la creación de fondos necesarios para su uso.

5- Fortalecer el acceso a la justicia para aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

6-Fortalecer el principio de trato humano a través de programas específicos que tengan por objeto la capacitación de los operadores de justicia, en especial sobre el uso de la prisión preventiva.

7- Aumentar la capacidad carcelaria sólo en aquellos casos que resulte absolutamente necesario”.

La Necesidad de dialogo para generar nuevos estándares

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Alvarez Icaza, destacó que la Organización de Estados Americanos invita a todas las autoridades de los estados a sumarse al dialogo, señalando que la problemática que genera la aplicación abusiva de este herramienta procesal constituye una deuda clara de los estados para con la democracia.

Presentación del informe en la Argentina

Finalmente, durante el transcurso de la jornada llevado a cabo en las salas de la OEA, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, acordaron la realización de jornadas a desarrollarse en nuestro país a los efectos de dar publicidad al presente informe.


(*) Abogado graduado en UNLP, pasante la Organización de Estados Americanos (OEA).

lunes, 24 de marzo de 2014

Bajar los cuadros y recuperar la memoria

Por Gonzalo Martín (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho


Hoy, 24 de Marzo, en todo el país se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 38 años del golpe cívico-militar de 1976. Asimismo, se celebran 10 años de la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos en el predio de la ex ESMA.

Una década atrás nuestro país se debatía entre unos índices de pobreza, desocupación y marginación alarmantes -los más elevados de nuestra historia- que exponían la ruptura del tejido social. Además, aún seguía latente el recuerdo del estallido producto de la crisis política y económica del 2001, que reveló no sólo la falta de legitimidad de la clase política dirigente sino también una incapacidad de respuesta de las distintas agencias del Estado para recomponer la situación.

El modelo neoliberal mostraba el fracaso de sus medidas, alentadas desde los Organismos Multilaterales de Crédito (BID y BM) y el Fondo Monetario Internacional, que proponían el achicamiento del Estado- léase “más mercado”-, expulsando del sistema a millones de argentinos que eran excluidos e invisibilizados.

En ese contexto, asumió la presidencia Néstor Kirchner y propuso desde un primer momento un cambio de dirección en la política del país, introduciendo los pilares de memoria, verdad y justicia como ideales irrenunciables de su gobierno. En su discurso inaugural ante la Honorable Asamblea Legislativa de la Nación, el entonces primer mandatario compartió su proyecto de país, que con el paso de los años se convirtió en una realidad concreta: “Vengo a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos”.

Una de las medidas más simbólicas de Kirchner fue descolgar los cuadros de los represores que se lucían impunemente en el Colegio Militar, iniciando así un camino irreversible dentro de la lucha por recuperar la memoria del pasado reciente de nuestro país. En ese acto, el gobierno selló su compromiso con los familiares y víctimas de los detenidos y desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, y su afán de reparación histórica mediante el cumplimiento efectivo del derecho a la verdad y la justicia.

El kirchnerismo legitimó la histórica lucha de los organismos de derechos humanos que incansablemente denunciaron el accionar terrorista de los militares, sin temor a sufrir represalias o ser acallados. En este sentido, Kirchner determinó, al cumplirse el 28° aniversario del golpe, la recuperación del predio de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos durante el período 1976-1983.

De este modo, la ex ESMA se convirtió en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, consolidándose como lugar de intercambio cultural y de debate social sobre el terrorismo de Estado y la experiencia genocida. Actualmente, allí donde reinó la matanza y el terror, hoy existe un ámbito de homenaje a las víctimas y de condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Más adelante, el propio gobierno impulsaría la reapertura de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, para lo cual fue necesario declarar inconstitucional los indultos presidenciales. En tanto, el Congreso de la Nación sancionó la insanable nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final, que habían obturado la posibilidad de juzgar a los represores perpetuando la impunidad.

Como se observa, la política de derechos humanos del kirchnerismo contó con actos simbólicos y materiales que pusieron en tensión el sentido de ese pasado que muchos sectores interesados procuraron legitimar bajo las supuestas “inocentes” narrativas de la guerra, o la famosa “teoría de los dos demonios”. Para desmontar estos relatos que encontraron gran acogida dentro del sentido común fue necesario crear el Archivo Nacional de la Memoria (por medio del Decreto Nº 1259/03), un organismo cuyas actividades fundamentales han sido: “obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones”.

En esta misma línea, el Congreso de la Nación sancionó en el año 2011 la Ley N° 26.691 que declara "sitios de memoria" del Terrorismo de Estado a todos los espacios que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) identificó como centros clandestinos de detención de la última dictadura. Hoy en día, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación avanza en la señalización de los sitios de memoria, delimitando en el espacio público las marcas territoriales dejadas por el terrorismo de estado. 

A 10 años del histórico acto de bajar los cuadros y de haber empezado a recuperar nuestra memoria e identidad como pueblo, debemos celebrar el compromiso de un Estado democrático que trabaja cotidianamente por difundir y condenar estos crímenes, impulsando el juzgamiento de sus responsables.

Por último, no podemos dejar de reconocer el lugar emblemático que ocuparon los organismos de derechos humanos como emprendedores de la memoria, logrando superar las experiencias traumáticas personales y familiares para transformarlas en experiencias colectivas. Así no sólo se pudo hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares, sino que se contribuyó a mantener viva la historia contemporánea de nuestro país.
Los juicios en números

En junio de 2013 se creó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, un área especializada en los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, con el objetivo de jerarquizar lo que hasta ese momento era la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos cometidos por la última dictadura, nacida en 2007 para impulsar los juicios desde el Ministerio Público Fiscal.

El lanzamiento de esta nueva procuraduría se inscribió dentro de una política de estado que busca una reparación histórica así como una construcción del pasado reciente anclada en la verdad, la memoria y la justicia. Al mismo tiempo, representó una firme decisión de combatir y erradicar los nichos de impunidad que aún persisten dentro de la corporación militar y judicial.

Una de las tareas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consiste en sistematizar y digitalizar la información sobre los juicios de lesa humanidad y reforzar lazos con la sociedad civil. De este modo, la ciudadanía puede acceder a la información y seguir el avance de las investigaciones iniciadas en el país por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado acaecido entre 1976-1983.
El último “Informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado” , publicado en diciembre de 2013, presenta los siguientes datos:

-1069 personas procesadas (es decir, personas respecto de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento).
-520 personas están condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado (aunque sólo 71 de ellas registran condena firme).
-122 es el número de juicios realizados, desde 1983 hasta el presente, por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado (de los cuales 107 han sido a partir de 2004).
-12 juicios (10 orales y 2 escritos) se están llevando adelante en los que se está juzgando a 219 imputados, por un total de 1924 víctimas
-11 causas ya tienen fecha de juicio programada a lo largo de este año.


(*) Estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata

Ilustración y gráfico: Pablo Motta

Las respuestas frente a los crímenes del terrorismo de Estado

Por Lucas José Zudaire (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho


Hace 38 años atrás, el 24 de marzo 1976, se produjo en nuestro país el comienzo del período más nefasto que tocó vivir en su historia, el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón fue derrocado por un golpe de estado cívico-militar (denominación utilizada acertadamente por Schiffrin(1), y que con el correr de los años toma cada vez más fuerza), que gobernó inconstitucionalmente el país hasta el año 1983 bajo la autodenominación de “Proceso de Reorganización Nacional”. 

En este lapso, se cometieron los más aberrantes delitos contra, por sólo citar algunos ejemplos, la libertad de las personas, su integridad tanto física como psíquica, contra su vida; lo que se conoce como una sucesión continua y sistemática de violaciones a los Derechos Humanos,  delitos de lesa humanidad. 

Estos hechos sucedidos en nuestro país, desgraciadamente, no fueron aislados con lo que respeta al resto del mundo, ni contemporánea ni anteriormente; si bien no se dan de forma exacta estos hechos fueron  repetidos a lo largo del siglo XX. 

En cuanto a la situación mundial dice Iván Chacón: “El siglo XX fue caracterizado por ser uno de los periodos de mayor violencia y desencadenamiento de guerras, con su consecuente secuela de víctimas mortales y graves violaciones a los derechos humanos. Las dos grandes guerras mundiales y otros acontecimientos como el exterminio de los armenios por los turcos, y más recientemente, el genocidio en Ruanda, debieron exigir una pronta y sólida respuesta de la comunidad internacional”.(2) 

Ante todos estos sucesos que han significado una violación a los Derechos Humanos, no solo en el ámbito nacional sino también en el internacional, se han desarrollado (a veces con éxito, otras no) diferentes mecanismos de respuesta. Los mismos pueden darse tanto para ratificar o condenar tales actos, y pueden consistir en respuestas desde el Estado, en sus diferentes ámbitos y poderes, como de la sociedad. 

Entre otros pueden darse desde la impunidad (leyes de obediencia de vida y punto final, indultos) hasta la justicia (juicios por la verdad), pasando por mecanismo de respuesta reparatorios simbólicos (como la recordada orden de bajar los cuadros de los genocidas del Presidente Nestor Kirchner) o pecuniarios (indemnizaciones, pensiones a familiares, exenciones de impuestos).

Cada uno de ellos tiene importancia significativa, pero es de particular importancia mencionar la posibilidad o no de perseguir la comisión de delitos de acuerdo al tiempo transcurrido del hecho; la posibilidad de juzgar o no tales hechos, a través de un proceso judicial, que conforma el mecanismo de respuesta de la Verdad, en este caso en su faz judicial, y también el mecanismo Punitivo en lo que al Procedimiento Penal refiere. 

Hoy parece común hablar de la herramienta justicia para responder ante la violación de un derecho, pero no siempre fue así, ya que la práctica judicial distaba de atender esta situación por diversos motivos. Uno entre tantos, fue la imposibilidad de perseguir el juzgamiento de tales delitos por encontrarse limitada la misma temporalmente en los órdenes jurídicos internos de los países en los que se llevaron a cabo estos sucesos. 

En nuestro país, en los últimos años se han desarrollado, y actualmente se están dando, una serie de juzgamientos por los hechos cometidos en el marco del golpe de estado 1976-1983 denominado Juicios por la Verdad. 

Este mecanismo de respuesta no hubiese podido realizar las investigaciones y no hubiera podido arribar a las soluciones que se han encontrado, ni hubiera podido reconstruir la verdad de un periodo histórico si no hubiese sido por las decisiones adoptadas por los diferentes niveles de la justicia local en cuanto a la Imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad, teniendo en cuenta entre otras cuestiones: los antecedentes del Derecho de Gentes, su supremacía para con el orden local; el fundamento del instituto de la prescripción y la relación con el principio de legalidad, entre otros elementos. 

En la actualidad, pasados 30 años de democracia, según la información bindada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 927 detenidos, más del 60% en cárceles y poco más del 30% en prisión domiciliaria.

Desde la vuelta a la democracia hasta estos tiempos los condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina alcanza a 520 personas, de los cuales 114 tienen condena firme, en tanto suman 1.135 la cantidad de procesados.

Este avance no ha sido constante, ha contado con momentos de avances y retrocesos, desde 1983 se han realizado 123 procesos penales, por actos violatorios de los derechos humanos, encuadrados como delitos de lesa humanidad, de los cuales 108 de ellos se llevaron adelante a partir del 2004.

Los juicios avanzan, y en el último tiempo lo hacen hacia el esclarecimiento de la verdad en cuanto a la complicidad civil y la responsabilidad que debe recaer sobre funcionarios de gobiernos, del poder judicial, así como también de grupos empresarios, financieros y medios de comunicación.

El derecho a la verdad, y la posibilidad actual de solicitarlo, gracias a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ganado gracias a la lucha de familias, amigos, organizaciones, y en casos por poderes del estado, deber ser tomado por el pueblo de nuestra patria y aferrarse a él más que nunca, porque es propiedad suyo y para que Nunca Más le sea quitado.

(*) Abogado (UNLP)

Notas al Pie
(1) Schiffrin, Leopoldo. “Impunidad y Derechos Humanos en América Latina. Ediciones al Margen”.  La Plata 2003.
(2) Bazán Chacón, Ivan. “Los delitos de genocidio y de lesa humanidad. La cuestión de la imprescriptibilidad”.