miércoles, 2 de abril de 2014

2 de abril, marcas y memoria

Por María García Urcola (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho


¿Qué queda cuando baja el agua? Creo que muchos nos preguntamos algo parecido desde hace ya, justo hoy, un año. 

Durante varios días creímos que sólo restaba el olor nauseabundo, la podredumbre, esa sorprendente desolación. El desamparo con nombre y apellido, en cada casa, mientras recorríamos el barrio, todavía en la piel esa espantosa sensación de incertidumbre. 

La parálisis frente al agua que se llevaba todo y no daba tregua, ¿es eso lo que queda? Las pérdidas, infinitas. La ciudad húmeda. Las calles resignificadas. El hogar que ya no es. La ausencia, de la familia, del Estado, de obras hidráulicas, de ayuda temporánea, de todo. El recuerdo inolvidable de los amores llorando un mes entero. ¿Quedan las marcas?, las visibles, esas que delatan el 2 de abril en cada pared y también esas otras que nos atraviesan por dentro. Justamente, las que nos graban a fuego cosas que ya no vamos a olvidar más.

A mi me va a quedar para siempre esa noche de eterna impotencia, la corbata preferida de mi viejo entre la mugre de la vereda. La cara de mi mamá cuando volvió a entrar en su casa. La habitación de mi hermano llena de barro y brillantina de colores, todas sus preguntas, ¿dónde están mis barcos?, ¿dónde está el escritorio?, ¿seguro que ya no hay agua? El momento del reencuentro y los tres abrazos en los que no puedo pensar sin refregarme los ojos. Todo eso va y vuelve como un péndulo. Olvido y recuerdo, recuerdo y olvido.

Hace unos días escuché hablar al Presidente de la Corte sobre el medio ambiente. Decía que el tema era sumamente trascendente, porque cuando fenómenos climáticos como éste ocurrían, el contrato social parecía desaparecer y toda una sociedad podía volver a épocas remotas. Habló además sobre la importancia de que las acciones políticas dejen de actuar frente a un estímulo, para pasar a ser proactivas, (actuar antes para evitar semejantes consecuencias, o por lo menos, para estar mejor preparados).

Lo escuchaba y me acordaba de esa semana de abril de 2013. En realidad, cualquiera que haya estado ese día en La Plata se tiene que haber sentido, al menos por un minuto, en una película de ciencia ficción.

Y yo me sigo preguntando, ¿qué es lo que queda? ¿Quedan las sentencias, los libros, la poesía?, ¿los diarios sensacionalistas, los videos terribles, las fotos desgarradoras? ¿Queda la tristeza de la ayuda que esperábamos y no llegó?, ¿el lamento por todo lo que perdimos?

¿Quién se atrevería a decir que todo eso ya no está?

Pero nosotros sabemos muy bien, que además queda esa incontable, (y cuando digo incontable, digo incontable de verdad), cantidad de brazos prestados, de sonrisas gratis, de caricias oportunas. Queda toda esa fuerza, imposible de detener, empujando para adelante. 

Porque yo aprendí una cosa muy seria, cuando hay que ir para adelante (porque el amor que uno tiene adentro no le permite hacer otra cosa), no te para nadie. El sentimiento es contagioso y de repente tenés enfrente una ciudad entera que renace, que de a poco vuelve a ser hermosa; pero que todavía tiene marcas en miles de paredes. Y cuando esas marcas ya no estén, las otras van a seguir estando.

Y dándome un último permiso en esta humilde catarsis que me ayuda; para mi, ¿saben qué es lo que quedó?, quedamos un montón de personas, vecinos de la misma ciudad, unidos por algo que nos pasó a todos. Que nos acercó, profundamente y para siempre. 

En definitiva, como suele suceder con tantas cosas penosas que aquí han ocurrido, creo que lo más importante que nos queda es esta identidad común, colectiva, que nos hace a todos pequeñas partes del gran rompecabezas que es nuestra ciudad. Esa identidad que nos pasa y que construimos todos los días. Pero que por sobre todo, se va a sostener siempre en la memoria.

(*) Abogada (UNLP) y damnificada de la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.

sábado, 29 de marzo de 2014

La CIDH presentó su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas

Por Román De Antoni (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho


En el salón Ruben Darío de la sede de la Organización de los Estados Americanos ubicado la Ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Dicho evento contó con la presencia de importantes funcionarios y operadores de justicia del continente, entre ellos, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez. Asimismo participó del discurso el Embajador de España ante la OEA- en su carácter de Observador Permanente- y representantes de organizaciones civiles.

En su exposición, el comisionado estadounidense James Cavallaro –Relator de las Personas Privadas de la Libertad -, remarcó que “el uso de este instituto constituye uno de los problemas con características más particulares que debe afrontar la región y el mundo. Es una medida excepcional que se ha convertido en regla corriente. Lo que buscamos con este informe es promover el diálogo en las Américas a los efectos de identificar estándares comunes para afrontar este grave problema”.

Los desafíos de la CIDH a partir del informe

Cavallaro continuó su discurso destacando que “el respeto por los derechos humanos de las personas privadas de la libertas constituye unos de grandes desafíos de la OEA. Para ello se requiere el diseño e implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo, así como la adopción de medidas inmediatas, necesarias para hacer frente a situaciones actuales y urgentes que afectan gravemente derechos humanos fundamentales de la población reclusa”.

Asimismo, destacó que la idea de que la mayor aplicación del uso de la prisión preventiva sea una solución al problema del delito constituye una “falacia” de realidad empírica. “Este es un problema serio –agregó- ya que esta falsa suposición es utilizada en el hemisferio para formar base de políticas públicas violatorias de derechos humanos. Esto genera que haya países en los cuales su aplicación llegue al 80% de los casos”.

Por otro lado, manifestó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la prisión preventiva es “una medida cautelar no punitiva” cuyos supuestos de aplicación deben limitarse a dos supuestos: evitar la fuga y/o no entorpecer la investigación. Seguidamente, destacó que los indicios de responsabilidad no constituyen razón suficiente para su aplicación y que, aun existiendo, se requiriere que su aplicación sea de forma proporcional, motivada y con una revisión periódica.

Posibles Soluciones

Al hablar específicamente en cuanto a las formas de solucionar la problemática que genera la aplicación desmedida de la prisión preventiva, James Cavallaro detalló que “es importante que existan acciones de prevención en tres dimensiones: acciones primarias, destinadas a las formación de derechos humanos para la sociedad en general; secundarias, a los efectos de crear programas de formación en la materia a grupos mayormente expuestos al delito; y terciarias, programas individualizados a personas involucradas directamente en situaciones delictuales”.

En el desarrollo de su discurso, el alto Comisionado continuó señalando la necesidad de dialogo entre los países miembros destacando algunas recomendaciones destinadas a disminuir el uso excesivo, afirmando lo siguiente: 

“A través de la presentación de este informe, queremos efectuar a los estados miembros de la OEA las siguientes recomendaciones:

1-Profundizar el dialogo a los fines de lograr un mayor consenso sobre los estándares aplicables.

2- Aplicación de la prisión preventiva en un plazo razonable, tal como marca el art. 7.5 de la Convención Americana.

3- Adoptar pautas concretas para lograr un uso excepcional.

4- Aumentar el empleo de medidas alternativas a la privación de la libertad, a traves de la creación de fondos necesarios para su uso.

5- Fortalecer el acceso a la justicia para aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

6-Fortalecer el principio de trato humano a través de programas específicos que tengan por objeto la capacitación de los operadores de justicia, en especial sobre el uso de la prisión preventiva.

7- Aumentar la capacidad carcelaria sólo en aquellos casos que resulte absolutamente necesario”.

La Necesidad de dialogo para generar nuevos estándares

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Alvarez Icaza, destacó que la Organización de Estados Americanos invita a todas las autoridades de los estados a sumarse al dialogo, señalando que la problemática que genera la aplicación abusiva de este herramienta procesal constituye una deuda clara de los estados para con la democracia.

Presentación del informe en la Argentina

Finalmente, durante el transcurso de la jornada llevado a cabo en las salas de la OEA, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, acordaron la realización de jornadas a desarrollarse en nuestro país a los efectos de dar publicidad al presente informe.


(*) Abogado graduado en UNLP, pasante la Organización de Estados Americanos (OEA).

lunes, 24 de marzo de 2014

Bajar los cuadros y recuperar la memoria

Por Gonzalo Martín (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho


Hoy, 24 de Marzo, en todo el país se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 38 años del golpe cívico-militar de 1976. Asimismo, se celebran 10 años de la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos en el predio de la ex ESMA.

Una década atrás nuestro país se debatía entre unos índices de pobreza, desocupación y marginación alarmantes -los más elevados de nuestra historia- que exponían la ruptura del tejido social. Además, aún seguía latente el recuerdo del estallido producto de la crisis política y económica del 2001, que reveló no sólo la falta de legitimidad de la clase política dirigente sino también una incapacidad de respuesta de las distintas agencias del Estado para recomponer la situación.

El modelo neoliberal mostraba el fracaso de sus medidas, alentadas desde los Organismos Multilaterales de Crédito (BID y BM) y el Fondo Monetario Internacional, que proponían el achicamiento del Estado- léase “más mercado”-, expulsando del sistema a millones de argentinos que eran excluidos e invisibilizados.

En ese contexto, asumió la presidencia Néstor Kirchner y propuso desde un primer momento un cambio de dirección en la política del país, introduciendo los pilares de memoria, verdad y justicia como ideales irrenunciables de su gobierno. En su discurso inaugural ante la Honorable Asamblea Legislativa de la Nación, el entonces primer mandatario compartió su proyecto de país, que con el paso de los años se convirtió en una realidad concreta: “Vengo a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos”.

Una de las medidas más simbólicas de Kirchner fue descolgar los cuadros de los represores que se lucían impunemente en el Colegio Militar, iniciando así un camino irreversible dentro de la lucha por recuperar la memoria del pasado reciente de nuestro país. En ese acto, el gobierno selló su compromiso con los familiares y víctimas de los detenidos y desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, y su afán de reparación histórica mediante el cumplimiento efectivo del derecho a la verdad y la justicia.

El kirchnerismo legitimó la histórica lucha de los organismos de derechos humanos que incansablemente denunciaron el accionar terrorista de los militares, sin temor a sufrir represalias o ser acallados. En este sentido, Kirchner determinó, al cumplirse el 28° aniversario del golpe, la recuperación del predio de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos durante el período 1976-1983.

De este modo, la ex ESMA se convirtió en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, consolidándose como lugar de intercambio cultural y de debate social sobre el terrorismo de Estado y la experiencia genocida. Actualmente, allí donde reinó la matanza y el terror, hoy existe un ámbito de homenaje a las víctimas y de condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Más adelante, el propio gobierno impulsaría la reapertura de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, para lo cual fue necesario declarar inconstitucional los indultos presidenciales. En tanto, el Congreso de la Nación sancionó la insanable nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final, que habían obturado la posibilidad de juzgar a los represores perpetuando la impunidad.

Como se observa, la política de derechos humanos del kirchnerismo contó con actos simbólicos y materiales que pusieron en tensión el sentido de ese pasado que muchos sectores interesados procuraron legitimar bajo las supuestas “inocentes” narrativas de la guerra, o la famosa “teoría de los dos demonios”. Para desmontar estos relatos que encontraron gran acogida dentro del sentido común fue necesario crear el Archivo Nacional de la Memoria (por medio del Decreto Nº 1259/03), un organismo cuyas actividades fundamentales han sido: “obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones”.

En esta misma línea, el Congreso de la Nación sancionó en el año 2011 la Ley N° 26.691 que declara "sitios de memoria" del Terrorismo de Estado a todos los espacios que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) identificó como centros clandestinos de detención de la última dictadura. Hoy en día, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación avanza en la señalización de los sitios de memoria, delimitando en el espacio público las marcas territoriales dejadas por el terrorismo de estado. 

A 10 años del histórico acto de bajar los cuadros y de haber empezado a recuperar nuestra memoria e identidad como pueblo, debemos celebrar el compromiso de un Estado democrático que trabaja cotidianamente por difundir y condenar estos crímenes, impulsando el juzgamiento de sus responsables.

Por último, no podemos dejar de reconocer el lugar emblemático que ocuparon los organismos de derechos humanos como emprendedores de la memoria, logrando superar las experiencias traumáticas personales y familiares para transformarlas en experiencias colectivas. Así no sólo se pudo hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares, sino que se contribuyó a mantener viva la historia contemporánea de nuestro país.
Los juicios en números

En junio de 2013 se creó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, un área especializada en los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, con el objetivo de jerarquizar lo que hasta ese momento era la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos cometidos por la última dictadura, nacida en 2007 para impulsar los juicios desde el Ministerio Público Fiscal.

El lanzamiento de esta nueva procuraduría se inscribió dentro de una política de estado que busca una reparación histórica así como una construcción del pasado reciente anclada en la verdad, la memoria y la justicia. Al mismo tiempo, representó una firme decisión de combatir y erradicar los nichos de impunidad que aún persisten dentro de la corporación militar y judicial.

Una de las tareas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consiste en sistematizar y digitalizar la información sobre los juicios de lesa humanidad y reforzar lazos con la sociedad civil. De este modo, la ciudadanía puede acceder a la información y seguir el avance de las investigaciones iniciadas en el país por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado acaecido entre 1976-1983.
El último “Informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado” , publicado en diciembre de 2013, presenta los siguientes datos:

-1069 personas procesadas (es decir, personas respecto de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento).
-520 personas están condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado (aunque sólo 71 de ellas registran condena firme).
-122 es el número de juicios realizados, desde 1983 hasta el presente, por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado (de los cuales 107 han sido a partir de 2004).
-12 juicios (10 orales y 2 escritos) se están llevando adelante en los que se está juzgando a 219 imputados, por un total de 1924 víctimas
-11 causas ya tienen fecha de juicio programada a lo largo de este año.


(*) Estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata

Ilustración y gráfico: Pablo Motta

Las respuestas frente a los crímenes del terrorismo de Estado

Por Lucas José Zudaire (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho


Hace 38 años atrás, el 24 de marzo 1976, se produjo en nuestro país el comienzo del período más nefasto que tocó vivir en su historia, el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón fue derrocado por un golpe de estado cívico-militar (denominación utilizada acertadamente por Schiffrin(1), y que con el correr de los años toma cada vez más fuerza), que gobernó inconstitucionalmente el país hasta el año 1983 bajo la autodenominación de “Proceso de Reorganización Nacional”. 

En este lapso, se cometieron los más aberrantes delitos contra, por sólo citar algunos ejemplos, la libertad de las personas, su integridad tanto física como psíquica, contra su vida; lo que se conoce como una sucesión continua y sistemática de violaciones a los Derechos Humanos,  delitos de lesa humanidad. 

Estos hechos sucedidos en nuestro país, desgraciadamente, no fueron aislados con lo que respeta al resto del mundo, ni contemporánea ni anteriormente; si bien no se dan de forma exacta estos hechos fueron  repetidos a lo largo del siglo XX. 

En cuanto a la situación mundial dice Iván Chacón: “El siglo XX fue caracterizado por ser uno de los periodos de mayor violencia y desencadenamiento de guerras, con su consecuente secuela de víctimas mortales y graves violaciones a los derechos humanos. Las dos grandes guerras mundiales y otros acontecimientos como el exterminio de los armenios por los turcos, y más recientemente, el genocidio en Ruanda, debieron exigir una pronta y sólida respuesta de la comunidad internacional”.(2) 

Ante todos estos sucesos que han significado una violación a los Derechos Humanos, no solo en el ámbito nacional sino también en el internacional, se han desarrollado (a veces con éxito, otras no) diferentes mecanismos de respuesta. Los mismos pueden darse tanto para ratificar o condenar tales actos, y pueden consistir en respuestas desde el Estado, en sus diferentes ámbitos y poderes, como de la sociedad. 

Entre otros pueden darse desde la impunidad (leyes de obediencia de vida y punto final, indultos) hasta la justicia (juicios por la verdad), pasando por mecanismo de respuesta reparatorios simbólicos (como la recordada orden de bajar los cuadros de los genocidas del Presidente Nestor Kirchner) o pecuniarios (indemnizaciones, pensiones a familiares, exenciones de impuestos).

Cada uno de ellos tiene importancia significativa, pero es de particular importancia mencionar la posibilidad o no de perseguir la comisión de delitos de acuerdo al tiempo transcurrido del hecho; la posibilidad de juzgar o no tales hechos, a través de un proceso judicial, que conforma el mecanismo de respuesta de la Verdad, en este caso en su faz judicial, y también el mecanismo Punitivo en lo que al Procedimiento Penal refiere. 

Hoy parece común hablar de la herramienta justicia para responder ante la violación de un derecho, pero no siempre fue así, ya que la práctica judicial distaba de atender esta situación por diversos motivos. Uno entre tantos, fue la imposibilidad de perseguir el juzgamiento de tales delitos por encontrarse limitada la misma temporalmente en los órdenes jurídicos internos de los países en los que se llevaron a cabo estos sucesos. 

En nuestro país, en los últimos años se han desarrollado, y actualmente se están dando, una serie de juzgamientos por los hechos cometidos en el marco del golpe de estado 1976-1983 denominado Juicios por la Verdad. 

Este mecanismo de respuesta no hubiese podido realizar las investigaciones y no hubiera podido arribar a las soluciones que se han encontrado, ni hubiera podido reconstruir la verdad de un periodo histórico si no hubiese sido por las decisiones adoptadas por los diferentes niveles de la justicia local en cuanto a la Imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad, teniendo en cuenta entre otras cuestiones: los antecedentes del Derecho de Gentes, su supremacía para con el orden local; el fundamento del instituto de la prescripción y la relación con el principio de legalidad, entre otros elementos. 

En la actualidad, pasados 30 años de democracia, según la información bindada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 927 detenidos, más del 60% en cárceles y poco más del 30% en prisión domiciliaria.

Desde la vuelta a la democracia hasta estos tiempos los condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina alcanza a 520 personas, de los cuales 114 tienen condena firme, en tanto suman 1.135 la cantidad de procesados.

Este avance no ha sido constante, ha contado con momentos de avances y retrocesos, desde 1983 se han realizado 123 procesos penales, por actos violatorios de los derechos humanos, encuadrados como delitos de lesa humanidad, de los cuales 108 de ellos se llevaron adelante a partir del 2004.

Los juicios avanzan, y en el último tiempo lo hacen hacia el esclarecimiento de la verdad en cuanto a la complicidad civil y la responsabilidad que debe recaer sobre funcionarios de gobiernos, del poder judicial, así como también de grupos empresarios, financieros y medios de comunicación.

El derecho a la verdad, y la posibilidad actual de solicitarlo, gracias a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ganado gracias a la lucha de familias, amigos, organizaciones, y en casos por poderes del estado, deber ser tomado por el pueblo de nuestra patria y aferrarse a él más que nunca, porque es propiedad suyo y para que Nunca Más le sea quitado.

(*) Abogado (UNLP)

Notas al Pie
(1) Schiffrin, Leopoldo. “Impunidad y Derechos Humanos en América Latina. Ediciones al Margen”.  La Plata 2003.
(2) Bazán Chacón, Ivan. “Los delitos de genocidio y de lesa humanidad. La cuestión de la imprescriptibilidad”. 

martes, 11 de marzo de 2014

Las leyes y su tiempo


Todos los argentinos sabemos que nuestro país, fruto de distintos cambios sociales y políticos, produjo en la última década una notable transformación en diversos aspectos que hacen a su ser.

Sabemos también que las leyes son cristalizaciones de un determinado momento de la sociedad. Un momento que reúne aspectos filosóficos, políticos, sociales, culturales de su contexto que se podría graficar como una fotografía de una determinada etapa histórica en una sociedad determinada.

En ese orden, los cambios experimentados en este tiempo han exigido actualizar la legislación a los desafíos del presente. Es así que el gobierno nacional ha encarado la titánica tarea de organizar todas las leyes vigentes en la República con el Digesto Jurídico Argentino, sancionar nuevas normas que consagraron derechos civiles y sociales fundamentales y la equiparación a nuestros días de los códigos más importantes del país.

Es desde ese preciso lugar el punto de partida para entender la necesidad de sancionar un nuevo Código Penal que esté a la altura de nuestro siglo XXI. Los datos sobre el mismo dan cuenta acabada de cuán necesario es avanzar en esta dirección.

El Código Penal que hoy rige en la Argentina data, en su estructura fundamental, de 1921 y hasta la fecha ha sufrido aproximadamente novecientas modificaciones que, como señaló la Comisión Redactora, lo hace irreconocible.

Existen en la actualidad figuras penales vigentes que claramente demuestran un desfasaje temporal. Un claro ejemplo de ello es la figura del duelo, propia del siglo XIX, que supone el combate entre personas por motivos de honor.

Frente a ese cuadro el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, asumió con enorme seriedad la tarea de dotar al país de un nuevo cuerpo que reúna las normas penales y para esa tarea convocó en 2012 a un grupo de expertos y representantes políticos de distintos partidos a conformar una Comisión que elaborara el proyecto de reforma.

El referido cuerpo se integró por el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien la presidió, el ex Camarista Federal, León Carlos Arslanián y por los diputados Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo, María Elena Barbagelata de la Unión Cívica Radical, El PRO y el Partido Socialista, respectivamente.

Esta Comisión dotada de un notable prestigio y con mayoría de representantes de la oposición, después de un arduo trabajo, en febrero de este año puso en manos del Poder Ejecutivo el Anteproyecto de Reforma del Código Penal que ahora está a estudio de los equipos técnicos de la Presidencia para luego girarlo al Congreso Nacional.

Un sector político, por estos días, acusó al proyecto de ser benevolente con los delincuentes y desproteger a la sociedad. La visión es propia de un incauto, cuanto menos, o lisa y llanamente malintencionada. El texto que se propone aumenta las penas en 178 casos, bajan en 129, crea 85 nuevos delitos y deroga 14 figuras que son obsoletas.

El debate de un nuevo cuerpo penal es una necesidad que debe darse con madurez por parte de todo el arco político nacional. Un debate que entienda que discutir sobre esta cuestión no se trata de discutir las penas en bruto y que rompa con falsas antinomias. Sólo de esta forma podremos darnos, los argentinos, un nuevo Código Penal a la altura de nuestros días.
José Ignacio López

Nota: artículo publicado en el portal de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata   

domingo, 23 de febrero de 2014

El derecho a limitar

Por Lucía Argemi (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho

El planteo realizado por el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras el fallo que condenó a un ex gobernador por tildar de "detestable" a un magistrado, abre el siempre presente debate sobre los alcances y límites del derecho a la libre de expresión. 


Se entiende por Derecho de la Comunicación, a la libertad de todos los seres humanos de expresar sus pensamientos y opiniones de manera libre y, por todos los medios existentes. “Libertad de expresión”, “libertad de información” y “libertad de opinión”, son también maneras de llamar a este derecho que nos permite opinar y ser escuchados.

Muchos artículos de nuestra Constitución Nacional hacen referencia a este derecho de forma directa. Otros no tanto. Sin embargo, si los analizamos en profundidad, encontraremos que también velan por él. Pero ¿hasta qué punto este derecho a la comunicación puede ejercerse libremente?

En agosto de 2013, la Corte Suprema, condenó al ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo, a indemnizar por daños y perjuicios, al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien en un reportaje publicado por Página 12 en 2004, incluyó en un grupo de magistrados a quienes llamó “seres detestables” y “jueces de la servilleta”. Para la corte, esas expresiones eran insultantes y afectaban el honor. Canicoba Corral le ganó a Acevedo en todas las instancias de la demanda.

Pero este fallo, ¿es correcto? Acevedo hizo uso de su derecho a la comunicación libremente, ¿es necesario que pague por eso? De esta manera, se abrió un debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El reclamo presentado ante el organismo internacional sostiene que ese fallo es un retroceso en la propia jurisprudencia suprema que restringe el derecho a la libertad de expresión y genera una suerte de estándar especial cuando los cuestionados tienen altos cargos en el Poder Judicial.

El derecho a la comunicación ha sido planteado en los últimos años como una necesidad fundamental para el desarrollo humano. El artículo 19 de la declaración de los Derechos Humanos expresa:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Informar, opinar e incluso entretener, son actividades sujetas a limitaciones. El derecho a la información y a la libertad de expresión, están claramente protegidos en la Constitución, pero chocan con otros derechos igualmente reconocidos: el derecho a que nos respeten, a que no difundan información privada, etc. 

La intimidad, en relación al respeto hacia la persona, como los demás derechos, tiene límites. Y estos, están expresados y protegidos por la Constitución Nacional (art.19) y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art.11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica; art.12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948), que al entrar en conflicto con la libertad de expresión, originan debates tales como el que se llevó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Así, según cuenta la periodista Irina Hauser en una nota de Página 12, si el planteo sobre el caso Canicoba Corral prospera, podría ocurrir que la Justicia argentina tenga que dar marcha atrás y Acevedo, quedar eximido de pagar. 

En este marco, el CELS, recordó que la Corte Interamericana ya condenó al Estado argentino en el caso del periodista Eduardo Kimel (quien había sido demandado por el ex juez Guillermo Rivarola) y sostuvo que “la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo”.

El derecho a la intimidad, es reconocido por todos los habitantes de la Nación, incluso por las denominadas “personas públicas”, respecto de las cuales sólo puede darse a conocer lo estrictamente relacionado con la actividad que desarrollan en la medida que el mensaje revista interés general. 

Como dice la Constitución en su artículo 116, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes nacionales y por los tratados internacionales.

De esta forma, analizar, limitar y resolver los conflictos entre el derecho a la comunicación y los derechos personalísimos, es una tarea puramente exclusiva de la Justicia. Confiemos en ella y entendamos que el interés jurídico comprometido que defienda, siempre tratará de ser el correcto. Pero, a la vez hagamos votos para que este derecho que nos es concedido sea una herramienta que nos dé garantías y que también, nos llegue con la misma celeridad con que la sociedad avanza.

(*) Estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata

jueves, 13 de febrero de 2014

Una ley para la cultura independiente

Por Antonieta Diomendi (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho

El Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) necesita 40 mil firmas para que ingrese en la Legislatura Porteña, por iniciativa popular, un proyecto de ley que regule los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires.


La problemática sobre habilitaciones y subsistencia de los espacios culturales ligados al arte en la Ciudad de Buenos Aires no es nueva.

Existen baches legislativos y un profundo desconcierto desde Cromañón y el posterior derrumbe de un entrepiso en el boliche palermitano Beara.

La falta de una legislación específica que abarque la totalidad de las actividades que se realizan en los espacios culturales de la ciudad acarrea cientos de clausuras por parte del GCBA y su consecuente aplicación de multas que en muchos casos resultan muy costosas para las formas de gestión independiente y alternativa que adoptan estos lugares.

La normativa cultural.

La Ciudad de Buenos Aires ha incorporado en su Constitución local el derecho a la cultura. El art. 32 de dicho cuerpo normativo garantiza el acceso democrático a la cultura, distinguiendo y promoviendo todas las actividades creadoras así como la capacitación profesional de los agentes culturales, facilitando el acceso a los bienes culturales, fomentando el desarrollo de las industrias culturales y creando y preservando espacios. 

Su reglamentación mediante la ley Nº 2176 fue un poco más allá y estableció que el derecho cultural integra los llamados “derechos humanos”, asegurando su acceso universal, equitativo e inclusivo. Asimismo, enumera una serie de derechos culturales entre los cuales se incluye expresamente la preservación de los espacios culturales en donde se desarrollan los mismos y determina que la cultura se asume como prioridad estratégica y como política de Estado. 

Aún así la Ciudad de Buenos Aires se encuentra afectada por una grave problemática en materia de habilitaciones culturales, dado que no existe actualmente un rubro habilitatorio específico que regule a los espacios multidisciplinarios en los cuales se llevan a cabo diversas manifestaciones artísticas y culturales, debiendo adoptar en forma subsidiaria figuras que no representan su verdadera identidad.

La normativa habilitatoria. Un poco de historia.

En materia habilitatoria de la Ciudad de Buenos Aires podemos hablar de 2 momentos muy marcados: pre-Cromañón y post-Cromañón.

Previo a Cromañón la ciudad se regía por medio de Ordenanzas Municipales que no suscitaban mayores conflictos.

• La Ordenanza Nº 24.654 de 1969 definía dos tipos de locales: “local de música, canto y variedades” y “locales varios con licencia accesoria de música, canto y variedades”. Regulaba también cómo debían ser los espacios donde se realizara música en vivo.

• La Ordenanza Nº 42.546 de 1987 determinaba bajo qué condiciones se habilitaban los Teatros Independientes.

Post-Cromañón el Poder Ejecutivo a cargo dictó tres Decretos de Necesidad y Urgencia: el DNU Nº 01/2005, DNU Nº 02/2005 y DNU Nº 03/2005 que establecieron en forma precaria el nuevo régimen transitorio de habilitaciones.

Específicamente, el DNU Nº 03/2005 creó la figura de “Clubes de Cultura” que abarcaba a las salas de teatro independientes, a los espacios no convencionales, a los espacios experimentales o a los espacios multifuncionales en los que se realizaren manifestaciones artísticas que significaren espectáculos con participación real y directa de intérpretes en cualquiera de sus modalidades, incluyendo los espectáculos musicales.

En 2006, por medio de la ley Nº 2542 de Teatros Independientes, se deroga el régimen establecido por el DNU Nº 03/2005 que creaba los “Clubes de Cultura”, existiendo desde ese momento un vacío legal que aún no ha sido subsanado.

En la actualidad rigen especialmente las siguientes normas habilitatorias dictadas entre los años 2006 y 2007:

• Teatro Independiente – Leyes Nº 2147 y 2542

• Club de Música en vivo – Leyes Nº 2321 y 2324

• Salón de Peña y Milonga – Ley Nº 2323

Concluimos entonces que no existe en el ordenamiento normativo habilitación para Centro Cultural o rubro similar, produciéndose en consecuencia una confusión en materia habilitatoria, dado que ninguna de las figuras existentes contempla la totalidad de las actividades que allí se llevan a cabo.

¿Cuáles son las problemáticas que acarrea la normativa vigente?

1.- A partir de la derogación del DNU 03/2005 se ha dejado sin marco regulatorio a los espacios no convencionales, espacios experimentales y a los multiespacios en los cuales se llevan a cabo diversas manifestaciones artísticas y culturales. Ello afecta en forma directa e irreparable el desarrollo de la creciente propuesta de Centros Culturales y Clubes de Cultura que surgieron en la ciudad (post – Cromañón) que deben buscar una solución a su situación de precariedad habilitatoria a través de las figuras ya existentes, sin poder habilitarse de acuerdo a la realidad de sus actividades.

2.- Las leyes habilitatorias actuales no prevén formas de gestión cultural no comerciales, es decir, sin fines de lucro o de carácter cooperativo.

3.-Elevados costos para el inicio del trámite habilitatorio.

4.- Plazos excesivos para el otorgamiento de la habilitación definitiva que hacen inviable el sostenimiento económico de los espacios en cuestión, que lleva a funcionar en forma clandestina hasta tanto les sea otorgado el permiso para funcionar.

5.- Las leyes sólo permiten el funcionamiento de los espacios culturales en limitadas zonas de la ciudad, especialmente en zonificación comercial (C) y de equipamiento (E) ya que están pensadas como destinos comerciales. La realidad es que la actividad cultural autogestiva e independiente no siempre es una actividad comercial sino que se desarrolla muy fuertemente en zonas residenciales (R), especialmente en casonas o establecimientos similares con el deseo de fomentar la identidad barrial y el acceso de todos a los bienes culturales. Nótese que el perjuicio mayor lo sufre especialmente la música en vivo pensada desde la propia ley como si se tratara únicamente de eventos de gran envergadura o de shows multitudinarios y por ello no permite que se instalen los Clubes de Música en Vivo en zonificación residencial (R) ni en casas destinadas a vivienda.

6.- En muchos casos se torna de imposible cumplimiento la Ley de Accesibilidad Física para Todos Nº 962/02 por cuestiones estrictamente edilicias y excesiva onerosidad económica.

¿Qué aporta el proyecto de ley de Centros Culturales y Clubes de Cultura a las problemáticas planteadas?

1.- Viene a llenar un vacío legal creando figuras específicas que contemplan todas las actividades que la normativa actual no prevé. Ellas son: Centro Cultural, Club de Cultura, Casa de Artistas, Centro Barrial, Social y Cultural y Centros Culturales y Clubes de Cultura “no comerciales”.

La ley expresamente define cada una de las figuras en los Arts. 1 y 2, a saber: 

Artículo 1°.- Denominación: Denomínase “Centro Cultural” y “Club de Cultura” a cualquier espacio no convencional, espacio experimental o espacio multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas que signifiquen espectáculos con participación real y directa de intérpretes, en cualquiera de sus modalidades sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, espectáculos musicales y/o de danzas y en los que se tomen en cuenta únicamente la calidad del espectáculo o el interés del mismo como vehículo difusor de cultura. En dichos establecimientos pueden realizarse, además, ensayos, seminarios, talleres, clases y/o cualquier actividad de carácter educativa y formativa relacionada con todas las manifestaciones tangibles e intangibles del arte y la cultura. Dichas actividades pueden ser realizadas en cualquier parte del establecimiento.

Artículo 2°.- Definiciones: A los efectos de la presente Ley se entiende por: a) “Centro Cultural” al establecimiento en que se realicen las actividades descriptas en el artículo 1°, cuya capacidad máxima es de ciento cincuenta (150) personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a los 500m2. b) “Club de Cultura” al establecimiento en que se realicen las actividades descriptas en el artículo 1°, cuya capacidad máxima es de quinientas (500) personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a los 1000m2. c) Casa de Artistas, el domicilio particular que destine un sector a la realización de actividades culturales definidas en el artículo 1°, que no superen la cantidad de 50 espectadores. d) Centro Barrial, Social y Cultural, el establecimiento que realice las actividades culturales definidas en el artículo 1°, orientado principalmente a talleres y trabajos comunitarios, y que no superen la cantidad de 50 espectadores. e) Centros Culturales y Clubes de Cultura “no comerciales” aquellos establecimientos en que se realicen las actividades descriptas en el artículo 1°, cuyos titulares sean personas jurídicas sin fines de lucro o de carácter cooperativo.

2.- Prevé expresamente las figuras de Centros Culturales y Clubes de Cultura “no comerciales” que las leyes vigentes no contemplan. Se aplica tanto a personas jurídicas sin fines de lucro (por ejemplo: Asociaciones Civiles, Fundaciones) como a cooperativas. Por su carácter “no comercial” la ley exceptúa en estos casos el pago del timbrado requerido para la tramitación de la habilitación, debiendo acreditar tal carácter mediante la presentación de inicio de trámite ante la IGJ o el INAES, es decir, no se requiere personería otorgada al momento del inicio de la solicitud de habilitación.

3.- Respecto de los excesivos costos económicos para el inicio de la habilitación que las leyes actuales requieren, esta ley prevé dos tipos de beneficios dependiendo el rubro:

- Por un lado establece que quedarán exceptuados de tramitar habilitación las “Casas de Artistas” y los “Centros Barriales, Sociales y Culturales” siempre que se hayan inscripto en el Registro de Usos Culturales y acrediten mediante declaración jurada el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo de la ley Nº 2806.

- Por otro lado los Centros Culturales y Clubes de Cultura “no comerciales” quedarán exentos del timbrado requerido para la tramitación de la habilitación, con su pertinente acreditación ya mencionada.

4.- Respecto de los plazos excesivos que el GCBA se toma para el otorgamiento de la habilitación definitiva, se establece en el art. 4 que tanto los “Centros Culturales” como los “Clubes de Cultura” quedan autorizados para funcionar con la iniciación del trámite de habilitación, con sujeción a lo que se resuelva oportunamente. Durante este lapso, los “Clubes de Cultura” no podrán exceder la capacidad de 150 espectadores. Este régimen se encuentra vigente actualmente únicamente para Teatros Independientes.

5.- Respecto de la zonificación, se incorpora al Cuadro de Usos y Categorizaciones del Código de Planeamiento Urbano, la presencia más fuerte en las zonas residenciales de los Centros Culturales y Clubes de Cultura y no sólo comerciales o de equipamiento, permitiendo incluso la realización de música en vivo y descentralizando el acceso a los bienes culturales. 

6.- En relación a la Ley de Accesibilidad Física para Todos Nº 962, actualmente cualquier local que posea una habilitación comercial previa al dictado de esta ley queda eximido de su cumplimiento por poseer un antecedente comercial. En este proyecto se establece como excepción que los Centros Culturales y Clubes de Cultura que acrediten ser “no comerciales” estarán eximidos de dicha acreditación comercial previa.

Como se puede ver, se trata de una ley estrictamente habilitatoria que contempla los nuevos modelos de gestión cultural y pretende regularizar la situación habilitatoria y facilitar las herramientas que simplifiquen el proceso y se adapten a las necesidades de los propios espacios de gestión cultural, garantizando la seguridad y control de los mismos. Se trata de una ley más flexible y abarcativa.

La elección de la Iniciativa Popular

El Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) decidió presentar el proyecto de ley en cuestión mediante el mecanismo que prevé la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su Art. 64 de Iniciativa Popular regulado por la Ley Nº 40 C.A.B.A., de manera que sean los propios agentes culturales quienes promuevan esta ley, que es tanto de los artistas como de quienes gestionan un espacio cultural o de quienes asisten como público, sin depender de padrinazgos de ninguna estructura partidaria sino de 40 mil firmas que representan el 1,5% del padrón de la ciudad en apoyo de la iniciativa para hacer de la cultura una herramienta de construcción colectiva. 

Para colaborar y firmar ingresá en www.leymeca.com.ar 

(*) Integrante de Abogados Culturales (AC)