lunes, 22 de agosto de 2016

Notas al fallo "Cepis" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

En un caso clave que marca a nivel institucional y jurisprudencialmente, el Máximo Tribunal anuló las resoluciones que disponían la suba tarifaria del gas pero acotó la clase a usuarios residenciales. Un punteo de los aspectos más relevantes de este precedente que se estudiará en las facultades de derecho.


La Corte Suprema de Justicia, en un fallo importantísimo, resolvió anular las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería que disponían el aumento de la tarifa de gas con alcance para todos los usuarios residenciales del país.

El precedente tiene un altísimo valor desde muchos ángulos: a nivel institucional, porque el Poder Judicial resolvió un conflicto de alta magnitud que involucró al Poder Ejecutivo Nacional y los usuarios del gas, es decir, todos los ciudadanos del país; a nivel jurisprudencial, porque trazó definitivamente la necesariedad de la audiencia pública previa a las modificaciones tarifarias en todos sus tramos y, además, porque sumó algunos conceptos nuevos en acciones de clase, aunque cuestionables como veremos.

La trama de la causa "Cepis" la abordamos en este blog desde sus inicios y, por eso, sobre su devenir nos remitimos a este artículo que analizó el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata y a este otro que, en concierto con otros casos en trámite, también se ocupó del mismo.

El fallo de la Corte, desde luego, se presta para una lectura pormenorizada que aquí no haremos sino que nos ocuparemos, a modo de notas, del núcleo de la decisión primero y de los aspectos más relevantes que llevaron a la adopción de la misma.

A esa tarea nos abocamos: 

El núcleo de la decisión 

La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de sus cuatro ministros, resolvió confirmar parcialmente la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata y, de esta forma, anular las Resoluciones 28/16 y 31/16 del Ministerio de Minería y Energía de la Nación que habían dispuesto la suba de la tarifa de gas natural por no haber celebrado audiencias públicas previas pero acotó la clase comprendida en la causa que, en la decisión platense alcanzaba a todos los usuarios del país, únicamente a los usuarios residenciales. 

Abordaremos, ahora, los principales argumentos para arribar a esta decisión.

1. Es necesario celebrar audiencias públicas previas para determinar modificaciones tarifarias

La Corte resalta que la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas. Se trata del derecho de los usuarios a la participación con carácter previo a la determinación de la tarifa y ello, dice el Tribunal, "constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información 'adecuada y veraz' (artículo 42, Constitución Nacional) y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno (artículo 10, Constitución Nacional) Asimismo, otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y disminuye las estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que se adoptan".

2. La audiencia pública implica todos los tramos que componen la tarifa final del gas natural 

Otro aspecto de singular trascendencia es que los cuatro ministros coincidieron en que la audiencia es para todos los tramos que componen la tarifa. Dijeron que “es razonable que hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública” (voto conjunto de Ricardo Lorenzetti y Elena Highton). En su voto, Juan Carlos Maqueda consignó que la audiencia pública debe incluir “todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución del gas natural” y Horacio Rosatti  precisó que “corresponde que el análisis del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) se efectúe conjuntamente con la revisión integral de tarifas”. 

Esto es de gran importancia dado que, sobre el tramo referido al punto de ingreso en el sistema de transporte (PIST), persistían las dudas acerca de si era necesaria la audiencia pública y la Corte las terminó por zanjar. 

3. La circunscripción de oficio de la clase alcanzada por la sentencia 

Lo que también hizo la Corte y es la principal modificación respecto a la decisión de la Cámara Federal de La Plata es que limitó el alcance de los efectos de la sentencia, como se dijo, a usuarios residenciales. 

Esto constituye una notable singularidad dado que el Estado Nacional (parte demandada) no se lo había pedido sino que la propia Corte, de oficio, limitó su alcance.

El argumento de esta circunscripción se basó en los presupuestos de procedencia de las acciones colectivas. La Corte consideró que se acreditaba "un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos" y una pretensión "concentrada en los 'efectos comunes' para todo el colectivo, es decir, la necesidad de audiencia previa" pero. más adelante, precisó que "por el contrario, el recaudo de estar comprometido seriamente el 'acceso a la justicia' -cuyo cumplimiento, según se expresó en 'Halabi', resulta ineludible para la viabilidad de una acción colectiva que tenga por objeto la defensa de intereses individuales homogéneos- no se encuentra cumplido respecto de todos los miembros del colectivo cuya representación se pretende asumir" (Considerando 12).

Traduciendo, lo que la Corte dice es que para los usuarios residenciales, por estar comprometido el acceso a la justicia, procede la acción colectiva y el Cepis era el representante adecuado de esa clase, a diferencia de los "usuarios no residenciales" donde no se encuentra comprometido el acceso a la justicia dado que, en palabras del Máximo Tribunal, "no se ha demostrado, ni resulta de manera evidente de las constancias de autos, que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente  posible en atención a la entidad de las cuestiones planteadas". 

Para señalar esto último, la Corte se remitió a su precedente "'Sociedad Rural Río V", cuya resolución fue escasos catorce días antes de la Causa Cepis. 

Esta última reflexión merece sus críticas, Por un lado, si el hecho único que genera una lesión a un pluralidad de sujetos (la falta de audiencia) se acreditó en el proceso y derivó en la anulación de las resoluciones no se entiende en qué modo dichas normas pueden ser nulas para un sector (usuarios residenciales) y vigentes para otro (usuarios no residenciales). Aquí compartimos la crítica que efectúa Francisco Verbic en su trabajo sobre el fallo. 

La decisión de la Corte, en este sentido, solo comprende a esta clase pero deja abierta la puerta a un sinnúmero de planteos individuales de usuarios no residenciales que, como se dijo, la afectación de su derecho a la participación (falta de audiencia) ya está acreditada, lo que no puede tener otra solución que decisiones judiciales análogas aunque limitadas en sus efectos a quienes las deduzcan. 

De esta forma, se pierde el ahorro de recursos humanos y materiales del sistema de administración de justicia que pueden generar las acciones colectivas al brindar decisiones concentradas sino que, en los próximos días, los tribunales se abarrotarán de amparos individuales del sector no alanzando. Ello, hasta tanto, el Poder Ejecutivo realice la audiencia pública y fije la nueva tarifa. 

4. Los criterios rectores que se deben tener en cuenta para modificaciones tarifarias

La Corte precisa que el Poder Ejecutivo es quien se encuentra habilitado para "la implementación de la política energética, que abarca la fijación de las tarifas del servicio público" pero, aclara, que es el Poder Judicial quien debe efectuar "el control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad con los derechos fundamentales".

En esa inteligencia, adelanta el Tribunal, "los criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse respecto a servicios públicos esenciales, con la expectativa de que sean asumidos en el futuro para casos similares". De esta forma, asumiendo que existe un atraso en materia tarifaria precisa las pautas que se deben respetar para la futura modificación. Señala que es "condición de validez jurídica" (con base en el artículo 42 de la Constitución Nacional) el "criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad" y, añade, que "la aplicación de dicho criterio permitiría la recuperación del retraso invocado y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual o familiar", 

También acentúa la Corte los caracteres de los servicios público que el Estado debe respetar: continuidad, universalidad y accesibilidad. A su vez, con cita de la a Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre "El derecho a una vivienda adecuada", apunta que los Estados deben adoptar "medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de la vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso".

Estos elementos, bien desarrollados por Gustavo Arballo en su artículo, adelantan las pautas que deberá respetar el Poder Ejecutivo a la hora de efectuar la futura fijación tarifaria. 

A modo de cierre

El fallo "Cepis" constituye un trascendente precedente de la Corte Suprema que ofrece claridad respecto de aspectos trascendentales en materia de los requisitos de las modificaciones tarifarias, en ese sentido, la ratificación del requisito constitucional de audiencia pública previa respecto a todos los tramos que componen la tarifa final, esto es, precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución del gas natural es muy importante de destacar.

A su vez, el Máximo Tribunal aplicó una singularidad: la circunscripción de la clase al controlar de oficio los recaudos para la procedencia de las acciones colectivas en base a la doctrina "Halabi". Esto merece sus críticas porque, como se dijo, anula una de las mayores virtudes de las acciones colectivas como es lograr decisiones concentradas que redunden en el ahorro de recursos humanos y materiales del sistema de administración de justicia. Este punto resalta la necesidad que el Congreso Nacional legisle sobre dichas acciones estableciendo su requisitos de procedencia y particularidades que hoy se basan en los criterios construidos pretorianamente por la Corte Suprema. 

Finalmente, dando pautas a futuro, el Máximo Tribunal también indicó cuales deben ser las condiciones que se deben respetar a la hora de la modificación tarifaria. Es en este último punto donde están explicitadas las bases para el camino que habrá que recorrer en esta materia. 

El fallo "Cepis" constituye una trascendente decisión de la Corte Suprema que ofrece luces y algunas sombras pero que, sin duda, será un caso de estudio en las facultades de derecho de nuestro país. 


Otros trabajos sobre el fallo Cepis

También analizaron esta decisión:

- Gustavo Arballo

- Roberto Gargarella

- Andrés Gil Domínguez

- Francisco Verbic

José Ignacio López

sábado, 13 de agosto de 2016

Bases y puntos de partida del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial bonaerense

Por Diego Exequiel Valenzuela (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho


Entendamos y queramos a la abogacía. Con franca inserción en la modernidad, esperanzados, pongamos al día su horizonte y prosigamos un largo y fatigoso camino, a fin de que trascienda sus intereses inmediatos y coadyuve al bien común...[1].

I. Introducción

El presente artículo se postula como objetivo principal, desarrollar distintos aspectos del “Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas” (en lo sucesivo, S.N.P.E), en su aplicación a la gestión del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio del cual, se busca contribuir a la eficiencia del servicio de justicia, agilizando los procesos judiciales en trámite ó a iniciarse, reducir los costos económicos que irroga el tradicional formato papel y proteger el medio ambiente, y maximizar los beneficios que las nuevas tecnologías otorgan, en pos de la comunidad jurídica.

El camino por el que los invito a transitar, nos sitúa en un principio, en una vista a la frondosa regulación normativa sobre la que se erige el S.N.P.E, la cual es extensa e inconclusa como ya veremos. Luego, Avanzaremos con el análisis de los fundamentos que impulsan la implementación del aludido sistema. Indagaremos sobre un punto medular –que ha suscitado incertidumbre en el seno de los operadores jurídicos- como es lo relativo a la carta poder para actuar en juicio y la figura del patrocinio letrado. Acto seguido, se podrá visualizar un gráfico con múltiple información sobre la temática abordada (el cual es sin dudas perfectible). Finalmente, como corolario de este camino, contaremos  con la opinión calificada de dos colegas –a los cuales les agradezco su generosa participación- siendo uno de ellos, especialista en informática y otro integrante del Poder Judicial de la citada provincia, de tal manera de contar con dos visiones ubicadas en disimiles espacios del ámbito jurídico, contribuyendo con ello, a  una comprensión más enriquecedora y global del tópico en cuestión.

Una aclaración que estimo propicio realizar, es la relativa al lenguaje a emplear a raíz de la temática propuesta, considerando que de por si presenta cierta complejidad, y sumado a que el objetivo superior es ayudar -disipando dudas y no a la inversa- se enfocara la redacción de forma sencilla y comprensible, sin perder en el camino el rigor científico requerido. Cabe decir, que lo dicho en último termino armoniza con las nuevas tendencias del Derecho Nacional e Internacional en vistas de una real comprensión de los derechos, institutos y formas jurídicas a favor del conjunto de la sociedad (vg. Código Civil y Comercial de la Nación;  XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana; etc.).

Además, siendo consciente de la magnitud de lo que este nuevo paradigma representa para la comunidad jurídica y de los innumerables supuestos e interrogantes que se pueden suscitar en virtud de su desarrollo, lejos de mi voluntad se encuentra el deseo de abordar en extenso y minuciosamente el tema, lo cual superaría ampliamente los confines que me he trazado.

II. Marco Normativo
  • Ley Nacional 25.506 (2001): Por intermedio de esta Ley el Poder Legislativo Nacional estableció la utilización de la denominada “Firma Digital”. Decreto Reg. 2628/2002, Decisión Administrativa 927/2014.
  • Ley Nacional 26.685 (2011): Por medio de esta Ley se dispuso autorizar la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Acordadas dictadas por las Corte Suprema de Justicia de La Nación 31/2011, 3/2012, 29/2012, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 43/2013, 11/2014[2].
  • Ley Nacional 26.994 (2014): El Código Civil y Comercial de la Nación, que por estos días se conmemora su primer aniversario, a raíz de su entrada en vigencia el primero de Agosto de 2015, establece en su art. 288 2° párrafo: “En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”.
  • Ley Provincial 13.666 (2007): Ley de adhesión a la Ley Nacional 25.506. Dec. Reg. 1388/08.
  • Ley Provincial 14.142 (2011): Habilita mecanismos de Notificaciones por medios electrónicos y permite la constitución de un domicilio electrónico. Modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires (arts. 40, 143, 143 bis, 144 y 148), la Ley N° 11.653 (art. 16) y la Ley N° 24.522. 
  • Acuerdo SCBA 3399/08: Experiencia piloto sobre Notificaciones Electrónicas. 
  • Acuerdo SCBA 3540/11: Reglamentación del uso de Notificaciones por medios electrónicos. 
  • Resolución SCBA 1827/12: Reglamentación del uso de Presentaciones electrónicas.
  • Resolución SCBA 3415/12: Se crea el Protocolo para Presentaciones Electrónicas.
  • Resolución SCBA 3209/13: Implementación del Sistema “Augusta” en los  Fueros Civil y Comercial, Familia, Contencioso Administrativo, Laboral y Justicia de Paz. Res. 333/2015 se extiende la aplicación del Sistema Multifueros al Fuero Penal. 
  • Acuerdo SCBA 3733/14: Dispone la obligatoriedad en el uso del S.N.P.E, salvo que existieren estrictas razones fundadas en contrario. Además, establece un cronograma de aplicación para los distintos fueros.
  • Resolución SCBA 157/15. Extensión del sistema de presentaciones en el Fuero Penal a partir del día 1º de febrero de 2016.
  • Resolución SCBA 3272/15: Postergación hasta el primero de Mayo de 2016 de la obligación de realizar en forma exclusiva las Notificaciones y Presentaciones por vía electrónica.
  • Resolución SCBA 582/16:  Vigencia y alcance del sistema de notificaciones Electrónicas. Además, se hace saber a los magistrados la necesidad de aplicar las consecuencias del art. 41 del CPCCBA, en caso de inobservancia de las partes, de constituir el respectivo domicilio electrónico en los términos que dispone el art. 40 del citado Código ritual. 
  • Resolución SCBA 707/16: Coexistencia del sistema de Notificaciones y Presentaciones electrónicas con el tradicional hasta el primero de agosto del año en curso. 
  • Resolución SCBA 871/16:: Incluir dentro del Registro Judicial de Firma Digital a quienes se encuentren inscriptos en las listas de profesionales auxiliares de la Justicia (conforme A. 2728).
  • Resolución SCBA 872/16: Por medio de esta resolución, se hacer saber a los órganos jurisdiccionales que se encuentra disponible el aplicativo informático que les permite tramitar los oficios de informes al Registro de Testamentos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires por medios electrónicos.
  • Resolución SCBA 1407/16: Establece que los Titulares de los órganos de los fueros Civil y Comercial, de Familia, Contencioso Administrativo, Laboral y de la Justicia de Paz podrán, en aquellas situaciones o circunstancias particulares que afecten el uso del S.N.P.E, a solicitud del profesional interesado de manera fundada, excepcionar la aplicación del mismo.  

En cuanto a los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil dispone mantener la coexistencia del sistema electrónico y en formato papel, para el diligenciamiento de las notificaciones y presentaciones judiciales. 

Asimismo, se incorpora la funcionalidad "Aviso de Cortesía", que consiste en un servicio diario que se encargara de enviar un mail recordatorio a los profesionales, poniendo en su conocimiento el estado de su domicilio electrónico informando la cantidad de notificaciones recibidas y de presentaciones que cambiaron su estado desde su último ingreso al Portal. Respecto de esto último, se aclara que, tal prestación no sustituye la forma en que operan las notificaciones en los procesos y procedimientos.

  • Resolución SCBA 1647/16: La Suprema Corte dispuso la coexistencia de los sistemas electrónicos y en formato papel, en razón de los reclamos efectuados por distintos operadores jurídicos, fundados en las irregularidades que se presentaban frente la obligatoriedad del sistema electrónico prescripto por la Res. 1407/16. Lo cual previamente motivo la presentación por parte del colectivo “Frente de Abogados” de una medida cautelar autónoma en el fuero Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata[3]. Asimismo, se aclara en dicha resolución, que tal medida subsistirá hasta tanto se evalúe el pertinente informe que eleve la Mesa de Trabajo, por medio del cual se expongan las sugerencias y conclusiones de los diversos sectores allí representados.  Por último, decidió encomendar a la Subsecretaria de Tecnología Informática y al Instituto de Estudios Judiciales la adopción de medidas que permitan asegurar la difusión y capacitación integral de los diversos actores que participaran del mentado sistema.
  • Continuará....

III. Fundamentos de su implementación

Si hablamos de los motivos que han impulsado, la incorporación de un abanico de herramientas tecnológicas aplicadas al servicio de justicia –y en particular de la Provincia de Buenos Aires- es dable expresar que los mismos se engloban en un conjunto de objetivos, como son el de cristalizar el denominado “Expediente Electrónico”, aprovechar al máximo la Internet, la reducción del consumo de papel (despapelización) y su consecuente protección del medio ambiente. A continuación tratare de abordar cada uno de los objetivos señalados:

a) Expediente Electrónico:
Como generalmente se piensa, ningún cambio es de un día para el otro, lo cual se aplica perfectamente a las transformaciones que se han sucedido a lo largo de la historia, en relación al modo y el soporte utilizado, por los distintos miembros de las sociedades con el fin de plasmar su voluntad. Siendo en un comienzo sobre piedras y muros (vg. empleándose la escritura Cuneiforme), luego el papiro en el Antiguo Egipto, el lienzo, pieles, pasando por el pergamino en la Edad Media, hasta llegar al papel –el cual tuvo su origen en China–  el que ha perdurado hasta nuestros días y es utilizado para innumerable actividades. Lo mismo ha acontecido respecto de las  herramientas utilizadas para escribir, desde un punzón, la pluma y la tinta, hasta las maquinas de escribir, las computadoras (PC) y dispositivos portátiles.   

Teniendo en cuenta estos últimos elementos tecnológicos, sumado a las distintas plataformas virtuales que existen, los beneficios que su implementación traerían aparejados –en términos de celeridad de los procesos y de reducción de costos- y que el ordenamiento jurídico se ha dotado de la normativa necesaria, es que se evaluó apropiado la puesta en marcha del S.N.P.E., de manera progresiva, con proyección de alcanzar -en un futuro no muy lejano- el mentado “Expediente Electrónico”.  

La reglamentación de las presentaciones y notificaciones electrónicas se da en el marco de la aplicación de nuevas tecnologías al proceso Judicial, que busca la optimización de los tiempos y la modernización del proceso. Desde la Subsecretaría de Tecnología de la Información de la SCBA, se ha trabajado con el objetivo de llegar a instrumentar un expediente totalmente electrónico, planteando su idoneidad para reducir los tiempos del proceso, brindar un mejor entorno de trabajo y mejorar considerablemente el acceso a la Justicia a los ciudadanos.

Para esto, se han ido implementando a través de pruebas piloto, los sistemas que en conjunto instrumentarían el expediente electrónico en el futuro: la Firma Digital y las presentaciones y notificaciones electrónicas, que, junto al resto de la tecnología aplicada al proceso Judicial y en un marco de gestión apropiados, apuntan a mejorar el Servicio de Justicia[4].

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el Expediente Electrónico? 
Mayor transparencia del proceso: potencia el acceso a la información.
Mayor eficiencia en el proceso: se minimiza el error humano en la carga de datos; permite la trazabilidad histórica del expediente de manera instantánea; elimina los „tiempos muertos‰ asociados al traslado físico del papel.
Mayor seguridad: resguarda la información en formato digital; firma digital que evita el posterior desconocimiento de lo firmado
Información de apoyo para la gestión y toma de decisiones: brinda la posibilidad de contar con indicadores de gestión; para un análisis contextual de la información (geográfica, jurisdiccional, etc.)

La gradual implementación de este sistema, se da en el entendimiento que la extensión de los sistemas electrónicos en relación a los órganos y entes públicos contribuye a la seguridad y eficiencia del servicio de Justicia, reduciendo notablemente los tiempos del proceso.

A partir de la modificación del Código de Procedimiento Civil, donde la Ley 14.142 instituye las notificaciones electrónicas en el Fuero civil, la Suprema Corte comienza un proyecto que excede a las notificaciones electrónicas, porque plantea el camino hacia el expediente electrónico. Esto redundará en beneficios para los auxiliares de Justicia y en lo que nosotros llamamos de “apoyo a la gestión”[5].

b) Un antes y un después. La Internet:
La forma en que hemos sido educados, en la que se transmiten desde hace años los conocimientos, en la que nos informamos y viajamos está  dando un vuelco de enormes dimensiones. La masificación de Internet ha cambiado  por completo sectores enteros de nuestras vidas, a una velocidad y con una intensidad que hace muy poco tiempo hubiera sido impensable. Algunos datos sirven para ilustrar la magnitud con la que el tsunami tecnológico está sacudiendo nuestras vidas.

En el mundo hay 1,970 millones de personas que utilizan internet, de los cuales 825 millones están en Asia (un 42%), 475 millones en Europa (24%), 266 millones en Norteamérica y 204 en América Latina y el Caribe (lo que representa el 10.4% de usuarios a nivel mundial). En el 2010 el número de usuarios de internet se incrementó en un 14%. Para 2015 se estima que habrá en el mundo 3,500 millones de usuarios de la red[6].

Es de esperar que el guarismo al que refiere, Carbonell, respecto de los usuarios de Internet haya sido ampliamente superado de lo que va de este año 2016. Pensemos que basándonos solamente en el Navegador de Internet Google Chrome, se han podido establecer las siguientes estadísticas:
Búsquedas por segundo: 63,000
Búsquedas por minuto: 3,8 millones
Búsquedas por hora: 228 millones
Búsquedas por día: 5.5 mil millones
Búsquedas por mes: 167 mil millones
Búsquedas por año: 2 billones[7].

Actualmente se calcula que la tasa de acumulación de información y conocimiento que tiene la humanidad no supera los 2 años y algunas empresas aseguran que con la llegada de lo que se conoce como "Internet de las cosas" (tendencia a que todos los objetos estén conectados a la red a través de sensores que recojan información de modo permanente) el mundo duplicará toda la información que posee cada 11 horas. En resumidas cuentas, aprender a aprender y hacerlo todos los días es el único camino para convivir en un entorno en continua mutación e implica un desafío enorme, ya que nos empuja a combatir nuestro instinto natural por las certezas. Superarlo, por tanto, ya no sólo será una cuestión de adaptación, será casi una necesidad evolutiva[8].

c) Despapelización y Medio Ambiente:
La relación que se establece entre la reducción (ó aumento como faz negativa) del consumo de papel y el Medio Ambiente, podríamos decir, que se encuadra en una relación de causalidad –causa y efecto-de tal manera, que si el uso del papel en sus distintas manifestaciones se masifica o tiende a su disminución, impacta directamente sobre el estado del Medio Ambiente. Entendido este último como “Todo aquello que rodea al ser humano, que forma su hábitat”[9]  el cual por mandato Constitucional (arts. 41, 75 inc. 22 Constitución Nacional, art. 28 Constitución de la Provincia de Buenos Aires) y Supraconstitucional[10] tenemos todos/as los/as habitantes que preservar y los Estados respectivamente.

Constituye una aspiración reconocida en nuestro ordenamiento vigente, la de procurar reducir al máximo la utilización del formato papel en los expedientes que tramitan ante las diversas reparticiones públicas[11], lo cual se materializo con en el artículo 48 1° párrafo de la Ley Nacional 25.506 de Firma Digital (Ley 13.666 en la Provincia de Buenos Aires), el cual dispone lo siguiente: “El Estado nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización”.

Para adquirir una real comprensión y conciencia sobre este tema, se puede citar el caso de la Provincia de San Luis, la cual fue una pionera a nivel nacional, al haber incorporado en al año 2009 el uso de la Firma Digital aplicada a la administración pública. 

La Firma Digital logró despapelizar por completo la esfera de la administración pública puntana, a través de distintos sistemas de expedientes, los tres poderes del Estado alcanzaron uno de los principales objetivos que planteaba en sus comienzos el desarrollo de la herramienta tecnológica, que era, justamente, agilizar la tramitación de la documentación y evitar el uso del papel, como un compromiso con el medioambiente y las generaciones futuras.

En los últimos cinco años, en San Luis se crearon 450 mil expedientes digitales, lo que deriva en la conformación de más de 3 millones de actuaciones. En virtud de ello, el Estado Provincial evitó utilizar 44 toneladas de papel, lo que significa la tala de más de 400 árboles adultos y la desaparición del oxígeno que estos producen[12].

Las estadísticas de consumo per cápita de papel se citan a menudo como un indicador del nivel de vida de un país. Desgraciadamente, también podría utilizarse como indicador de la contribución a la contaminación de las aguas, la atmósfera y el suelo; a la tala de bosques y a la generación de basura[13]Deberíamos empezar a pensar en generar menos desechos, ya que, año a año, la población de las grandes ciudades aumenta, en tanto el espacio donde dejar nuestros desperdicios se reduce. Reciclar esta perfecto, pero con eso solo no alcanza. Entre los ambientalistas circula una frase que lo resume bien: el mejor residuo es el que no se produce[14].

IV. Carta poder y patrocinio letrado

En relación a la acreditación de la representación procesal para actuar en juicio, ya sea, como abogado apoderado ó patrocinante, ha generado una serie de interrogantes desde la aparición en escena del S.N.P.E., aplicado al servicio de justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, dispone en su artículo 47 la exigencia de la presentación de poderes, a los procuradores y apoderados, en tiempo procesal oportuno –esto es-  desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder. 

Respecto de este último requisito -sobre la forma en que se deben expedir los poderes generales o especiales para actuar en juicio- la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, del Departamento Judicial La Plata, ha resuelto de manera novedosa la innecesariedad de escrituras públicas para poderes judiciales, basándose en la libertad de formas que recepta el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 284, 285, 363, 1319). Ello lo hizo en el caso, “Sciatore Diego Martin y otro/A C/ Rossini Estela Laura y otro/A S/ Daños y Perj. Autom. C/Les. ó Muerte” (La Plata, 16 de junio de 2016)[15].

Para dictar esta sentencia el órgano de alzada pondero –destacablemente- que la materia de regulación de las formas contractuales es de naturaleza sustancial, lo cual debido a que las Provincias delegaron esa facultad al Congreso Nacional (art. 75 Inc. 12 de la C.N), no pueden disponer condiciones que sean incompatibles respecto de la legislación de fondo. Asimismo, evaluó que al haberse sancionado un nuevo Código de fondo, en el que no se exige expresamente el instrumento público -para la acreditación del mandato para intervenir en juicio (arts. 1015 y 1017 del C.C.C.N.)- a su disposición ha de estarse.

Vinculado con la matriz digital, se hace alusión al “Protocolo para Presentaciones Electrónicas” -aprobado por la Resolución 3415/12 del 5/12/2012- para el supuesto caso del patrocinio letrado y la presentación de escritos. En este caso, dado que las circunstancias que preveían tales reglamentaciones se encontraban en consonancia con el derogado Código Civil, ahora las mismas deben ser entendidas al amparo del nuevo plexo jurídico vigente.

Elevando la mirada más allá de la coyuntura normativa, cabe decir, que el Anteproyecto de Código Procesal, Civil y Comercial y de Familia –que prontamente será tratado en la Legislatura Provincial- recepta en su art. 44 1° párrafo (concordante con el art. 43) la siguiente disposición: “Presentación de poderes. Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder o con el acta labrada ante el funcionario que a tal efecto designe el Colegio de Abogados de cada Departamento Judicial”. Y además, prevé que no será necesario el carácter de apoderado para la realización de actos de mero trámite.

Para finalizar este apartado, considero oportuno hacer referencia, a la polémica que se ha suscitado en torno a la existencia o desaparición del litigante por derecho propio con patrocinio letrado, desde el dictado de las resoluciones por parte del Máximo Tribunal Provincial, que establecen la obligatoriedad del S.N.P.E, colocando en franca retirada al sistema tradicional. En relación a este aspecto, se ha considerado que la Suprema Corte no podría -aun si hubiese querido- derogar la figura del litigante que comparece por su propio derecho con patrocinio letrado. Pero, además, no ha querido hacerlo. Ello queda corroborado con la propia redacción de la norma, que alude, luego de la carta poder, a la gestión del art. 48 del CPCC provincial, y a las presentaciones de mero trámite del art. 56, inc. c, de la Ley 5177. Si se mencionan estos supuestos es, indudablemente, porque la figura del patrocinio letrado no ha desaparecido[16].

V. Gráfico sobre el S.N.P.E






VI. Estadísticas del S.N.P.E

Uno de los aspectos que considero más positivos del sistema, es el hecho de poder establecer una serie de índices y estadísticas -en base a determinados parámetros preestablecidos- los cuales contribuirán a una mejor gestión del uso de la tecnología aplicada al servicio de justicia. Cabe decir, que hasta la actualidad datos de esta especie se desconocían ó al menos no se difundieron públicamente y de fácil acceso (Ej.: del uso del Sistema Augusta, de la Mesa de Entradas Virtual, etc.). El órgano encargado de la realizar las mediciones diarias es la Subsecretaria de Tecnología Informática de la SCBA y ello lo hace bajo la denominación “Apoyo a la gestión” y “tableros de control”. A continuación, les comparto el primer cuadro con estadísticas que ha publicado dicha Subsecretaria[17]


VII. Entrevistas

También entrevistamos sobre esta innovación a Alejandro Batista, Especialista en Derecho de Alta Tecnología, que se puede consultar aquí y a un funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires que prefirió mantener su nombre en el anonimato y se puede leer desde aquí.

VIII. Conclusiones

Hemos llegado al final del camino emprendido, el cual estimo que nos ha posibilitado a medida que avanzamos, contemplar  distintos aspectos –tanto positivos, como negativos– del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas en su aplicación a la gestión del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. 

La intuición me orienta a pensar que existe un importante consenso –de parte de la comunidad jurídica- sobre los indudables beneficios que implica la incorporación de las herramientas tecnológicas al quehacer diario de los distintos operadores de justicia, a lo largo de todos los departamentos judiciales que integran la citada provincia. 

Sin perjuicio de ello, al igual que la moneda con sus dos caras, la obligatoriedad impuesta por la Resolución 1407/16, tuvo como virtud evidenciar la falencias –valga el contrasentido– que obstruyen lógicamente la plena vigencia del sistema que se pretende, por cuanto existe un desconocimiento generalizado sobre innumerables particularidades que hacen a su empleo, dado en su mayoría por falta de conocimientos técnicos o de informática, por carecer de las herramientas tecnológicas adecuadas, etc., y asimismo, la deficiencias técnicas de las que adolece el propio sistema, lo cual conlleva inevitablemente a una aplicación irregular del sistema. Ello sumado, a que los avances tecnológicos tienden a generar cierto desconcierto, pues el hecho de no dominarlos y de tener que cambiar los procedimientos, modos de actuar y la forma de transmisión de conocimiento crea inseguridad y resistencia al cambio[18]

Cabe decir, que en este mundo del derecho, en el que todo es susceptible de argumentación y su color es el gris, también es cierto que el mismo anhela las reglas claras, las que contribuyan a la seguridad jurídica y que sean respetuosas de los derechos y garantías que integran el ordenamiento jurídico. 

Exteriorizo este pensamiento, porque considero sinceramente que a partir del dictado de la Resolución 1647/16 de la SCBA, el escenario ha variado y realmente puede ser sumamente alentador, por cuanto durante este lapso de tiempo, que la Mesa de Trabajo se encargue de presentar el informe ante el Tribunal cimero para su evaluación, independientemente que se esté a favor o no de la coexistencia, permitirá sin mengua efectuar los ajustes que requiere el sistema para su correcta implementación, escuchar los reclamos y/o sugerencias que emanan de parte de la colegiación y de sus matriculados, prever los mecanismo suficientes y eficaces para evacuar las consultas que puedan originarse (tanto de índole informáticas y jurídicas), programar la realización de cursos de capacitación presenciales o virtuales (con perspectiva mayormente práctica) en todo el territorio provincial, destinados a funcionarios judiciales, abogados/as, auxiliares de justicia, público en general, etc., y unificar en la medida posible, los criterios que adoptan los órganos judiciales y con competencia jurisdiccional para su aplicación, dado que por su ausencia tienden a confundir y obstaculizar la efectiva vigencia del S.N.P.E.

En mi opinión considero que es momento de aunar esfuerzos entre todos/as, por una causa que sin dudas es loable, de trabajar por un cambio de mentalidad -cuestión que no se alcanza solo con normas-, de capitalizar al máximo las inimaginables posibilidades de este siglo XXI, de la mano de Internet, de los dispositivos tecnológicos, plataformas virtuales, redes sociales y de todas aquellas herramientas potencialmente por crearse; y así confirmar, la aguda profecía de la mítica banda platense cuando decía que “¡el futuro ya llegó![19].




________________________
(*) Abogado. Nacido en la Ciudad de Cutral-Có (Provincia del Neuquén). Graduado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.
[1] Morello, Augusto M. “Los Abogados”, 2ª edición ampliada, marzo de 1999, pág. 289.
[2] Estimo apropiado aclarar, que si bien el trabajo se centra en el S.N.P.E aplicado al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, considero oportuno citar lo acontecido normativamente respecto de la Justicia Nacional.
[3] C. LP-43686, “Bassi Marina Natalia y otros c/Poder Judicial s/medida cautelar autónoma o anticipada”.
[4] Revista del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Edición XLVI, Año XVX, Abril de 2015, pág. 26. Link: http://goo.gl/YKr0SO 
[5] Entrevista al Lic. Alberto Spezzi, Subsecretario de Tecnología Informática del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Revista del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Edición XLVI, Año XVX, Abril de 2015, pág. 30. Link idem cita anterior.  
[6] Carbonell, Miguel. “Internet el mundo que viene”. Articulo consultado [on line]: http://goo.gl/so6YqE
[7] ¿Cuántas búsquedas se hacen en Google por año?. Consultado [on line]: http://goo.gl/ynOc4k
[8]¿Cuánto dura el conocimiento?. Columna de opinión, Diario La Nación. Consultado [on line]: http://goo.gl/uxmwI3
[9] Barboza, Julio., “Derecho Internacional Público”, Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1999, pág. 458 y s.s.
[10] Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo, 1972; Carta Mundial de la Naturaleza, 1982; Informe “Nuestro futuro común” Bruntland, 1987; Conferencia de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo, Río de Janeiro,1992; Protocolo de Kioto, 1997; Convención sobre el acceso a la información y la participación del público en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas medioambientales, 1998. Más información: Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA). Link: www.pnuma.org
[11] Gianini, Leandro J., “Notificaciones Electrónicas. Su implementación en la Provincia de Buenos Aires”, en VV.AA. (Roberto BERIZONCE coord.): Aportes para una justicia más transparente (Escuela Platense de Derecho Procesal. Homenaje a la memoria de Augusto Mario Morello), Platense, 2009, pp. 265-307.
[12] Cinco años de despapelización en la administración pública. Publicado por la Agencia de Noticias de San Luis. Consultado [on line]: http://goo.gl/Fnv3Ps
[13] Impactos de la producción de papel: La industria, el gobierno y los consumidores pueden tener un mejor papel.  Informe preparado por Verónica Odriozola, Responsable de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina, 1997. Consultado [on line]: http://goo.gl/JpjKFo
[14] ¿A dónde va toda esa basura?. Publicado en Revista Convivimos, N° 289, Julio 2016.
[15] L° de Sentencias Interlocutorias N° LXXII Causa N° 120272; Juzgado En Lo Civil y Comercial Nº25 - La Plata.
[16] Grillo Cioccini, Pablo A. “Breve guía para jueces y abogados sobre notificaciones y presentaciones electrónicas”. Publicado en MJ-DOC-9892-AR | MJD9892.
[17] “Estadísticas sobre el uso del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas”. Link: http://www.scba.gov.ar/servicios/estadisticasnoti.asp.
Asimismo, respecto de ello el Lic. Alberto Spezzi ha expresado que “Hay un sistema de estadísticas escalonado y centralizado, donde cada una de las bases de datos Augusta de la provincia sube sus datos y se centralizan en La Plata. Es escalonado porque está hecho de manera tal que cada Juez puede sacar sus estadísticas, y a medida que se va “subiendo” se pueden calcular estadísticas a nivel fuero, regionales, etcétera, de este modo se puede obtener una visión global de toda la provincia...”. Revista del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, ob. cit., p. 35.
[18] Nuñez, Matías S., Cap, Nicolás. “Nuevo Paradigma para el auxiliar de justicia: La firma digital y las presentaciones electrónicas”, Publicado en Ed. Errepar, sección Doctrina Laboral, año 31, vol. 30, nro. 367 (Marzo 2016), págs. 275 a 292.
[19] Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Canción “Todo un palo”, álbum Un baión para el ojo idiota, 1988.

martes, 9 de agosto de 2016

Edad de Derechos

Por María Virginia Zudaire (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho


"El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho" (1)

El humano es el único ser que tiene consciencia del paso del tiempo. Y cada vez más podemos predecir lo que esa circunstancia implica en la vida; en esta época resulta accesible abultada información respecto de la expectativa de vida y la calidad de la misma, la que en el más científico de los casos es pasible de conocimiento. Es decir, el hombre de hoy, en la era de la comunicación, puede estimar con alguna certeza que va a llegar a viejo, y aproximar incluso en qué condiciones.

Terminología

“Viejos”, “ancianos”, “adultos mayores” o alguna otra denominación, cuya adecuación analizada y justificada no tiene lugar en este artículo, hace referencia a la última etapa de la vida del ser humano.

En principio invito a advertir que se trata de una instancia a la que la mayoría aspiramos, y ansiamos poder disfrutar, a más de lo inevitable que resulta en condiciones “normales”, y por tanto, en la mayoría de los casos. De hecho, es de la esencia sociocultural actual, poner énfasis en todo aquello que nos “alargue” la vida; se asegura que si lo que se consume, la actividad que se realice, o los cosméticos que se utilicen -por dar algunos ejemplos- producen este efecto, son “mejores”.-

Sin embargo, somos pocos los que,desde el Derecho al menos, consideramos la necesidad de una rama específica que tenga como objeto este grupo etario, pretendiendo una protección especial, dadas la circunstancia particulares que atraviesan los sujetos comprendidos.

Vulnerabilidad

La cuestión en análisis se encuentra en el debilitamiento que produce el paso del tiempo en las personas, principalmente físicas o bilógicas, pero también de tipo psicológico y social. Por tales condiciones es que podemos hablar con fundamento fáctico de un grupo humano vulnerable.

Si bien es cierto y visible que el paso del tiempo se plasma en las personas (cuerpo, mente y espíritu) debilitándolas, lo que mociono hay que desterrar es la idea que esa disminución de la fortaleza, “vitalidad”, energía, propia de una edad joven, resuelva hablar de enfermos en tal que ancianos. El encomillado busca resaltar el imaginario que muestra que se es menos vivo con el paso del tiempo, como si la vida del ser humano se fuera gastando a cada paso, e incluso más rápido en el último tramo. 

Debido a tales circunstancias en las que se ven la gran mayoría de los ancianos, es que hablamos de un grupo vulnerable, y consecuente necesitado de protección especial. En tanto y en cuanto se presente esta necesidad, es que se advierte la tutela específica como un imperativo, tanto del derecho como de la sociedad toda, “cubriendo” las distintas áreas requeridas. Es decir que ante este sector de la sociedad, en principio delimitado grupo etario, aunque definido por situación social de variadas carencias, encontramos en los ancianos un grupo de débiles sociales caracterizado por personas que llegan a mayor edad con dificultades físicas (de movilidad, disminución de sentidos, etc.), y limitaciones de este y otro tipo (social) para ejercer sus derechos, por ello, de vulnerabilidad especial.

Ante tal panorama, de realidades que jurídicamente aparecen en igualdad, equiparando adultos mayores a adultos jóvenes, y ante un sujeto anciano, al cual la vejez no le trajo aparejada incapacidad, pero si lo ha debilitado en algún grado, surge una nueva rama, el Derecho de la Ancianidad.-

Ello mentado por operadores jurídicos inquietos por estas falencias. Pocos en nuestro país, por cierto, aunque movidos intensamente por tales convicciones. Así, en virtud de incansable labor, Argentina adhiere a la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 15 de Junio de 2015 (fecha declarada “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” por la ONU tres años antes).

En este instrumento, primero en su especie, de valor jurídico vinculante para los Estados firmantes en materia de Derechos Humanos de adultos mayores, se declara la protección de los derechos que se enuncian, a saber:

  • A la igualdad y no discriminación por razones de edad.
  • A la vida y a la dignidad en la vejez.
  • A la independencia y a la autonomía.
  • A la participación e integración comunitaria.
  • A la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.
  • A no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • A brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
  • De la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.
  • A la libertad personal.
  • A la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información.
  • A la nacionalidad y a la libertad de circulación.
  • A la privacidad y a la intimidad.
  • A la seguridad social.
  • Al trabajo.
  • A la salud.
  • A la educación.
  • A la cultura.
  • A la recreación, al esparcimiento y al deporte.
  • A la propiedad.
  • A la vivienda.
  • A un medio ambiente sano.
  • A la accesibilidad y a la movilidad personal.
  • Derechos políticos.
  • De reunión y de asociación.

Estableciendo protección también ante:

  • Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
  • Igual reconocimiento como persona ante la ley.
  • Acceso a la justicia.

En esta oportunidad de análisis, dadas las últimas novedades legislativas internas, tomo para profundizar, el Artículo 17, que reza:
Derecho a la seguridad social. Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna. Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social. Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante. Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional”.
Aquí se plasma el sentido y fundamento de los beneficios previsionales. Aquí encontramos justificativo suficiente para defender el acceso a jubilación o retiro en función de la edad. Aquí entendemos claramente el motivo del esmero por un haber pasivo justo. 

La nueva Ley 27.260 (mal) llamada de “reparación histórica”, no se muestra  inspirada en estos principios.  Al menos no fielmente. Al menos no su espíritu. 

A modo de resumen, me refiero a tres (o cuatro) puntos claves: 
El pago de reajustes propuesto es restrictivo en cuanto a los sujetos legitimados (excluyendo a jubilados que perciben haberes mínimos y a beneficiarios de renta vitalicia).-
Igualmente en cuanto al monto, ya que el índice a aplicar acarrea un desmedro del derecho que le asiste y al cual hasta hoy accede en instancia judicial.-
Se advierte incertidumbre en la cuantía de los fondos que afrontarán tales erogaciones, al vincularlos directamente con el “fondo de garantía” creado por la misma norma.-

Como corolario, la nueva “Pensión Universal para el Adulto Mayor” no difiere en mucho de la ya existente, y vigente, “Pensión no contributiva a adultos mayores”. Si bien mejora las condiciones, no es una innovación que signifique la creación de un nuevo instituto.-

¿Aspectos positivos del programa? Los tiene, y no faltará oportunidad para que los ponga de resalto. En esta ocasión, encontré interesante advertir la paradoja de poner en paralelo este nuevo régimen, con el primer aniversario de la adhesión al hito del siglo en la materia, que fue la Convención. (Y otra vez el tiempo, determinándonos… un aniversario, un siglo…).

Así las cosas, y con mucho por delante en el análisis y propuestas para la protección de los derechos de los ancianos, mis dichos de hoy persiguen elevar el tema, al menos a la agenda jurídica y me animo a ser más pretenciosa y despertar el interés de algún/os colega/s.-


(*) Abogada relatora de la Subsecretaria Administrativa en materia Previsional y Derechos Humanos. Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.
(1) Borges, Jorge Luis, Otras inquisiciones (1952).

domingo, 7 de agosto de 2016

Las tres causas y sentencias claves en materia de tarifas de gas y electricidad

Uno de los temas más candentes de la actualidad política y judicial son los aumentos en las tarifas de servicios públicos de gas natural y electricidad. Una descripción de las tres causas claves por sus efectos que se encuentran en trámite y próximas a la Corte.


Gran parte de la atención pública está puesta en el conflicto judicial sobre las tarifas de gas y electricidad, por sus efectos en la economía domestica de la inmensa mayoría de los argentinos. Este tema, se ha impuesto en la agenda de los medios de comunicación con mucha potencia pero muchas coberturas no fueron precisas respecto a las implicancias de las decisiones judiciales en cuestión.

Trataremos, a través de estas líneas, de aclarar el panorama respecto a las sentencias y efectos en las causas más importantes contra el aumento en las tarifas de gas y electricidad que se encuentran en este momento en trámite. 

Sobre el punto, cabe adelantar que hoy hay tres causas cuyos fallos tienen un alcance colectivo de gran escala, ellas son, "Cepis", contra el aumento de la tarifa de gas, "Abarca" y "Fernández", contra el aumento en la electricidad.  Las describiremos en lo que sigue. 

Causa Cepis

La causa lleva el nombre abreviado de la Asociación Civil que la promovió: el Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y se trata de una acción de amparo, iniciada el 7 de abril de este año, contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con el objeto de “requerir ante V.S. en forma urgente, garantice el derecho constitucional a la participación de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y en forma cautelar ordene suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario previsto por la resolución 28/16 de dicho Ministerio, hasta tanto se haya dado efectiva participación a la ciudadanía”, en la Justicia Federal de La Plata. 

Sobre el devenir de esta causa hicimos un resumen en este artículo del blog y otro en Derecho Para Innovar que salió publicado unos días atrás. No obstante, aquí precisaremos que esta causa  recayó en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo de Alberto Osvaldo Recondo, quien aceptó, el 15 de abril, la pretensión como "acción de clase colectiva" y ordenó la inscripción del proceso en el Registro Público de Proceso Colectivos, creado por la Acordada 32/2014 de la Corte Suprema de Justicia. 

En aquella decisión el magistrado consideró, por un lado, que era una acción colectiva en estos términos: "se trata esta de una pretensión dirigida a derechos individuales homogéneos, toda vez que existe “un hecho único -la normativa en cuestión- que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales (conf. 'Halabi Ernesto c/ PEN' Fallos 332:111 y 'PADEC c/ Swiss Medical SA s/ Nulidad'), por lo que corresponde declarar formalmente admisible la acción colectiva" y, por el otro, que el Cepis era una persona legitimada con base en el objeto social de la asociación y el principio pro actione. Asimismo, como se dijo, ordenó darle publicidad suficiente a través de la inscripción en el Registro Público de Proceso Colectivos de la Corte Suprema.

De esta forma, la Causa "Cepis" se convirtió la primera en ser inscripta en el referido registro y diversos jueces federales del país comenzaron a remitir sus causas a La Plata en virtud de esta inscripción. 

El magistrado de primera instancia, al momento de resolver el fondo y en una curiosa decisión judicial, señaló que las resoluciones tenían un vicio por cuanto no se habían realizado las audiencias públicas previas a la suba de las tarifas gasíferas y, con base en ello, ordenó al Poder Ejecutivo Nacional la realización de las mismas pero, sin embargo, rechazó el amparo. 

Al llegar a la Sala II de la Cámara Federal de La Plata vino el fallo que sacudió las noticias nacionales. Allí, con el voto los jueces César Álvarez, Leopoldo Schriffrin y Ángela Olga Calitri, resolvió anular las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía de la Nación que disponían el aumento tarifario del gas natural con alcance para todo el país por no haber realizado la audiencia pública previa. 

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería, presentó un recurso extraordinario federal contra la referida sentencia. 

La primera discusión que se presentó era si la sola interposición del recurso extraordinario suspendía los efectos del fallo. Sobre dicho punto, el 15 de julio pasado, la cámara platense consideró que no. La segunda cuestión, con mayor entidad, era referida a los efectos de la concesión de referido recurso y, sobre esta última, se resolvió -dos votos contra uno- por el efecto devolutivo (no suspensivo), el pasado 4 de agosto.

De esta forma, la anulación de la suba de la tarifa del gas natural quedó vigente para todo el país hasta que la Corte Suprema revuelva el fondo o tome, previamente, alguna decisión en contrario respecto del efecto con que concedió el recurso extraordinario la Cámara Federal de La Plata.

Causa Abarca

Se trata de otra acción de amparo, también en la Justicia Federal de La Plata, iniciada por un grupo de diputados bonaerenses del Frente para la Victoria contra el aumento en la tarifa de la electricidad, encabezados por el actor que bautiza la causa: Walter Abarca, un legislador oriundo de Saladillo.

Dicho proceso, también iniciado como pretensión colectiva de alcance en toda la provincia de Buenos Aires, tuvo la adhesión del Defensor del Pueblo bonaerense, Marcelo Honores, lo que cubrió la legitimación con la extensión pretendida por los actores. 

Los accionantes, en el amparo, también pedían una medida cautelar que suspenda los aumentos en las tarifas. Antes de resolver esa pretensión el titular del Juzgado Federal de La Plata N° 2, Adolfo Gabino Ziulu, el 9 de junio, dispuso que, pese a encontrarse cuestionada por la contraparte la legitimación de los actores para reclamar en representación de un colectivo de consumidores y usuarios afectados por las medidas, aspecto que precisó resolverá al momento de dictar sentencia de fondo, ordenó que se inscriba la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema. Dicha anotación, paso clave en procesos colectivos, se materializó el 14 de junio pasado. 

Luego de ello, el magistrado rechazó, en junio pasado, decretar una medida cautelar que suspenda los aumentos tarifarios en la electricidad para todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires. 

La noticia fuerte llegó cuando, el 7 de julio pasado, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces Álvarez y Schriffrin, modificó la decisión del juez Ziulu y ordenó por el término de 3 meses la suspensión de las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación nº 6/2016 y 7/2016 y la Resolución del ENRE 1/2016 para el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires. Entre los fundamentos para otorgar la suspensión cautelar los jueces señalaron la necesidad de la realización de audiencia pública previa a la modificación tarifaria.

Cabe precisar, a su vez, que el mandato cautelar suspende las resoluciones dictadas por autoridad nacional (Ministerio de Minería y Energía y ENRE) en todo el ámbito bonaerense pero, por obvias razones, no alcanza las resoluciones dictadas por la autoridad provincial en el ámbito de su propia competencia. Es decir, para clarificar, las cuestiones tarifarias eléctricas que dependen del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. 

El Poder Ejecutivo, como era de preverse, también presentó recurso extraordinario federal. Al igual que en "Cepis" se resolvió que mera interposición no suspendía los efectos de la sentencia y, luego, se lo concedió, el pasado 4 de agosto, con efecto devolutivo (no suspensivo) con los votos de los jueces Álvarez y Schiffrin. 

De esta forma, el expediente llegará en los próximos días a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Causa Fernández

La última de las causas clave es "Fernández, Francisco y otros" que tramita en la Justicia Federal de San Martín. Se trata de una acción de amparo de un grupo de ciudadanos de la localidad de Tres de Febrero junto al Cepis -la asociación de la causa por gas en La Plata- contra las resoluciones que dispusieron la suba de la tarifa eléctrica, solicitando su suspensión para todos los usuarios de la mencionada localidad. 

En la causa también se presentó la Asociación Consumidores Argentinos, amplió demanda y solicitó se extienda la clase afectada a todos los usuarios del servicio eléctrico del país. 

En este proceso, la titular del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, Martina Forns, decretó una medida interina que suspende la Resolución N° 1/16 del ENRE y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista Eléctrico (Cammesa), que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario, respecto de todas las distribuidoras del país hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública. 

La magistrada, a su vez, ordenó la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella se materializó el pasado 3 de agosto. 

El trámite de esta causa, a comparación de las otras, es la de menor evolución procesal. Ahora el Estado deberá contestar el informe previsto en la Ley de Medidas Cautelares Contra el Estado y, recién allí, la jueza resolverá si mantiene o no el freno al aumento. No obstante, cabe aventurar que, de las propias consideraciones de la jueza Forns al momento de dictar la medida interina, es altamente posible que mantenga el freno al aumento de la tarifa eléctrica en todo el país y el destino pase a la arena de la Cámara Federal de San Martín.

Extra: Causa Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza

Se trata de una acción declarativa, iniciada en el Juzgado Federal de San Rafael por el Secretario de Servicios Públicos de la provincia de Mendoza y los Intendentes de las ciudades de General Alvear, Malargüe y San Rafael, en representación de los ciudadanos del Sur de la Provincia contra las resoluciones que dispusieron la suba de tarifa del gas natural. 

El juez Eduardo Puigdéncolas, el 31 de mayo pasado, decretó una medida cautelar que, por seis meses, suspendió las resoluciones en cuestión para los usuarios de Distribuidora Gas Cuyana S.A.

Es en esta causa y contra esa decisión que el Ministro de Minería y Energía, Juan José Aranguren, presentó el recurso de salto de instancia, más conocido como per saltum. Para llevar el asunto desde el Juzgado de San Rafael directo a la Corte Suprema. 

El 12 de junio, la Corte pidió informes al Poder Ejecutivo sobre aspectos sociales y económicos de las tarifas de gas. El máximo tribunal solicitó datos sobre la evolución tarifaria y el impacto de los aumentos. Ello, a los efectos de analizar si acepta el per saltum. 

Posteriormente, en sede del Juzgado, el Intendente de General Alvear solicitó la ampliación de la demanda respecto a los usuarios de Gas del Sur S.A. y el magistrado, el 24 de junio, hizo lugar al pedido e hizo extensiva la medida cautelar suspensiva decretada, respecto a esos usuarios. 

En esta causa también habrá pronunciamiento de la Corte Suprema aunque no se puede aventurar si aceptará o no el per saltum para entrar a analizar la medida cautelar. 

A modo de cierre

Hemos efectuado un breve repaso por las que constituyen, desde nuestra mirada, las tres causas clave en materia de tarifas de gas y electricidad en todo el país. Ellas no son las únicas, desde luego, hay miles de causas diseminadas por todo el país con diverso estado procesal pero esta triada que hemos seleccionado se basa en los alcances de las sentencias y, en los primeros dos casos, su proximidad a una decisión de la Corte Suprema de Justicia que, seguramente, marcará la suerte del aumento tarifario y el sendero para el resto de los procesos del país. 

En las causa "Cepis" existe una sentencia de fondo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que anuló la suba de tarifas de gas con alcance en todo el país, en la causa "Abarca" hay una medida cautelar de mismo tribunal que suspende, por tres meses, la suba de la tarifa de electricidad para todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires. 

Estas causas, cuyas decisiones están vigentes hasta el momento, está en camino a la Corte Suprema donde se espera su inminente resolución. 

En la causa que completa la triada -Fernández- la titular del Juzgado Federal N° 2 de San Martín decretó una medida precautelar que suspende el aumento de la tarifa eléctrica para todas las distribuidoras del país. Como se dijo, esta es la más incipiente desde el punto de vista procesal pero muy potente en su alcance. Habrá de esperar las novedades de los próximos días. 


También cabe la mención a "Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza", la causa donde una medida cautelar suspende la suba de la tarifa del gas y en la cual el Poder Ejecutivo presentó el per saltum que motivó el pedido de informes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través de este artículo se ha tratado de dar cuenta de estos importantes procesos que, sin duda, marcarán la agenda político-judicial de los próximos días. Se espera, en lo que sigue, una decisión del Máximo Tribunal del país para definir, por un lado, la suerte de la suba tarifaria pero, también y desde otro ángulo, la posibilidad que aporte nuevos elementos respecto a la construcción jurisprudencial de las acciones colectivas, la legitimación y sus efectos. Seguiremos atentos las próximas novedades.

José Ignacio López