sábado, 14 de junio de 2014

Rincón Bomba 1947: Los crímenes de lesa humanidad contra pueblos originarios en el Impenetrable

Por Claudia C. Canteros (*)
Invitada Especial en Palabras del Derecho

Hace 67 años tropas de la Gendarmería Nacional produjeron una masacre de aborígenes de las etnias toba, pilagá y wichi en lo que hoy es la provincia de Formosa. La "Masacre de Rincón Bomba", nombre adoptado por la localidad donde ocurrieron los sucesos, no es lo suficientemente conocida en el país. En la actualidad, la Justicia Federal investiga los hechos como posibles crímenes de lesa humanidad de los cuales el Estado Nacional sería responsable. La historia de un silencio de varias décadas.


Hace días me da vueltas en la cabeza la idea de apuntar sobre algo que tomé conocimiento hace poco: ¿Qué pasó en Rincón Bomba hace 67 años?

En principio habría que saber que es una localidad que no aparece en el mapa de la provincia de Formosa, sólo encontramos a la ciudad de Las Lomitas, a 298 kilómetros de la capital provincial. Según información recolectada, la historia que nos interesa comienza en El tabacal, San Martín, Salta, cuyo propietario era Robustiano Patrón Costas. Allí, a un grupo de aborígenes, pilagás, mocovíes, y wichís les habían prometido trabajo bien pago, lo que en Pozo del Tigre y en Campo del Cielo ya no le daban. Por eso decidieron cargar sus enseres y así, enfermos y hambrientos llegaron a El Tabacal, para que sus vidas mejorasen.

Con el arribo, sólo encontraron frialdad y la posibilidad de un jornal mucho más reducido que el prometido. Así iniciaron una protesta tímida, que no dio resultado. Insistieron, los despidieron y echaron del lugar. Se dirigieron de esa forma nuevamente a Las Lomitas, a pie. Otra vez, recorrer esos kilómetros para finalizar su derrotero en Rincón Bomba. 

Debemos tener presente que la provincia de Formosa recién alcanza ese status en el año 1955, por lo que para 1947 formaba parte de los Territorios Nacionales, cuya jurisdicción pertenecía a la Gendarmería Nacional y a la Policía de Territorios Nacionales.

Continuando con el relato, encontramos a dos personajes cuya intervención fue significativa. El cacique Nola Lagadick y el cura Luciano Córdoba, pidieron ayuda a la comisión de fomento de Las Lomitas y al escuadrón 38 de Gendarmería Nacional. Les dieron yerba, azúcar y ropa pero días más tarde la actitud estatal fue más renuente. 

Los pilagás entonces intentaron viajar a Buenos Aires a fin de entrevistarse con el mismo presidente Perón para que sepa que fueron engañados en Salta, y que se encontraban con hambre y enfermos.

El presidente, a través del Ministerio del Interior, envió tres vagones de ropa, alimentos, medicamentos y colchones, que llegaron en mal estado. Lo que ocurre después es bien conocido, intoxicación en varios de ellos, y posterior muerte por el consumo de esos alimentos.

En otra escena encontramos a los vecinos de Las Lomitas quienes, asustados por el rumor que los pilagás atacarán el pueblo, decidieron apoyar a los efectivos de Gendarmería para “proteger al pueblo del malón que se avecinaba”.

El “enfrentamiento” encontró en estado de total indefensión a la comunidad pilagá, que se dirigía hacia Las Lomitas para intentar nuevamente un llamado a las autoridades locales con sus necesidades.

Las órdenes del escuadrón son: no dejar escapar a nadie, no deben quedar testigos de la matanza, porque esto nunca sucedió.

El resultado es el infierno en Rincón Bomba: entre cuatrocientos a quinientos cadáveres en un círculo de no más de doscientos metros de diámetro, además de los heridos y más de doscientos desaparecidos. A ello se suma los más de cincuenta muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños, elevan las bajas a más de 750 entre niños, ancianos, mujeres y hombres.

Ese no es el final de la historia, porque después se inició la persecución de los que quedaron vivos, algunos intentaron dirigirse a Pozo del Tigre, otros para Campo del Cielo.

La investigación judicial

En el año 2005 se inició una causa judicial por estos hechos, actualmente en trámite ante el Juzgado Federal n° 1 en Formosa y que en sus comienzos fuera dirigida por el juez federal Marcos Bruno Quinteros. El expediente se funda en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que habrían sido perpetrados por tropas de la Gendarmería Nacional entre el 10 de octubre al 5 de noviembre, aproximadamente, del año 1947. 

Por la misma, se solicitó "la indemnización, por la cantidad de pesos que el señor Juez Federal se sirva presupuestar, de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica, a favor del pueblo de argentinos de etnia Pilagá, en razón de la llamada “Matanza de Rincón Bomba”.

El que fuera titular de Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, dijo a la agencia Télam que el Escuadrón 18 de Lomitas prestó "total colaboración" desde el inicio de la investigación por el trágico hecho. "La fuerza prestó y presta total colaboración a la justicia porque investiga un hecho histórico que hay que sacar a la luz", señaló Schenone.

La presentación ante la justicia se funda en los principios jurídicos de la "imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad", similar a la interpuesta, ante el Juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Carlos Skidelsky por la "Masacre de Napalpí" del 19 de julio del año 1924. 

El fiscal federal instructor, Arístides Fernández Bedoya, efectuó requisitoria instructiva formal y solicitó al juez federal, que llame a indagatoria a los victimarios de la masacre. Entre ellos aún con vida hay un ex juez Federal de Formosa y Camarista de Chaco, miembros de la Fuerza Aérea Argentina, miembros de Gendarmería de la época. El juez ordenó el llamado a indagatoria, en razón de la edad de los presuntos responsables que actualmente están con vida. 

Con respecto a los imputados, el fiscal afirma: “podemos decir que contamos con la documentación necesaria y pudimos probar con el grado de sospecha necesario la inculpación de los involucrados, pero por la época es muy poca la gente que queda con vida".

Son 28 personas imputadas de los cuales 6 se tiene la certeza que están con vida por lo que solicitaron al Juez que los llame a indagatorio por delitos de lesa humanidad.

Según afirman los abogados que representan a la Comunidad Pilagá, el genocidio se ha extendido en el tiempo, porque los pobladores continúan con temor a contar lo ocurrido hace 67 años y, peor aún, cada vez quedan menos para relatar el horror. 

Es muy importante remarcar que este suceso no pertenece a la Historia impartida en las escuelas formoseñas, no está documentado de manera sistemática y la información que se encuentra, pertenece a los sitios de internet, en su mayoría periodísticos, que tomaron algunos testimonios para volcarlos en una crónica. 

Celebro la valentía y el coraje de estos abogados que decidieron iniciar una acción reclamando indemnización y también la determinación de la verdad histórica para este pueblo que fue el primer habitante de esta tierra. 

Y quiero dedicar este artículo a Seecholé, la abuela pilagá que narró sus infortunios en el documental “Octubre Pilagá” (dirigido y guiñado por Valeria Napelman) cuya muerte debemos lamentar los formoseños y los argentinos todos, hace un mes.

(*) Abogada formoseña graduada en la UNLP. 

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