Día del abogado y abogada víctimas del terrorismo de Estado

Por Agustina Pilar Cuerda (*)

Invitada Especial en Palabras del Derecho

Cuenta Carlos Bozzi que la tarde del 6 julio de 1977, el abogado laboralista Norberto Centeno, acompañado de Ernesto Tomaghelli, regresaba a su estudio jurídico situado en el centro de la ciudad de Mar del Plata.

Al cruzar la avenida Luro, un grupo de uniformados se abalanzó sobre el doctor Centeno al grito de: "Alto, Ejército Argentino". Fue la última vez que lo vieron con vida. Apareció muerto cuatro días después. Once personas, entre ellas seis abogados laboralistas, fueron secuestradas y desaparecidas: Norberto Centeno, abogado (asesinado), Salvador Manuel Arestín, abogado (desaparecido), Raúl Hugo Alaiz abogado, (desaparecido), Camilo Ricci abogado (sobreviviente), Carlos A. Bozzi abogado (sobreviviente), Tomás J. Fresneda abogado (desaparecido), María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda –(Embarazada de cuatro meses) desaparecida, Néstor Enrique García Mantica desaparecido, María Esther Vázquez de García (esposa del anterior) desaparecida, José Verde (ex secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense Mar del Plata) sobreviviente y esposa del anterior, sobreviviente.

Norberto Centeno fue autor de la Ley de Contrato de Trabajo y socio de Jorge Candeloro quien fuera miembro de la Asociación Gremial de Abogados, una organización importante en la defensa de presos políticos durante la dictadura de Alejandro Lanusse. Candeloro fue secuestrado en Neuquén y llevado a Mar del Plata.

A raíz de estos hechos la Federación Argentina de Colegios de Abogados, instituyó el día 6 de julio como el día del abogado víctima del terrorismo de Estado y en consonancia con ello, la Asociación de Abogados Laboralistas estableció el día 7 de julio como el Día del Abogado Laboralista.

 Las estimaciones en relación a la distribución de los desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar en razón de su profesión u ocupación, demuestran que la composición social fue en su mayoría de trabajadores, obreros industriales y de servicios públicos. Lo que nos invita a pensar que la violencia desatada contra determinados actores sociales que cumplen un rol superestructural, debe ser analizada desde la perspectiva de control de la sociedad. No en vano Eduardo Luis Duhalde definió al Estado terrorista como un proyecto estratégico de diciplinamiento social para reestructurar la sociedad argentina sobre nuevas bases. El secuestro, asesinato, desaparición y exilio de abogados y abogadas responde a la necesidad de eliminar a aquellos que se preocupaban y ocupaban por la defensa de los derechos de los más oprimidos: los trabajadores, los privados de derechos, los desprotegidos. Y que no solo ejercían un rol social desde su profesión, sino que en su mayoría eran militantes políticos, estaban comprometidos con los destinos de la sociedad que habitan integrando activamente partidos políticos, gremios, organizaciones políticas y armadas de la época. Eran abogados y abogadas que entre otras cosas interponían acciones de Habeas Corpus, defendían el derecho a Huelga, exigían mejores condiciones laborales, denunciaban abusos frente a las empresas que dicho sea de paso, aun hoy el poder judicial adeuda establecer sus responsabilidades en el entramado de terror.

Esta deuda como tantas otras, que podrían conceptualizarse en la democratización de la justicia simboliza la necesidad de continuar el camino de esos más de 120 abogados y abogadas que por defender a los trabajadores y apoyar sus luchas fueron víctimas en aquellos años de la mas furiosa dictadura cívico-militar, pero que han dejaron como legado el ejemplo de sus valores y el compromiso social en la búsqueda de la verdad.

(*) Abogada (UNLP)