El intenso año de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Con el comienzo de la feria judicial de enero se cerró un ciclo que contuvo trascendentes pronunciamientos: aborto, vivienda digna, acceso a la información pública y ley de medios, entre los destacados.

Al cierre de un año judicial que tuvo un fuerte ritmo y gran variedad en los temas, conviene efectuar un repaso de los principales fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las distintas materias de relieve 

 

Aborto no punible: entre los primeros pronunciamientos del año, la corte dictó sentencia en el caso “F.A.L.” (Fallos 335:197) donde precisó los alcances del Art. 86 referido a las situaciones en las que el aborto no se considera sujeto a pena.  En dicho fallo sostuvo que la interrupción del embarazo no es punible en los casos provenientes de toda clase de violación e independientemente de la capacidad mental de su víctima. Además, los jueces precisaron una serie de requisitos para evitar la judicialización permanente de este tipo de casos, en esa línea exhortaron a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar protocolos hospitalarios que den pautas de cómo se debe actuar frente a estos casos.
Este fallo tuvo inmensa importancia porque se esperaba de hacía un largo tiempo  un posición del Máximo Tribunal sobre este punto.

Derecho a la vivienda digna: allá por abril, la corte cumplió con otra deuda histórica al pronunciarse sobre el artículo 14bis de la Constitución Nacional, el cual contiene, entre otros derechos, el de gozar de una vivienda digna.  En el caso “Q. C., S.” (Fallos 335:452), los supremos establecieron los estándares básicos de interpretación del mencionado derecho y, como contrapartida, las obligaciones que los estados deben cumplir para garantizarlo en casos de personas en situación de “extrema vulnerabilidad”.
El caso se trataba de una mujer boliviana, Sonia Yolanda Quisbeth Castro y su hijo menor quién padece una discapacidad motriz derivada de una encefalopatía crónica. La mujer prestaba servicios en un taller de costura pero tiempo después del nacimiento de su hijo,  ambos quedaron en situación de calle desde que se les terminó el subsidio para vivienda que les otorgaba la Ciudad de Buenos Aires, normalmente concedido por tiempo limitado de diez meses. Fue en esa situación, viviendo a la intemperie en las calles Brasil y Pichincha, cuando recibieron la asistencia la Defensoría Oficial del Poder Judicial de la Ciudad, que llevó su caso a la justicia.
La CSJN, con base en la Constitución Nacional y su par porteña, así como en las normas de protección de las personas con discapacidad, sentenció ordenando al gobierno de la Ciudad para que garantice una “solución habitacional”.

Ley de Glaciares: El Máximo Tribunal, en el mes de julio, puso en vigencia de la Ley de Glaciares al revocar las cautelares que frenaban su aplicación. En el caso “Barrick Exploraciones Argentinas” (Expte. B.140.XVLII), la corte consideró sobre las cautelares que no constituían “un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia”. Las medidas precautorias habían sido solicitadas por las mineras Barrick Gold, Exploraciones Mineras Argentinas y por la Asociación Obrera Minera Argentina y habían sido admitidas por la Justicia Federal de San Juan.

Declaración de inconstitucionalidad de oficio: en noviembre,  el Cimero Tribunal se volvió a pronunciar en la saga de la doctrina que admite la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma de oficio. En el caso “Rodríguez Pereyra” (Expte.R. 401.XLIII), la corte afirmó su doctrina que había comenzado con “Banco Comercial de Finanzas” y continuada en “Mill de Pereyra”, sosteniendo que los jueces en el marco de su jurisdicción pueden declarar desde la inconstitucionalidad de leyes federales, nacionales o locales, decretos, así como de resoluciones administrativas y actos jurídicos aunque no existiera petición de las partes.

Acceso a la información: también en el mes de noviembre, el Máximo Tribunal dictó un pronunciamiento sobre información pública. En el caso “Asociación por los Derechos Civiles” (Expte.  A.917.XLVI) confirmó la sentencia que ordenó al PAMI que brinde información sobre su presupuesto publicitario a una organización no gubernamental. Además, previo a dictar esta sentencia, se había celebrado una audiencia pública para debatir el tema.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: De todos los temas, el que sin duda despertó el mayor interés de la opinión pública y de los distintos sectores políticos fueron los casos relativos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En este punto, la corte emitió varios pronunciamientos de los cuales dos son los que tuvieron mayores implicancias. En mayo, los jueces supremos determinaron que la cautelar que suspendía la aplicación del artículo 161 de dicha norma para el Grupo Clarín tenía vigencia hasta el 7 de diciembre de 2012. (Caso "Grupo Clarín" Fallos 335:705)
Un día antes del vencimiento de la medida precautoria, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal extendió su vigencia hasta el dictado de una “sentencia definitiva”, lo que originó que el caso, "Grupo Clarín" (Expte. G.1156.XLVIII), llegue nuevamente a la cúspide del Poder Judicial, y allí, en una sentencia reciente consideraron que la medida se debía extender dado que la causa se encuentra "en una etapa próxima al dictado de la sentencia de fondo". No obstante, también ordenaron a la cámara "se expida dentro de la mayor brevedad posible" para resolver la cuestión.

Así las cosas, el año que se va tuvo un interesante ritmo judicial y el año que se aproxima también promete captar las miradas públicas sobre el actuar de la justicia nacional.

José Ignacio López.-